- Senadores del PAN demandan destitución de Jesús Murillo Karam y desaparición de poderes en Guerrero
José Luis Montañez
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que de los primeros 28 cuerpos exhumados, ninguno es de los normalistas de Ayotzinapan.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que los 28 cuerpos exhumados de las primeras fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, no pertenecen a los normalistas desaparecidos, de acuerdo a las pruebas de ADN. “Les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han hecho”.
Por su parte, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, dijo que 14 policías municipales de Cocula fueron detenidos y confesaron a las autoridades su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Zerón de Lucio dijo que los implicados recibieron a los estudiantes y los entregaron entre Iguala y Cocula al grupo delincuencial Guerreros Unidos. Agregó que las autoridades realizan labores de investigación para detener a otros implicados en el caso.
Murillo Karam explicó que los 14 detenidos realizaron funciones de halconeo, otros participaron en el momento de la detención de los jóvenes y al entregarlos entre Iguala y Cocula a miembros del crimen organizado.
En tanto, un presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón Pereda El Benjamón, murió o se suicidó en Jiutepec, Morelos, cuando estuvo a punto de ser capturado.
El gobierno de Morelos aseguró que El Benjamón murió por disparos de arma de fuego durante un enfrentamiento con elementos del Grupo Interinstitucional.
La versión general es que se realizó un operativo para detener al presunto delincuente y que un policía resultó herido en un brazo durante el enfrentamiento.
Por su parte, los senadores del PAN demandaron la destitución del procurador Murillo Karam, “por omisiones en su cargo”, pues la desaparición de estudiantes se pudo haber evitado si se hubiera investigado desde hace un año, cuando el PRD denunció vinculación del alcalde al crimen organizado. También se demandó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero argumentando que no hay gobernabilidad.
