Va fiscal del estado, Miguel Ángel Pech Cen, por 4 ex funcionarios hasta donde se esconden

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Miguel Ángel Pech Cen.

Hace algunas semanas, el fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, emocionó a todos los quintarroenses con la noticia de que un juez de control había liberado 16 órdenes de aprehensión contra funcionarios que incurrieron en desfalcos y daños al patrimonio de la entidad, cifra que crecería porque aparecían más y más irregularidades; ahora, de nueva cuenta, el mismo Pech Cen reveló que son cuatro los ex funcionarios los que están en esa situación, en específico los relacionados al caso de las juntas laborales, donde se conoce, se perpetraron robos y despojos a empresarios por medio de falsas demandas de trabajadores inexistentes.

Aunque el fiscal se reservó los nombres de los indiciados para los cuales existen órdenes de aprehensión, aseguró que los irán a sacar desde debajo de las piedras donde se esconden, pues les siguen la pista hasta Ensenada, BC, en el Estado de México, en Mérida y hay algunos rastros inclusive que los llevan a Miami, Florida, donde los ex funcionarios se trasladaron con el fin de despistar a la justicia.

Miguel Ángel Pech Cen reconoció que hasta el momento no existen detenidos, porque todo lleva un proceso, incluso, señaló que los ex funcionarios tienen “la lana” -ummm ¿de dónde la sacarían?- para gastar en abogados y defenderse de las acusaciones, por lo que a esta novela le faltan muchos capítulos de suspenso. ¡Mientras, uno aquí, comiéndose las uñas!…seeeee.

Que dice el magistrado que siempre no

Sin embargo, no es por aguadarle la fiesta mi estimado lector, perooooo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero, negó existan órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la pasada administración, que presuntamente incurrieron en desfalcos e irregularidades contra el patrimonio.

Y es que con el nuevo sistema de justicia penal, la orden de aprehensión es el último recurso, salvo que se trate de delitos graves, por lo que, a lo mucho, hasta el momento, sólo han comparecido los indiciados en los casos denunciados. Eso, porque ahora todo mundo es inocente, hasta que le demuestren lo contrario y al parecer aún no le comprueban nada a los ex funcionarios. Ufffffff.

Además, ahora el sistema penal favorece la reparación del daño, por lo que antes de pisar una cárcel, los “indiciados” tienen oportunidad de “resarcir” los estragos que dejaron durante su paso por la administración pública, antes que cumplir una condena en la cárcel.

El magistrado presidente del TSJE detalló que antes se giraba la orden de aprehensión sin que se te citara, pero ahora, cuando se pide un primer acercamiento, se manda a citar ante el juez, si la persona no se presenta se le manda orden de comparecencia, si aun así no se va o justifica su inasistencia, así ya viene orden de aprehensión en privado. Pues que Fidel Villanueva le diga eso al fiscal Pech, porque primero emociona y luego resulta que quienes dañaron el patrimonio del estado reciben trato de blancas palomitas, ummmmm.

Que con 10 guaruras la “arma”

El Comité de Autorización de Escoltas de Ex Funcionarios Públicos acordó que el ex gobernador Roberto Borge, quien tiene derecho por ley de tener protección del estado, se quede solo con 10 elementos para resguardarlo a él y su familia.

Al término de su mandato, el ex funcionario tenía 44 “guaruras”, pero la semana pasada, el mismo comité determinó que se le retiraran 11 de esos elementos, pero la legislación actual marca que los ex gobernadores podrán contar con no más de la mitad del aparato de seguridad que tenían cuando se encontraban en funciones, por lo que ante la necesidad de que Quintana Roo tenga más policías al cuidado de la población, el grupo integrado por Francisco López Mena, secretario de Gobierno; Juan Melquiades Vergara Fernández, titular de Finanzas y Planeación; Manuel Israel Alamilla Ceballos, oficial mayor; Rodolfo del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública y el vicefiscal José Antonio Nieto Bastida, le pasó otra vez la rasuradora al grupo de escoltas y determinaron que con 10 hombres y tres vehículos es más que suficiente para el cuidado del ex gobernador Roberto Borge.

