Derecho de réplica

 

• La empresa se mantuvo bajo los términos legales y postergó, sin anuncio, sus operaciones

 

La trasnacional Uber anunció que el día de ayer iniciaría operaciones en Cancún, pese a que el Instituto de Movilidad no le otorgó el permiso para poder realizarlo, y la respuesta del gremio taxista no se hizo esperar y amenazó con defender lo que llaman su fuente de ingresos y patrimonio. En un gesto de civilidad, la empresa que utiliza una plataforma móvil para otorgar el servicio de transporte de pasajeros, se mantuvo bajo los términos legales y postergó, sin anuncio, sus operaciones.

Intenta Uber acelerar el proceso

Tras una pelea en tribunales, Uber logró un amparo contra algunas modificaciones de la Ley de Movilidad, que entró en vigor el año pasado, con lo que lograron no tener que pagar una concesión al gobierno del estado, pero sí la obligación de obtener un permiso que le daría el recién creado Imoveqroo.

El 8 de enero, la trasnacional ingresó la petición para brindar servicios como Empresa de Redes de Transporte, ante el Instituto de Movilidad, sin embargo, ya pasado el límite del tiempo de respuesta, el director del Imoveqroo, Jorge Pérez, declaró que estaba imposibilitado para expedir el permiso, debido a que el instituto, creado en 2018, carece de reglamento.

El principal argumento de Uber ha sido que como Empresa de Redes de Transporte, no puede ser catalogada como un servicio público, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción constitucional 63/ 2016.

Con frustración de no encontrar una alternativa para iniciar sus operaciones, Uber decidió echar mano del exhorto que el Juzgado Cuarto de Distrito envió al gobierno de Quintana Roo y al Instituto desde el 26 de marzo, para que les permita entrar en operaciones en un término de 24 horas, a partir de la notificación judicial.

El exhorto emana del amparo 1428/ 2018 que Uber obtuvo el 5 de diciembre del año pasado, que les reconoce como ERT y les exime de tramitar una concesión, que sólo se pide a empresas que brindan servicios de transporte público.

Frenan arranque

Muy poco duró el entusiasmo por el anuncio de reinicio de actividades de conductores de Uber, pues ahora el Juzgado Cuarto de Distrito, radicado en Cancún, determinó que es constitucional que el Congreso de Quintana Roo incluya en la categoría de transporte público a las plataformas digitales como Uber, por lo cual negó el amparo promovido por la empresa que, para operar legalmente en la entidad, tendría que tramitar una concesión como lo establece la Ley de Movilidad vigente.

Por lo tanto, se mantiene la batalla legal, pues esta determinación podría aún pasar a su revisión a solicitud de la empresa de transporte.

El panorama legal para operar, impone que  debe tramitar una concesión y no un permiso, con todo lo que esto implica, una limitación en el número de conductores, el registro de éstos y el pago correspondiente, así como un número límite de unidades que podrán prestar el servicio en cada ciudad.

El artículo 151 de la Ley de Movilidad establece que quienes presten el servicio público de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, deberán presentar ante el Instituto, la solicitud de concesión. Sin embargo, al resolver de fondo el amparo, el Juzgado Cuarto determinó que es constitucional que “el legislativo incluya al servicio de transporte contratado a través de plataformas electrónicas como un servicio público” y que “exigir concesión a los particulares que prestan el servicio, no resulta una medida que vulnere el derecho a la igualdad, libre competencia y concurrencia, pues es una obligación impuesta a todos los prestadores del servicio público de transporte en el estado”.

“Es infundado sostener que al incluir el servicio de transporte que se contrata a través de plataformas tecnológicas o digitales, como una categoría más del servicio público de transporte, el legislativo quintanarroense se extralimitó”, se lee en la resolución, que resalta que corresponde a las y los legisladores establecer la definición del servicio de transporte público.

Podrán cobrar en efectivo 

Lo único que hasta el momento Uber ha podido rescatar, es que el juez eliminó la restricción que la Ley de Movilidad impuso a transporte público operado por plataforma digital respecto a que solamente podrían hacer cobros con tarjeta de crédito, el juzgador declaró inconstitucional la prohibición de que los conductores cobren en efectivo.

Taxistas amenazan con guerra 

Por su parte, los taxistas al conocer la determinación de Uber de iniciar operaciones, pese a no tener la base legal definida, advirtieron que podrían generarse situaciones de violencia por parte de sus agremiados, las que aseguran, serán responsabilidad de la transnacional, por no respetar la ley.

“La amenaza de Uber para reiniciar operaciones en Cancún, obedece a una medida desesperada de la trasnacional ante el fallo del juez Cuarto de Distrito del Estado de Quintana Roo, respecto al juicio de amparo 1428/2018, a favor de los trabajadores del volante, por lo cual el único fin es el de generar confusión y conflictos entre taxistas, gobierno y sociedad en general, pisoteando una vez más el estado de Derecho.

La medida que ha asumido Uber significa la violación flagrante a las leyes de Quintana Roo en materia de transporte y movilidad, toda vez que el susodicho amparo 1428/2018 del que hace referencia la trasnacional, fue resuelto en los términos de que no podrá operar en la entidad, si no es mediante el uso y explotación de una concesión para prestar el servicio público de transporte.

Las modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo fueron calificadas de constitucionales de acuerdo con la sentencia dictada donde el Juez reconoció:

1.- Que el servicio de transporte que se contrata a través de plataformas tecnológicas o digitales, sí es un servicio público y que por lo tanto es incorrecto catalogarlo como servicio privado.

2.- Que el servicio de transporte que se contrata a través de plataformas tecnológicas o digitales, debe ser prestado únicamente por quien cuente con una concesión expedida por el gobierno del estado.

3.- Que la obligación impuesta a los conductores de Uber de obtener una concesión para estar en aptitud de prestar el servicio de transporte de pasajeros no vulnera el derecho humano a la igualdad.

4.- Que exigir una concesión no menoscaba los derechos humanos y garantías de concurrencia y libre competencia económica.

En este sentido, es necesario subrayar que la amenaza de Uber, representa una grave y abierta provocación hacia los socios concesionarios y operadores de este gremio, alentando situaciones que pudieran generar violencia por la disputa en el pasaje, para después hacerse pasar por víctimas ante la opinión pública, cuando en realidad son ellos los que en primera instancia se pasan la ley por “el arco del triunfo” y lo hacen de manera premeditada y alevosa.

Queremos remarcar, que no es de extrañarse este renombrado anuncio de operaciones, sobre todo porque históricamente Uber ha actuado siempre al margen de la ley en todas las ciudades del mundo donde ha operado y de donde ha sido expulsada, por lo que en Quintana Roo no es la excepción, aunque en la entidad existe la voluntad de nuestras autoridades para que, como siempre ha sido, se les obligue a respetar y hacer respetar la ley.

Finalmente, queremos reiterar que estaremos atentos para exigir que se aplique todo el peso de la ley contra quienes infrinjan y operen de manera ilegal, prestando un servicio de taxi sin la debida concesión como lo establece la legislación vigente.

No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los trabajadores del volante organizados, sus fuentes de empleo y su patrimonio, por lo que estaremos preparados para emprender acciones contundentes a favor de la familia taxista”, advirtió en un comunicado el sindicato de taxistas.