Indaga PGR presunta ejecución de 22 delincuentes en Tlatlaya

  • Encinas: sería uno de los peores ajusticiamientos extrajudiciales cometidas en el país por soldados
También la Procuraduría General de la República (PGR) informó que su responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso Tlatlaya "se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos".

La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que colaborará para que se esclarezca la muerte de esos 22 presuntos maleantes en ese municipio.

El senador del PRD, Alejandro Encinas, envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que demanda información para esclarecer las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y de tortura por parte de militares en contra de 22 personas durante un “enfrentamiento” ocurrido en julio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En el escrito enviado el pasado día 19 el legislador, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, dijo que confía en que el funcionario coincidirá en que la justicia por propia mano y las ejecuciones sumarias no están permitidas ni pueden formar parte del desempeño de la autoridad en un Estado legalmente constituido, democrático y soberano.

“Son inaceptables estas prácticas, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías o por elementos de las fuerzas armadas y que todo esto de esta naturaleza que se presente en nuestro país debe ser castigado conforme a la ley”, refiere el senador.

El asunto deriva de información publicada de dos testimonios que relatan cómo la madrugada del 30 de junio llegaron soldados a una bodega en Tlatlaya, hubo un enfrentamiento después del que los presuntos delincuentes se rindieron, pero una vez que estaban en el piso, los miembros del Ejército los ejecutaron.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado que prestará su colaboración “irrestricta” para que se esclarezca la muerte de esos 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya. Expresó en un comunicado que “es la más interesada” en que se investigue a fondo y se esclarezcan los hechos, ya que “estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas”.

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