Derecho de réplica
- Buscan recuperar mil 226 mdp de un crédito fiscal que le fue concedido a la concesionaria
En las oficinas de Solidaridad, ubicadas en la Avenida 115, Aguakan dejó de prestar el servicio que regularmente ofrece a sus clientes.
Todo indica que, por fin, a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) se le llegó su fiestecita, pues la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a cargo de Gerardo Mora Vallejo, intervino las cajas de la empresa que tiene concesionado el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios del estado.
La intervención, que podría terminar en un embargo, de la empresa trasnacional, por parte de CAPA, inició la semana pasada en Cancún, pues se supo que la policía ingresó a las oficinas que se encuentran cerca de las avenidas Uxmal y Yaxchilán, y desde entonces se realiza un inventario de las instalaciones.
CAPA pretende recuperar mil 226 millones de pesos de un crédito fiscal, que le fue concedido a la concesionaria; sin embargo, esa sólo es la punta del iceberg, pues eso es el resultado de la auditoría del 2016, año en que inició su trabajo la administración de Carlos Joaquín.
Se sabe que, el revocar la concesión de Aguakan es competencia de cada municipio donde presta el servicio; empero, Gerardo Mora Vallejo encontró la pata con la que cojea la empresa, pues resulta que, como parte de su contrato de concesión, Desarrollos Hidráulicos de Cancún debe pagar a CAPA, cada año, por el tiempo que dure la concesión, una contraprestación variable por el usufructo en los municipios de Isla Mujeres, Cancún y de apenas una fracción de los ingresos del servicio privatizado, pago al que se unió Puerto Morelos; sin embargo, desde el inicio de su operación, Aguakan reporta el mismo reembolso estandarizado, sin incremento, cosa nada creíble.
Por ello, Gerardo Mora solicitó se realizaran auditorías a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, para verificar la cantidad de ingresos que tiene y aún están pendiente de conocer el resultado de otros años, sobre todo cuando Aguakan fue la caja chica del ex gobernador Roberto Borge. ¡Abuelita tus chanclitas!
Cancelan servicio en Playa del Carmen ante la intervención
En las oficinas de Solidaridad la administradora del agua potable dejó de prestar el servicio que regularmente ofrece a sus clientes en dichas instalaciones, ubicadas en la Avenida 115.
En un comunicado, CAPA confirmó la intervención que se realiza a la empresa Aguakan, a través de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal.
El documento explica que tales acciones son parte de un proceso que realiza el cuerpo jurídico de CAPA, con un interventor y el apoyo de elementos de la SSP.
Aunque CAPA asegura que tales acciones no interfieren en los protocolos y servicios de la empresa, las oficinas de Aguakan cerraron sus puertas, explicando a los clientes que las oficinas se cerrarían hasta nuevo aviso.
Enemigos íntimos
Así, casual, ayer, el Congreso local dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a quien difunda o exhiba a través de medios electrónicos o redes sociales, cualquier imagen, texto, grabaciones de voz o audiovisuales de contenido íntimo.
En la sesión ordinaria número 6, el pleno dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, en la cual propone que los delitos contra la imagen personal se sancionen con penas de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización (UMA).
Además, se pretende que cuando el sujeto activo del delito tenga una relación de confianza, de amistad o de vecindad o comparta el uso de espacios educativos o laborales, culturales, deportivos o sociales comunes con la víctima, las penas y sanciones se aumentarán al triple.
En carne propia
Si bien, desde el 2017 en el Código Penal en su artículo 197, se castiga los ataques que se producen contra el derecho a la intimidad, llama la atención que sea hasta ahora, que los congresistas de Quintana Roo lo ingresaron como iniciativa para implementarlo en la legislación estatal; pero, sobre todo, que sea después de que, en las redes se difundió una conversación intima del presidente de la Gran Comisión, el mismísimo Eduardo Martínez Arcila, donde se supo de su romance con una joven atractiva, por medio de fotos explícitas y mensajes reveladores, que….. para que les cuento….uffff….chispas y fuego puro.
Si bien, el asunto fue vergonzoso, sobre todo porque, las fotos íntimas de Martínez Arcila salieron después del video de Zague, con quien no tuvo nada que hacer, jijijijiji; además del problema marital que le pudo causar, la exhibición de la conversación puso en evidencia dos cosas además de que Lalo Martínez está rodeado de personajes que le guardan rencorcillos y que el espionaje está en su apogeo, así como que, era urgente una legislación sobre esta clase de asuntos, lo cual no hubiera tenido atención, de no ser por que el presidente de la Gran Comisión fue víctima de su propia lentitud legislativa.
Perla Tun “infló” inversión en la compra de vehículos
Al parecer, la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun, desvió más de 350 mil pesos “disfrazados” en entrega de equipo vehicular a la Dirección de Servicios Públicos.
Tun Pech informó que en la adquisición de tres vehículos se gastó más de millón y medio de pesos; sin embargo, se investigó que los precios de la agencia de autos no coincide con lo gastado, habiendo un excedente de más de 350 mil pesos.
La alcaldesa dio a conocer la compra en la pagina oficial de Facebook del ayuntamiento de Cozumel sobre esta adquisición, a finales de su administración; empero, en los costos de compra, quedó en evidencia y demostró una vez más el mal gobierno que ejerció, al aumentar los montos de inversión pública.
A la entrega de los vehículos asistió la tesorera, Noemí Tun Celis, y la secretaria del ayuntamiento, Dora Uribe, a quienes se les podrían fincar responsabilidades, de encontrarse irregularidades en las transacciones que ha efectuado Perla Tun.
