Justicia lenta e inútil contra ex funcionarios

Derecho de réplica

 

  • Hay 300 carpetas de investigación abiertas contra 217 ex funcionarios, pero no se tiene para cuándo cerrarlas: Villanueva Arzápalo

 

“Se hace todo lo humanamente posible con 27 agentes”, se quejó la fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, ya que la oficina a su cargo ha dado un traspiés tras otro, y van como palomas que dan un paso y la… ya ni hablar, pues dice Villanueva Arzápalo que tienen abiertas 300 carpetas que se tienen contra los 217 ex funcionarios, pero no tiene para cuando cerrarlas.

Los resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no son nada presumibles, pues, hasta la fecha, han tenido tres sentencias condenatorias en procedimiento abreviado y aunque cuatro han salido libres por prescripción del procedimiento; o sea, salen más de los que entran, jijijii, que barbaridad.

Con orgullo, Villanueva Arzápalo hace énfasis que Quintana Roo es el primer estado en el país que ha logrado la primera sentencia condenatoria en etapa inicial de juicio oral, pero se le olvidó agregar que las condenas a lo mucho llegan a servicio social, o multas ridículas de 20 a 30 mil pesos, digo, para que cuente completo el chisme.

“Es que no me tienen paciencia”

Como decía El Chavo del Ocho y ahora el presidente López Obrador, Villanueva Arzápalo también pide que los ciudadanos le tengan paciencia para que dé resultados.

Si bien, la Fiscalia Anticorrupción logró asegurar 300 predios dentro de las carpetas de investigación, de los cuales tan sólo 30 de estos lotes ascienden a la cantidad de 202 millones de pesos, muchas de esas propiedades ya fueron devueltas a sus dueños, cuando los tuvieron que liberar, y el “asegurar” una propiedad no significa que al final, el estado la pueda recuperar, eso es otro cuento.

Tercer proceso contra Góngora

Ya que hablamos de ex funcionarios en el bote y próximos a salir, el ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, fue vinculado a proceso por una tercera denuncia en su contra, ahora por desempeño irregular de la función pública.

Pero eso no es considerado un delito grave, por lo que se le ordenó arresto domiciliario; sin embargo, como la cárcel es ahora su último domicilio conocido, se quedará ahí, pues ahora también enfrenta otros dos procesos, uno de ellos por su participación en el caso Vip Saesa, del cual dicen los que de leyes saben, saldrá libre por prescripción, tal como pasó con los otros implicados.

El ex edil fue llevado a audiencia para resolver su situación jurídica en relación a la carpeta 53/2019, por un presunto quebranto financiero de 51 millones de pesos sufridos por el Ayuntamiento de Solidaridad, denuncia que interpuso la ex alcaldesa Cristina Torres Gómez, quien ahora es la primera de la lista de candidaturas plurinominales del PAN, para el proceso electoral de este año, pues quiere se diputada local, dicen le darán ese huesito de consolación después de que tronó con lo de su reelección y dejó de entrar a sus bolsillos los millonarios diezmos y demás moches que le pasaban a su oficina desde Desarrollo Urbano. ¡Abuelita tus chanclitas!

Bueno, de regreso con el caso Góngora Escalante, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que este expediente deriva de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado, por haber adjudicado 53 contratos de prestación de servicios de forma irregular.

Otro pájaro que se les va

Otro tache a la Fiscalía General del Estado, pues por no pedir la revisión del amparo 1883/2017, que tramitó el empresario tabasqueño Edgar Méndez Montoya, señalado como uno de los eslabones relacionados con la venta de terrenos del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, con lo que esta sentencia de un juez federal quedó en firme y ya no puede ser detenido por ese cargo.

“…conforme al artículo 256 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, vigente en la época de los hechos, para que una conducta sea constitutiva del delito de peculado se requiere que el activo tenga calidad especifica de servidor público; sin embargo, la fiscalía no aportó dato alguno de prueba que demuestre que él era servidor público cuando ocurrieron los hechos, por lo tanto, no es posible que actualice el delito de peculado respecto de su persona”, señala el juez IV de Distrito en su sentencia.

Lo que deja claro que, las carpetas de investigación de la FGE están hechas con las tripas y no con la cabeza y con los elementos necesarios para que los ex funcionarios reciban el castigo por sus delitos, o ¿será acaso que todo son habladas y no tienen pruebas?

Más rezagos en la justicia

Hablando de rezagos, el titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, informó a los diputados que no ha logrado abatir el rezago en materia de carpetas de investigación, ya que de 100 mil, apenas han logrado desahogar 45 mil 220, lo que ubica a Quintana Roo entre los últimos lugares en el país en impartición de justicia, reconoció….si no lo dice, ni cuenta nos damos, jijijiji.

Sueldos de miseria

Montes de Oca Rosales pide recursos para contratar personal en la Fiscalía, porque sus cuates, que se trajo a trabajar con él, desde chilangolandia, ya se le fueron, al parecer pensaban que en Quintana Roo saldrían de pobres y zas, se encontraron con sueldos de 8 mil pesos; “¿Quién vive con 8 mil pesos en Cancún?”, cuestionó a los diputados el fiscal, que ya quedó mal con sus recomendados.

Ya, para salir del aprieto, después de que, al traer su equipo de trabajo, dejó fuera a los interesados en trabajar en la Fiscalía ante las condiciones actuales, Montes de Oca Rosales dijo a los diputados que tendrá que recurrir a abogados de las universidades locales para reforzar la plantilla laboral de la dependencia, jajajajaja, o sea, ya de perdis.

Se necesita dinero para combatir a la delincuencia

El combate a la delincuencia no se hace como las campañas de Morena, con saliva y suela, a eso hay que meterle billete para personal, equipo y capacitación, o no hay resultados, pues ahora, Montes de Oca Rosales reconoció que entre el personal encargado de la investigación e impartición de justicia hay bachilleres, arquitectos, ingenieros y hasta chefs, “y no son aptos para desempeñar tales funciones, por eso estamos reacomodando al personal”.

El fiscal general del estado dijo que requiere de una ampliación presupuestal de 433.7 millones de pesos para resarcir las deficiencias al interior de su dependencia, eso, adicional a los 737.9 millones de pesos autorizados por el Congreso para ejercer este año, ya lo menos, si quieren que la Fiscalía General del Estado deje el vergonzoso último lugar en impartición de justicia en el país.

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