De todo un poco en la lista de aspirantes a fiscal general del estado

Derecho de réplica

 

De los aspirantes al cargo de fiscal general, 18 son hombres y 2 mujeres.

Como si fuera a revelar los nombres de los elegidos para ocupar la diestra del Señor, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, dio a conocer la lista de los 20 aspirantes registrados al cierre de la convocatoria que venció el sábado a la media noche.

El legislador informó que este martes 20 de noviembre se reunirá la citada Comisión con el objetivo de conocer cada uno de los expedientes y verificar el cumplimiento de los requisitos por cada uno de los aspirantes.

Villanueva Tenorio señaló que de estos veinte saldrá la selecta lista de entre 6 a 10 candidatos, misma que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados del Congreso.

Esta lista será enviada al titular del Poder Ejecutivo del estado, quien seleccionará una terna para devolverla al Congreso, cuyos integrantes serán citados a comparecer de manera individual para, posteriormente, poner dicha terna a consideración de los legisladores para determinar quién cuenta con el perfil idóneo para ser fiscal del estado, el cual deberá ser electo también por dos terceras partes de las y los diputados.

De chile, de mole y de dulce

De todo un poco se inscribió para ser considerado como candidato a fiscal, aunque, bueno, la verdad no hay mucho de dónde escoger y algunos de los nombres toman la delantera en el gusto de los que dicen saber lo que la Fiscalía necesita

La lista, integrada por 18 hombres y 2 mujeres es la siguiente:

Leopoldo Martín Herrera Manzanilla, quien fue propuesto por las organizaciones: Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos e Instituto de Consultoría Universitaria A. C.

David Álvarez Cervera y Luis Germán Sánchez Méndez, propuestos por la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo A.C.

Leopoldo Cruz Navarro, gallo de la Barra de Abogados de la Riviera Maya.

Rafael Ermilo Colonia Lizama, a quien 13 organizaciones lo postularon para el cargo.

Óscar Montes de Oca Rosales, ex fiscal antisecuestros de la procuraduría capitalina y que en el 2011 fue acusado por delitos contra la administración de justicia, que cometió durante su actuar en un cargo previo como Ministerio Público; este es uno de los tres inscritos que proceden de la Ciudad de México y que no tienen residencia en Quintana Roo.

Gustavo Salas Salgado, quien ocupa el cargo de fiscal interino desde la salida de Miguel Ángel Pech y que hasta ahora no ha desempeñado un mal papel.

Miguel Ángel Kim Martínez, quien en el 2017 buscó sin éxito ser nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

El notario, Ricardo Adrián Samos Medina y Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, quien encabeza la Fiscalía Especializada para la Mujer.

Julio César Moreno Orendain, quien en el 2017 fue nombrado por el ex fiscal Miguel Ángel Pech Cen, como fiscal especial para los delitos de narcomenudeo.

Jesús Antonio Villalobos Carrillo, quien es viceconsejero en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.

Joanna María Guadalupe Gutiérrez Martínez buscó en el 2017 el cargo de fiscal Anticorrupción del estado, pero el hueso se lo ganó Rosalía Villanueva Arzápalo.

Rodolfo Pérez Velázquez y Armando Manuel Ruiz Guerra, de quienes poco se sabe, sólo que vienen de la Ciudad de México.

Eduardo Sadot Morales Figueroa, el mal afamado ex vocero del gobierno del estado, durante el sexenio de Joaquín Hendricks; Sadot Morales fue quien acompañó a su viaje de placer al ex mandatario por Europa, mientras el estado se recuperaba de los estragos que dejó el huracán Isidore en seis de los ocho municipios que en ese entonces tenía el estado, dada la controversia que los excesos de Joaquín Hendricks provocaron en la opinión pública, Sadot Morales fue removido de la oficina de comunicación, pero en premio por ser tapadera del ex mandatario, fue nombrado jefe de asesores.

El yucateco, Daniel de Jesús Rochel Novelo, ex subprocurador de Justicia de la hermana república de Yucatán, y que en ese estado vecino, agregó algunas manchas a su pelaje.

El vicefiscal, Moisés Méndez López.

Jesús Armando Liogon Beltrán, quien fue subsecretario de Ejecución de Penas en la SSP, en el sexenio de Roberto Borge, al lado del mal afamado general Villa.

El ex diputado priísta, Pedro Pablo Poot Ek.

Dice el runrún, son varios los integrantes de la lista que no entregaron la documentación completa y que no cubren los requisitos para el cargo, sin embargo, más allá de que entreguen un montón de papeles, lo que importa es la capacidad para el trabajo que está en juego, pues Quintana Roo no está para experimentar, mucho menos para hacerle el favor a alguien recomendado, es urgente la impartición de justicia, que se inicia con la investigación de los delitos y la detención de quienes los cometen, pues la impunidad siembra delincuencia.

Morenos, en desacuerdo

No cabe duda de que los bandos entre los políticos de Morena están más que marcados, y ahora el tema de la revocación de la concesión a Aguakan, pone cara a cara a los senadores morenistas, José Luis Pech y Maribel Villegas.

Pues mientras, por un lado, José Luis Pech asegura que es imposible revocar la concesión a Aguakan, porque el estado no cuenta con los 3 mil millones de pesos que pide la concesionaria como indemnización por el retiro del convenio, la senadora Maribel Villegas asegura que en ningún artículo del documento firmado en 2014, se especifica que habrá una millonaria multa por la revocación de la concesión.

Villegas Canché asegura además que la revocación se puede hacer, sin pagar nada, pues la empresa incumplió al cometer un fraude en los últimos cinco años por más de 4 mil 434 millones de pesos.

Aseguró que Aguakan, de acuerdo con estudios realizados, tiene ganancias de 2 mil millones de pesos, con gastos de operación entre 700, 800 millones; con ganancias de mil 300 millones de pesos al año a costa de los habitantes, que sufren vejaciones y amenazas por parte de la concesionaria, por lo que el pago que hace al estado no concuerda con lo que gana.

El caso es que, mientras no exista un consenso entre las autoridades a las que compete la revocación, por mucho que vociferen los senadores, nada pasará con Aguakan.

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