• En la cadena de seguridad

La erradicación de la tortura sigue siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos, reconoce el subsecretario Roberto Campa.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que la tortura persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad, por lo que su erradicación sigue siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos.

“No puede negarse que ha habido avances en nuestro país, que su práctica se ha reducido en muchas de las corporaciones de seguridad y que nuestro marco jurídico es ahora mucho más claro en su prohibición. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hemos logrado su erradicación.

“Y que su práctica persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad pública; este reconocimiento no sólo se sustenta en las recomendaciones de los organismos internacionales, sino también de manera muy importante en los diagnósticos de organismos nacionales”.

A partir de diagnósticos como los de la CNDH y la CEAV, subrayó el subsecretario, todas las corporaciones se han sumado al rechazo absoluto a los actos de tortura y al compromiso de prevenirla y sancionarla.

“Para estos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye protocolos de actuación y de fortalecimiento institucional”, expresó ante el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.

Campa destacó que el paso más relevante en la materia es la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que será publicada en los próximos días.

“Estamos convencidos que este proceso para llegar a esta ley es un proceso que nos permite decir a todos quienes participamos en él, que cumplió con la tarea, que llegamos a un articulado que responde a las expectativas de todos”, sostuvo.

“Todavía hay algunas corporaciones que consideran que la tortura es un instrumento de investigación, tenemos que reiterar que no lo es, que tenemos que erradicar la tortura; estamos ciertos que esta ley constituye un avance sólido”. No obstante, Campa admitió que el país requiere mejorar los mecanismos para que todo acto de tortura pueda ser prevenido y, si éste se comete, sea identificado y ejemplarmente sancionado.

“Estamos ante una oportunidad, con el marco de la nueva ley general y el nuevo sistema de justicia penal, para eliminar los incentivos a la tortura y garantizar el derecho al debido proceso”, dijo durante un seminario en la Segob.

El subsecretario refrendó el compromiso del gobierno de la República para erradicar la práctica de la tortura en cualquiera de las expresiones y en todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

“La tortura no le conviene a nadie, la tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos, constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad; una investigación basada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad.

“Por ello, todos los países que han logrado fortalecer su estado de derecho han adoptado como premisa apartarse definitivamente de esta práctica. La instrucción del Presidente de la República (…) es la de priorizar este tema en la política de derechos humanos”.