Notarías públicas legalizan documentos falsos para cometer despojo de propiedades en Cancún

Derecho de réplica

 

Después de más de dos años de litigios legales, por fin se fincarán responsabilidades penales a la notaria pública número 22 de Isla Mujeres, Yolanda Solís Olveres, quien fue una de las personas claves para realizar ventas fraudulentas de 19 departamentos del condominio “Maioris Tower”, en Puerto Cancún, por un monto de 92 millones 171 mil 944 pesos, mediante la simulación de la compra-venta de cada uno.

La red de ladrones de propiedades incluía a particulares, funcionarios y al menos nueve notarías públicas, que validaron documentos falsos para que los supuestos propietarios obtuvieran un registro público de la propiedad.

La participación de los notarios Marco Antonio Sánchez Valez, José Antonio Arjona Iglesias, Susana Verónica Ramírez Sandoval, Felipe Amaro Santana, Nahum Ojeda Hernández, Armando A. Llanes Acereto, Gabriel Escobedo Cruz y Jorge Alberto Galván García, titulares de las notarías públicas 3, 8, 11, 19, 36, 40, 68 y 74, respectivamente, radicadas en Cancún, además de Yolanda Solís Olveres, titular de la Notaría 22, adscrita a Isla Mujeres, permitió inscribir 14 departamentos y cinco tipo “penthouse” del complejo residencial al Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Bandas organizadas

El caso del condominio “Maioris Tower”, en Puerto Cancún, no es un caso aislado, sino el modus operandi que tienen grupos de delincuentes organizados, que implican a notarios, abogados y jueces y abogados sin escrúpulos.

Valdría la pena que las autoridades revisen el actuar del resto de los notarios mencionados pues, en el caso de la notaria número 11, Susana Verónica Ramírez Sandoval, se encuentra implicada en varios actos de simulación y falsificación que ahora se encuentran en litigio legal y que ameritan la cancelación de la franquicia y cárcel por su probada participación en el delito de fraude maquinado.

Red de corrupción

El sello y la firma de Susana Verónica Ramírez Sandoval, notaria número 11, de fecha 4 de agosto del 2016, aparece en una hoja tamaño carta, en el que dos particulares, Francisco González Gómez y Perla Edith Castillo Rodríguez, suscriben un supuesto contrato de cesión de derechos, de fecha 6 de marzo de 1995, sin que el documento tenga las firmas o sellos del Comisariado ejidal o de alguna otra representación del ejido para dar validez de dicha transacción, es utilizado para pretender, por medio de un juicio despojar al actual dueño que cuenta con toda la documentación legal al corriente.

El modo de operar de bandas como la que encabezan Perla Edith Castillo Rodríguez, Aurora Osorio Nataren, las abogadas Esther Elizabeth Puc, Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, con el apoyo de notarios como Susana Verónica Ramírez Sandoval, presentan documentos apócrifos como válidos para realizar litigios legales y despojar por medio de los juzgados civiles a sus legítimos dueños.

Participan jueces

Dichos documentos apócrifos, avalados por la notaria Susana Verónica Ramírez Sandoval, fueron la base para que, a espaldas del dueño de los terrenos de los cuales se pretenden apropiar y mediante un fraude procesal, las abogadas Esther Elizabeth Puc, Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, iniciaran un litigo para retener la propiedad a favor de Perla Edith Castillo Rodríguez, Aurora Osorio Nataren, en el juzgado oral de Cancún, donde la juez corrupta, María del Pilar Gio Escalante, les otorgó una sentencia favorable, pues los demandados Andrea Gómez Regalado, José Luis Aguirre Aguilera, Luis Israel Aguirre Gómez, Claudio Castro Villagrana Zapata y la persona moral denominada Impulsora Flamboyanes S.A. de C. V., no tienen relación con la posesión o propiedad de los inmuebles.

Dicho juicio, aunque no se demandó al dueño y poseedor legal de los inmuebles, lo utilizan las abogadas Esther Elizabeth Puc, Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, para impedir el acceso al predio en cuestión. La Fiscalía General de Quintana Roo debe intervenir contra esta banda de delincuentes.

Más aún, las abogadas Esther Elizabeth Puc, Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, tienen estrecha relación con jueces y secretarios de acuerdo de los juzgados civiles y orales ya que, Blanco Franco fue secretaria de acuerdos, hasta que por acusaciones de corrupción dejó el puesto, frustrada por no haber llegado a ser juez; por su parte, Bonilla Pasos, quien es viuda de un juez, aprovecha esa situación para mantener sus influencias y relaciones en los juzgados.

Existen más casos similares, en el que grupos organizados como éste realizan el despojo de propiedades al amparo de las leyes y en complicidad con el actuar de algunos notarios sin escrúpulos.

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