Derecho de réplica

José Luis Montañez

 

• Este domingo instalarán 67 casillas en 10 municipios de Q. Roo

 

 

Como había sido informado con bastante anticipación por el gobierno federal, este domingo 15 de diciembre se realizará la consulta pública dirigida a comunidades mayas y ciudadanía en general, sobre la aprobación o no, de la construcción del Tren Maya en Quintana Roo; a la par, este ejercicio será replicado en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Pues según palabras del Presidente “Si la gente dice no, hasta ahí llegamos” y se suspendería dicho proyecto.

La Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) de Quintana Roo informó que se instalarán 67 casillas para la consulta pública en 10 municipios de la entidad; quedando fuera solamente José María Morelos, que también está enclavado en la zona maya, pero no se habló de ningún módulo para esta zona del estado.

Detallaron que la consulta es vinculatoria y de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del proyecto, se contempla una inversión de alrededor de 120 mil millones de pesos.

Horarios y ubicaciones

Benito Juárez contará con 10 casillas, al igual que Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel; mientras que en Felipe Carrillo Puerto se instalarán 8; en Bacalar, 5; en Tulum, 5; en Isla Mujeres, 3, las mismas que en Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas. Y todas ofrecerán atención desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya será desarrollado con recursos propios, aunque en una primera instancia se pensó en contratar un crédito. Aseveró que si durante la consulta a las comunidades indígenas por el Tren Maya gana el no, entonces, “hasta ahí llegamos, el pueblo manda” y se suspendería el proyecto con el que pretende estimular la economía del sureste del país.

En tanto, refirió que “Si la gente dice ‘sí’, vamos, hacemos la obra, pues tenemos los recursos necesarios.

Fonatur prevé que el proyecto se legitimará

Por su parte, Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, sostuvo hace días una reunión con diputados de a XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, donde informó que el Tren Maya es un proyecto integral de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible, como es sabido por todos promovido por la administración federal del presidente López Obrador y que su pronóstico es que, tras la consulta de este domingo, el desarrollo del mismo quedará legitimado y avalado por los mexicanos, pues de lo contrario, respaldaría la opinión presidencial de suspenderlo en su totalidad.

Aseguró que el 98% de las firmas del sector involucrado están a favor de que el proyecto se lleve a cabo, aunque aún hay un 2% de la población (entre ellos ejidatarios), que se oponen, debido a que se mantienen adeudos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

No obstante, afirmó que están en busca de saldar cualquier tipo de adeudo y confirmó que la consulta estará apoyada por observadores, particularmente una unidad especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aseguran que es un proyecto viable

Fonatur afirma que de acuerdo con los primeros resultados de los estudios hechos por la empresa inglesa Steer Davies y la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) el proyecto del Tren Maya será un negocio rentable y financieramente viable para el país, por los ingresos y gran cantidad de empleos que se generarán durante su desarrollo y posterior puesta en operación.

Asimismo, detalla que los ingresos anuales serán de 52 mil millones de pesos aproximadamente por servicios de transporte de mercancías, de ese total 76 por ciento será por alimentos y el restante 24 por ciento, por combustibles. Además, contará con una mayor capacidad de carga, transporte de grandes volúmenes, menor tasa de accidentabilidad y más baja cantidad de emisiones contaminantes.

Por lo anterior, según Fonatur, es un proyecto que garantiza el desarrollo económico de cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para lo que se invertirán alrededor de 120 mil millones de pesos.

Seis organizaciones yucatecas, en oposición

Son un total de seis organizaciones representantes de las comunidades mayas yucatecas, las que se manifestaron en contra del Tren Maya, pues argumentan que el gobierno federal no tiene un proyecto concreto y que no hay estudios que muestren el impacto ambiental, económico y social, mientras que denuncian que las consultas no se realizarán bajo estándares internacionales.

Los opositores advierten que es un proyecto devastador, que generará empleos de mala calidad y los únicos beneficiados serán los inversionistas como sucede con el modelo de desarrollo de Cancún y la Rivera Maya, en Quintana Roo, cuyos pueblos y la riqueza ambiental fueron arrasados y desaparecidos por el mal llamado desarrollo económico.

¿Destruirán recursos naturales?

Los miembros de la oposición a este proyecto, entre los que se destacan representantes de la asamblea de defensores del territorio maya Mu’uch Xinbal; miembros del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in já; gente del colectivo Popol Vu y del Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi de la Uady, además de investigadores de la UNAM, coinciden en que la destrucción de los recursos naturales será inminente con la creación de los polos de desarrollo y no ven claros los beneficios para los habitantes de los pueblos originarios que se ubican en el trazo de Tren.

“Nosotros que vivimos en las comunidades y en los montes sabemos que nos van a afectar muchísimo con este proyecto”, comentó Alberto Rodríguez, guía de turistas en la reserva de Celestún, quien además afirma que en la zona de Calakmul, Campeche, el registro de aves, felinos y monos ha bajado drásticamente aún cuando no está urbanizado.

Denuncian falta de información

Asimismo, denunciaron que los pueblos originarios no son bien informados sobre el proyecto, mientras que la poca información que les brinda no está sustentada científicamente sobre las afectaciones que se causarán en las distintas regiones del trazo del tren.

Por otro lado aseguraron que las propiedades de los terrenos que son tomadas en cuenta para el desarrollo integral del Tren Maya, desde hace dos años o más la tenencia de la tierra de cientos de hectáreas ya están en posesión de políticos y empresarios porque tuvieron a la mano información privilegiada. De modo que no tiene caso que ahora Fonatur y el IMPI pidan a los ejidatarios que no vendan sus tierras.

Entre las irregularidades expuestas, el doctor Llanes Salazar, investigador de la UNAM y representante del Observatorio de la Consulta al Pueblo Maya, destacó siete puntos que detectó durante las asambleas en Yucatán. Que se organizaron sin participación de los pueblos originarios, no se pidió consentimiento de los habitantes, ni muestran estudios sobre el impacto de la infraestructura, el ejercicio debió ser previo a la iniciación del proyecto, no existen estudios de investigación sobre riesgos ambientales, sociales y/o económicos, los líderes supremos no representan a la totalidad de los mayas yucatecos y que el proyecto no respeta la interculturalidad de los pueblos originarios.