- Afirman abogados de clientes
- La dependencia promete agilizar devolución de pertenencias
La Procuraduría General de la República ofreció reducir los requisitos para la devolución de bienes guardados en las cajas de seguridad incautadas.
Cancún.- Las autoridades de la Procuraduría General de la República están en desacato y deberían ser encarceladas, sentenció un pool de abogados que representan a los dueños mil 500 cajas incautadas, en tanto, el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, ofreció reducir los requisitos para la devolución de los contenidos de las urnas.
El funcionario federal declaró que los hallazgos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permiten corroborar el uso del crimen organizadode muchas cajas de seguridad para el almacenamiento de insumos producto de actividades ilícitas.
Recordó que se han hallado millones de recursos en efectivo (dólares y pesos), tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado e incluso armas de fuego.
Los contenidos de más de 500 cofres no han sido reclamados, lo que permite corroborar que, junto con las investigaciones y hallazgos se comprueba que eran utilizados por el crimen organizado.
Los contenidos de más de la mitad de las mil 540 cajas no han sido reclamados. Es un tema atípico; nunca nos habíamos topado con algo así. Por ello las medidas extraordinarias”, y emitió una disculpa pública “a los afectados con un modo honesto de vivir que han sido incomodados, a los que se entregarán sus pertenencias de manera inmediata”.
Elías Beltrán aseguró que se agilizaría la entrega de bienes “reduciendo y sin pedir requisitos innecesarios; son las instrucciones a la SEIDO; además, duplicaremos al menos el personal para atender a los titulares de las cajas, y bajo ninguna circunstancia tendrán que viajar a la Ciudad de México para reclamar el contenido”.
Informó que a la fecha se han entregado contenidos a 292 propietarios, y que desde el 9 de noviembre pasado la Visitaduría General de la República, de la PGR, inició inspecciones y visitas de evaluación técnico-jurídicas para verificar la actuación de los servidores públicos que participan en las diligencias.
