Derecho de réplica
José Luis Montañez
- Obras estaban en manos de Comunicaciones y Transportes
El Plan de Austeridad y los recortes federales impedirán que se continúe con tres proyectos carreteros en Quintana Roo.
El plan de austeridad y los recortes federales impedirán que se continúe con tres proyectos carreteros en Quintana Roo, los cuales estaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El director general del SCT en Quintana Roo, Francisco Gómez Orozco, informó que las obras del tramo Kantunilkín-Chiquilá presentan hasta el momento un avance de 31.82%, pero que no se puede continuar con las mismas por falta de recursos, de manera que continúan a la espera de nuevas resoluciones.
El funcionario federal presentó el informe de Principales Obras Terminadas y en Proceso, donde se detalla que en este proyecto carretero se había presupuestado un total de 262 millones de pesos para el mejoramiento de 44 kilómetros, pero el recurso que no fue entregado en su totalidad; convirtiendo a esta obra en la más rezagada, hasta el momento.
Otro caso se presenta en la carretera Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuché que se quedó en un 77% de avance y modernización para un mejor traslado de los vehículos; se habían destinado mil 901.43 millones de pesos para mejorar un total de 145 kilómetros, pero al igual que en el anterior caso, no se completó el recurso.
Por su parte, en el tramo carretero Ucum-La Unión, en el sur de la entidad, hay únicamente un 78.55% de avance, para el que se consideraron 558.7 millones de pesos para 88.1 kilómetros.
Gómez Orozco comentó: “Otros dos proyectos que están en proceso, pero también sin recursos en este momento es Ucum-La Unión, esperamos que también nos asignen recursos que lo vemos un poquito más complicado, ya desde hace dos años atrás no nos han dado inversión para este camino y tampoco para el siguiente que es el de Kantunilkín”.
El presupuesto considerado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para estos tres proyectos fue de dos mil 722.3 millones de pesos, pero ante la llegada de la nueva administración federal no se terminó de asignar el dinero.
El mejoramiento, ampliación y modernización de los 910 kilómetros de la red carretera federal tiene por objetivo dar mayor seguridad a quienes transitan en ellas, no obstante, hasta este momento las obras están paradas.
Con Tren Maya habría daño en 10 áreas naturales protegidas
Se ha dado a conocer un estudio del Conacyt en el que se revela que el Tren Maya, causaría daños a 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y a sus servicios ambientales, como la recarga de acuíferos y su capacidad para capturar carbono. Lo alarmante del caso es que este estudio estaba listo desde el año pasado y desde entonces había sido ocultada su información.
El estudio señala que el mega proyecto del gobierno federal,implicará la destrucción irrecuperable de 1,288 sitios arqueológicos, vulnerando así, los derechos de 146 mil indígenas, puesto que las tierras aportadas para el proyecto y sus polos de desarrollo jamás podrán ser recuperadas.
Por otra parte, el empleo que se generaría será precario y temporal, mientras que se prevé que podrían aumentar delitos como el narcotráfico o la trata de personas.
Resumen del documento
“Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles”, elaborado por un grupo constituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”:
El estudio es un análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el tendido de la vía del Tren Maya. A finales de septiembre de 2019, el Conacyt invitó a más de 30 investigadores para formar este grupo y estudiar las afectaciones a lo largo de los 1,500 kilómetros de vía.
Tras la convocatoria de la consulta, el 15 de noviembre de 2019 el consejo apremió a los investigadores para que entregaran el análisis, pues la información se difundiría antes del proceso, que se realizó el 14 y el 15 de diciembre de 2019.
No se dio a conocer antes de consulta indígena
El primer resultado fue enviado “entre el 10 y el 12 de diciembre”, pero el informe, en lugar de ser distribuido a secretarías y público en general, fue detenido. Este análisis consta de cinco documentos de 60 cuartillas cada uno y se hizo llegar un resumen ejecutivo a la Presidencia.