Juicios políticos al mayoreo

Que el miércoles en el Congreso local se decide el destino de unos 20, entre ex funcionarios y representantes populares, para los que existe una solicitud de juicio político. Ese mismo día también se emitirá el dictamen respecto a los juicios políticos en contra del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, por desviar mil 464 millones de pesos destinados para la promoción turística; el ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, por el desvío de recursos por más de 400 millones de pesos destinados para obra pública en Cozumel y los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Leticia Cerón González.

En esa larga lista de posibles juicios políticos se incluyen los que solicitó el empresario Carlos Mimenza Novelo; sin embargo, será mañana cuando se conozca quiénes serán sujetos a ese proceso en el que la más grave de las sentencias es recibir una inhabilitación para ejercer un cargo público.

Sí regulación, no a la prohibición

Como le comenté en este espacio el Partido Verde Ecologista de México ingresó al Congreso de la Unión una iniciativa para prohibir el uso de animales acuáticos como espectáculo, asunto que pega de manera directa a los delfinarios; la gran mayoría de los animales que ahora se encuentran en esos centros de espectáculos están en Quintana Roo, donde laboran más de 11 mil trabajadores; a esos lugares acuden al año unos 2.2 millones de turistas, ya que el nado con delfines es el sueño de muchas personas que ansían convivir con esas inteligentes y nobles criaturas.

Las voces encontradas en el Congreso a favor y en contra de la iniciativa, no representan en realidad una verdadera preocupación por los animales marinos, sino que, se ha convertido en una rebatinga política, sin pensar el destino que tendrán los animales después de que dejen de ser un negocio para las empresas que ahora los mantienen en cautiverio.

Por su parte, las empresas como Ventura Entertainment, que dirige Mauricio Martínez de Alva, a la que pertenece Dolphinaris, se defienden y piden que el esquema sea otro. “Creemos en la regulación no en la prohibición. El negocio de los delfinarios como el nuestro, y demás socios de la AMHMAR, está perfectamente regulado”.

En Dolphinaris, asegura su director, los delfines se encuentran en hábitats naturales y semi-naturales que cumplen con las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004, que regula exclusivamente el manejo y manutención de mamíferos marinos bajo el cuidado humano.

Ecologistas contraatacan

En la otra esquina del cuadrilátero en la pelea por el “bienestar” de los delfines están los activistas: el Grupo Ecologista del Mayab A.C., de Araceli Domínguez; Producciones Serengueti, de Marielena Hoyo; Fundación Haghenbeck, de Cecilia Vega; Conservación de Mamíferos Marinos de México COMARINO, de Mercedes Anzures; Grupo de los Cien, de Homero y Betty Aridjis; Protectora Nacional de Animales, de Leopoldo Blancas; Reserva Ecológica para la Flora y la Fauna, de Flor García Varela; Calidad de Vida, de Josefina González Polo; Tierra Nueva por los Animales, de Ana Lorena Pulido; Entorno Animal, de Jane Freeman; AFAD, de Lidia Sarah; Moce Yax Cuxtal, que dirige Laura Artemisa Patiño; Salvemos Manglar Tajamar, encabezado por Araceli Domínguez.

Todos ellos amenazan con emprender acciones legales, en el caso de que los legisladores federales aprueben la ley “Frankenstein”, pues seguran, permite la reproducción de delfines en cautiverio y damuestran que los congresistas ceden a las presiones económicas de los multimillonarios empresarios delfineros.

Aseguran que lejos de erradicar la explotación de los mamíferos acuáticos, lo que pasará es que se incrementará el número de nacimientos exprés de delfines antes de que termine el periodo permitido por la legislación que se analiza; lo que significa que esto es un verdadero enredo de intereses. Tantán.