“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Si usted pensaba que la reforma educativa mexicana está aislada de los cambios educacionales que se registran en todas partes del mundo, le conviene saber que en Estados Unidos también existe polémica en torno a las mejores soluciones para que las nuevas generaciones de ciudadanos influyan positivamente en esa llave social del cambio que debe ser siempre la educación.
Le comento que por medio de un comunicado, el fiscal general Jeff Sessions informó que la administración actual que encabeza Donald Trump, eliminará 24 normas de discriminación positiva, impulsadas en el periodo de Barack Obama, que se encuentran enfocadas en potenciar la presencia de hispanos y afroamericanos en universidades estadounidenses.
Se conocen como “acción afirmativa” o “discriminación positiva” a las políticas públicas que promueven la diversidad y el desarrollo de las minorías que históricamente han sufrido discriminación, a través de favorecer su acceso a la educación superior.
La discriminación positiva permite a la universidades considerar la raza como un criterio para la admisión, siempre y cuando sea para otorgar una mayor probabilidad de ingreso a universidades o secundarias a chicos de minorías que han sufrido discriminación en los Estados Unidos.
La administración de Trump ha dicho que estas normas son “innecesarias, desactualizadas, inconsistentes e inapropiadas”.
Su rechazo coincide con la reciente postulación de Brett Kavanaugh para juez de la Corte Suprema, puesto que el juez Anthony Kennedy, próximo a ser remplazado, fue el voto decisivo para la política de acción afirmativa. En esta coyuntura Trump quiere hacerse del control de la Corte Suprema y entre otras cosas, echar para atrás las normas de discriminación positiva.
De acuerdo a un estudio realizado por la universidad de Georgetown en 2013, los estudiantes blancos ingresan más a instituciones educativas de alto nivel, mientras que los afroamericanos e hispanos ingresan a centros públicos. Eso se debe en gran medida a los diferentes entornos en que se desarrollan los jóvenes.
Según el Departamento de Educación de Estados Unidos más del 40% de estudiantes de raza negra asisten a escuelas categorizadas como de “alta pobreza” y el 10% a escuelas de “baja pobreza”. De igual forma, más de la mitad de estudiantes hispanos y negros viven en vecindarios más pobres que el resto, y las escuelas en estos distritos reciben menos fondos.
La compleja y poderosa estructura de desigualdad sobre la que aún se sustenta la sociedad norteamericana hace que la educación universitaria en lugar de combatir la desigualdad, la refuerce. Las medidas de acción afirmativa sirven para evitar que la educación universitaria sea un privilegio más.
El 84% de la comunidad negra y el 66% de los hispanos coinciden en que la gente no ve la discriminación en donde realmente existe. Aun así, de acuerdo a un estudio del Pew Research Center el 71% de los estadounidenses encuestados están de acuerdo con las normas de discriminación positiva.
En una visión distinta, la comunidad asiática se ha manifestado en contra del proceso de admisión de las universidades, mencionando que sus estudiantes sufren una discriminación en la preferencia.
Ubicamos esta medida dentro de una ya larga cadena de atentados contra los derechos individuales de cada ciudadano, en específico, de las minorías por parte de la administración del presidente Trump.
Parece que el gobierno está haciendo todo lo posible por mantener el estado de precariedad en que se encuentran la comunidad latina y afroamericana.
Es necesario un ejercicio histórico con el cual reflexionemos, por ejemplo, ¿qué deuda tiene Estados unidos con sus habitantes de color? Gente como Jeff Sessions le apuestan al olvido.
La única arma que tiene la comunidad latina contra estos actos sistemáticos en contra, es nuestro voto. Salgamos todos a votar en bloque por un Congreso libre y progresista, en pro de nuestros intereses, sólo así mejoraremos nuestras condiciones actuales.
Y ya que hablamos de educación, vean cómo se las gastan en nuestro territorio.
Resulta que directivos, académicos, trabajadores de apoyo a la educación y padres de familia de la Unidad de Educación Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (ex DGETI) anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los subsecretarios de educación media superior y superior, Sylvia Ortega Salazar y Rodolfo Tuirán.
