Ante la Corte, Presidencia interpone una controversia

  • Señala que los legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora omiten lo dispuesto en la reforma educativa
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, al detallar los pormenores de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal ante la SCJN.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, al detallar los pormenores de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal ante la SCJN.

El gobierno de la República promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro recursos por omisiones y faltas relativas a la reforma constitucional en materia educativa por igual número de estados.

En rueda de prensa, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, dio a conocer que se promovieron controversias constitucionales contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.

Acompañado por Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, detalló en el caso del estado de Oaxaca el recurso jurídico es por la omisión total de lo dispuesto en la Constitución en materia educativa.

En tanto, en los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora se promovió porque diversos artículos de las legislaciones locales en la materia no armonizan con lo dispuesto en la carta magna.

Sobre el recurso contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, el funcionario abundó que “se basa en la omisión total de cumplir con el mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, de armonizar su legislación dentro de los seis meses a partir de la publicación de dicha ley general”.

Respecto a las otras entidades detalló que se impugnaron ocho artículos en el caso de Chiapas, cuatro en el de Michoacán y 27 en el de Sonora por invadir la esfera de competencia federal o modificar los contenidos establecidos en las leyes generales en la materia.

Entre las diversas irregularidades se encuentra que los congresos locales regularon sobre el tema de alimentos y bebidas, lo que corresponde a la Federación, y por no vincular los programas de gestión escolar a los lineamientos del orden federal.

 

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