La consulta se celebró el 14 y 15 de diciembre de 2019. Votaron 100 mil personas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, pero en muchas de estas comunidades denunciaron, precisamente falta de información.
Por su parte la División de Derechos Humanos de la ONU dijo que la consulta no cumplió con los estándares internacionales y los votantes apoyaron la obra solo por la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
Conacyt no difundió la información
“Nos pusieron tiempos muy breves para cumplir con esa fecha, pidiéndonos que entregáramos algo. Y lo hicimos. Pero ahí se paró. Nos dijeron que era muy tarde y que ahora no querían sacarlo antes de la consulta para no influir”, dijo uno de los investigadores.
El Conacyt se comprometió a difundir la información el 17 de diciembre de 2019 y luego, en la tercera semana de enero de 2020, pero nunca lo hicieron.
Según el informe, este fue realizado para brindar “información a los diversos actores de la sociedad, del gobierno y de la academia que tienen interés o la responsabilidad de contribuir activamente a garantizar la prevalencia del bien público”; aunque aclara que no se dispone “todavía de estudios de infraestructura básica, impacto social, impacto ambiental y otros más específicos indispensables para estimar la viabilidad y pertinencia de un proyecto de esta envergadura”.
El trazo del Tren Maya se encuentra en la zona de influencia de “yacimientos petroleros del país y con una buena parte de los mineros”.
Mega proyecto une a constructoras de Q. Roo
Por otra parte, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Delegación Quintana Roo, Germán Gaitán Guerrero, declaró que empresarios locales creando alianzas para competir durante las licitaciones por el Tren Maya.
Explica que se están conformando consorcios para lograr la capacidad requerida para desarrollar la infraestructura que requiere un proyecto de esta envergadura, a fin de no quedarse fuera de los trabajos.
De este modo, esperan que durante es mes de marzo y abril próximo se emitan las primeras licitaciones, así como en el paquete de obras por alrededor de mil millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano que asignará el gobierno del estado.
UIF investiga operaciones bancarias sopechosas en Quintana Roo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que las operaciones bancarias sospechosas en Quintana Roo aumentaron siete veces durante el primer mes del año al alcanzar mil 242 reportes, de modo que ya han puesto en marcha un plan para investigar cada una de ellas.
De acuerdo con las estadísticas de la UIF, el estado se ubicó en la posición número 13 a nivel nacional en cuanto a este tipo de anormalidades, que refieren a clientes que cambiaron de forma abrupta su historial de transacciones.
Durante el 2019, las empresas o instituciones bancarias reportaron únicamente 178 casos de operaciones inusuales, pero en este inicio de año, la cifra se disparó en 597%, concentrando la mayoría de los casos en Benito Juárez, que se encuentra entre los 20 con la mayor alza.
Cancún en el top 20 de operaciones sospechosas
Las operaciones relevantes son aquellas que se hacen por un monto igual o superior a los 10 mil dólares y el municipio de Benito Juárez reportó durante el inicio de este año, siete mil 865 millones de pesos, que son 156 millones menos que el año pasado, pero con lo que se ubica en el top 20 con más operaciones sospechosas.
A nivel nacional, la UIF recibió 142 mil 87 reportes de operaciones inusuales, equivalentes a un aumento de 608% respecto al 2019 cuando solo fueron 20 mil 50. Este listado es encabezado por la Ciudad de México al concentrar el 34% del total de movimientos, con más de 48 mil.
Los reportes de los bancos hacia la Unidad de Inteligencia Financiera buscan identificar y combatir el lavado de dinero, el posible financiamiento al terrorismo, narcotráfico y, por ende, es una obligación de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita.
Las autoridades tienen en su lista un total de 20 actividades consideradas como vulnerables al lavado de dinero, la cual encabeza los juegos y sorteos, las tarjetas de servicio y de crédito, las de prepago y los cupones.