La demanda será por presunto desvío de recursos públicos y utilizar de manera facciosa su nivel jerárquico para otorgar nombramientos a directores de planteles por un periodo de sólo tres meses, con la finalidad de desecharlos sin importar su nivel académico, profesional y que hayan acreditado las evaluaciones para ocupar dichos cargos con excelencia.
En este sentido, exigieron a Ortega Salazar cumplir los plazos establecidos para cada cargo, respetar la ley, los acuerdos secretariales y las convocatorias.
Directores de planteles quienes asumieron el cargo el pasado 1 de Mayo y deberán abandonarlo el próximo 15 de Agosto, de acuerdo al nombramiento firmado por la titular de la SEMS-SEP, denunciaron a Ricardo Cantoral Uriza, actual jefe de la ex DGETI o de la recién creada UEMSTIS, de desvío de recursos públicos al permitir a sus colaboradores cercanos la venta de más de 500 plazas docentes y administrativas en Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Tamaulipas.
Asimismo, acusaron que a Cantoral Uriza de obligar a los docentes y alumnos a comprar los libros de matemáticas de su amigo y colaborador Luis Bazán a quien también permite viajar por todo el país acompañado de Daniela Reyes con recursos públicos para promover sus textos.
En diversas misivas enviadas al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldan, y a Sylvia Ortega, entre otros funcionarios, directores de planteles, subdirectores y jefes de departamento de los Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) y de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) han dado a conocer las irregularidades y la corrupción existente en esta sola instancia educativa de la SEP.
En los oficios entregados a las autoridades condenan la falta de congruencia, equidad y democracia del proceso de concurso de selección convocado por la SEP-SEMS para la promoción al cargo de direcciones para el ciclo escolar 2018-2019.
“El descarado favoritismo y desconfianza que ha generado el proceso de concurso de selección”, ha provocado la organización y movilización pacífica de maestros y funcionarios de los diversos planteles para pedir la intervención inmediata del próximo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que revise y detenga la embestida que Sylvia Ortega ha emprendido contra trabajadores de la educación por defender la enseñanza con calidad y compromiso.
Y es que de acuerdo con los académicos y directivos, la subsecretaria de Educación Media Superior sin importar que los interesados en asumir un cargo de mayor responsabilidad para enriquecer su currículum, hayan calificado idóneos para ocuparlo por su nivel de excelencia obtenida en el examen, sólo les entregó un nombramiento de tres meses y les advirtió que si desean continuar en sus aspiraciones deberá ser en otro plantel al asignado y después de volver a concursar”.
Esta acción de Sylvia Ortega atenta contra la calidad de la educación ya que no permite a los recién nombrados directores realizar programas y planes de estudio en favor de los alumnos por el corto tiempo que permanecen en el puesto.
“Sylvia Ortega y demás autoridades de la SEP actúan de manera facciosa en contra de los intereses de la educación pública y privilegian la inconformidad y en consecuencia la falta de compromiso en uno de los sistemas de enseñanza más importantes del país, ya que como todos sabemos son los jóvenes y adolescentes los más afectados”.
Acusaron a Rodolfo Tuirán de seguir dictando las políticas a seguir en la SEMS y a Sylvia Ortega de sólo administrar la crisis existente en este sistema de educación media superior sin asumir ningún compromiso de solución, lo que la convierte en cómplice de la galopante corrupción.
Pidieron a Esteban Moctezuma Barragán establecer mecanismos de control, vigilancia y transparencia en el uso del dinero que se destina al subsistema de bachillerato más grande del México, ya que durante décadas ha sido un nido de corrupción donde se vende todo. Las plazas docentes, de directores y trabajadores administrativos e incluso los recursos para equipamiento e insumos se esfumaban antes de llegar a las escuelas.
Cabe recordar que de acuerdo con información oficial, la UEMSTIS es la institución de educación media superior más grande del país, la cual cuenta con una infraestructura física de 442 planteles en el territorio nacional, de los cuales 168 son Centros de Estudios Tecnológicos y de Servicios (Cetis) y 274 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS); ; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
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