Derecho de réplica
- Inversión de 2 mdp, anuncia Francisco López Mena, secretario de Gobierno
Francisco López Mena, secretario de Gobierno de Quintana Roo, dijo que el monto por 2 millones de pesos será entre otros rubros, para cámaras de videovigilancia en las ciudades.
No habrá injerencia de los particulares en la operación del proyecto C5, pues la inyección de recursos será por medio de una Asociación Pública Privada (APP), y el beneficio será únicamente para los ciudadanos y turistas que visitan la entidad.
Lo anterior fue expresado por Francisco López Mena, secretario de Gobierno de Quintana Roo, quien dijo que el monto por 2 millones será entre otros rubros, para cámaras de videovigilancia en las ciudades, que se complementará con las que instalen establecimientos y hoteles.
Aclaró que “se trata de una inversión del gobierno del estado, exclusivamente de alrededor de 2 millones de pesos, que desde luego busca ser complementada con inversión privada en temas específicos y derivados de su función”.
Refirió que “estas cámaras deben complementarse con las de todos los establecimientos, es decir, de los hoteles; ahora, las cámaras de los hoteles y negocios son tema que deben pagar los dueños, pero nos servirán a nosotros también, pues compartiremos imágenes”.
Medidas de seguridad en los puertos serán permanentes
La directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña, informó que a partir de la próxima semana comenzarán a funcionar cuatro arcos de seguridad, dos en la terminal marítima de Cozumel y dos en Playa del Carmen, para brindar mayor seguridad a los usuarios de ambos muelles.
Al concluir la sesión ordinaria del Comité de Operaciones, la funcionaria explicó que la empresa Global Security comenzará mañana a instalar los arcos detectores de metales que se adquirieron con recursos de la paraestatal, para iniciar este fin de semana con las pruebas correspondientes y capacitación del personal que lo tendrá a su cargo.
Destacó que con estas medidas de seguridad, que responden a las instrucciones del gobernador, para brindar mayor certeza a los más de 11 mil pasajeros que diariamente transitan por las terminales de Cozumel y Playa del Carmen.
“Son medidas de preparación que vendrán a reforzar la seguridad en la próxima temporada de Semana Santa, en la cual se esperan más de 23 mil usuarios en los días de mayor afluencia de este periodo vacacional”.
Ricalde Magaña mencionó que “no tenemos cancelaciones en la llegada de cruceros a Cozumel; el calendario avanza sin cambios. Hoy recibimos ocho hoteles flotantes en la isla”.
Asimismo, el capitán Rentería Zúñiga manifestó que el pasado fin de semana, el Instituto de Educación Náutica y Portuaria, A.C. de la Dirección General de Puertos, llevó a cabo la evaluación en las terminales marítimas de Puerto Juárez, Isla Mujeres, Punta Sam, Playa del Carmen, Chiquilá, Holbox, Chetumal, Calica, San Miguel y en los transbordadores de Cozumel, para conocer los niveles de seguridad de cada uno de los muelles.
Por su parte, Carlos Scarpin, director de la Unidad de Verificación Marítima de IENPAC, señaló que en la evaluación se observó el equipo que disponen las terminales marítimas y de cómo el personal implementa las medidas de seguridad, vigilancia y protección que ya tienen, a través de las reglas de operación de puertos, además de detectar las necesidades que requieren para la mejora continua de los procesos con que ya cuentan.
Juicios contra ex funcionarios, nuevo revés a Fiscalía
Luego que el pasado 6 de junio la Fiscalía General exhibiera como un logro contra la impunidad y corrupción la detención del sobrino del ex presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, acusado de robo de una camioneta, propiedad del ayuntamiento de Othón P. Blanco, éste recuperó su libertad mediante un amparo.
El juez federal ordenó su inmediata liberación, al carecer de sustento legal el procedimiento, incluido su encarcelamiento y no haber sido acreditado el delito.
Nagib Espinosa, sobrino del ex munícipe, laboraba en el ayuntamiento en el 2016 y fue señalado por la Fiscalía General de robo de camioneta, sustraída de un estacionamiento de la Subsecretaría de Planeación de Seguridad Pública, ubicada en la Calzada del Centenario, lo cual no se pudo acreditar ante el juez en ese entonces y no obsequió la orden de aprehensión por falta de elementos.
Sin embargo, la Fiscalía General mediante una orden de cateo, que utilizó como pretexto, detuvo y consignó el 6 de junio de 2017 a Nagib Espinosa, pese a la irregularidad en la presunción del delito.
El juez lo vinculó a proceso y ya en la madrugada del 7 de junio de 2017 lo dejó recluido, donde incluso le fue dictada sentencia condenatoria. La Fiscalía General presumió que Nagib Espinosa era investigado por estar involucrado en varios robos de automóviles, utilizando la clonación de llaves y todo bajo la impunidad y el amparo del poder de su tío, el entonces alcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui.
El caso es que un amparo nuevamente exhibe a la Fiscalía General del Estado, como carente de capacidad para sustentar los casos, con errores garrafales, al integrar las carpetas de investigación.
Cero y van dos, de los sonados casos de ex funcionarios de la pasada administración estatal y municipal, que salen en libertad por yerros de la Fiscalía General: Erce Barrón y ahora Nagib Espinosa.
Fredy Marrufo deja esfumar 17 mdp para vivienda
Debido a la incapacidad del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Urbano (SEDATU), Fredy Marrufo Martín, más de 400 familias de 45 comunidades no tendrán una vivienda digna, pues los 17 millones de pesos que se invertirían serán devueltos a la federación.
Los afectados se manifestaron en las instalaciones de la SEDATU, asegurando que personal de esta dependencia les pusieron de pretexto que por supuestos “errores del sistema informático” se perdieron los trámites para la edificación de 400 viviendas, en perjuicio de igual número de familias de escasos recursos.
Aproximadamente, 50 personas, se apostaron en la entrada de la delegación federal, exigiendo que sean liberados estos 17 millones de pesos y puedan ser beneficiados con una vivienda, así como la inmediata destitución de los responsables de estos presuntos “errores del sistema informático”.
“No somos responsables de los yerros del sistema informático y menos que se nos excluyan de esos beneficios”, señalaron los manifestantes.
En representación de las 400 familias afectadas, Martha Alicia Ortiz González, señaló que desde hace 15 días, mediante la página de internet, se intentaron incorporar al sistema, pero no pudieron.
