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Edifican una mansión en área protegida de Quintana Roo

  • Seis meses tardaron en la construcción, en Tulum

 

Tardaron seis meses, en construir una residencia de lujo, en una zona legalmente prohibida de Tulum.

 

Tardaron seis meses, en construir una residencia de lujo, en un terreno ubicado un lugar en una zona legalmente prohibida, a un costado de la muralla del Parque Nacional Tulum (PNT), declarado como Área Natural Protegida, razón que no les impidió seguir con la obra y culminarla en plena pandemia.

El decreto, de carácter expropiatorio emitido para esta zona, impide construir dentro del polígono de 664.32 hectáreas, desde 1981, no obstante, la obra siguió y ya fue concluida. Cabe mencionar que otro decreto presidencial del 8 de diciembre de 1993, declara el sitio como Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, de modo que aumenta la superficie de la poligonal a 692 hectáreas.

La zona emplazada sobre un acantilado junto al mar, preserva numerosos vestigios, como el centro cívico ceremonial rodeado y protegido por una muralla única en su género y un edificio piramidal mundialmente famoso, conocido como “El Castillo”.

Viola diversos acuerdos de protección ambiental y cultural

Aunque el propietario de la residencia, identificada como Casa Km 8, dice tener todos los permisos en regla, la construcción de esta mansión al pie de la costa y colindante con una muralla arqueológica, viola un acuerdo de destino registrado el 15 de diciembre de 2007, a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que le confiere la administración de 184 mil 409 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre, adyacentes al PNT, para efectos de protección y conservación ambiental, en particular la que protege a la tortuga marina, característica de esta reserva.

Por otra parte contraviene las disposiciones de la Mega Reserva del Caribe Mexicano, Área Natural Protegida (ANP) decretada el siete de diciembre de 2016, invadiendo una subzona no apta para el desarrollo urbano y sujeta a protección de las playas en incluso la zona rocosa intermareal, como ecosistema de “importancia alta” para la flora y fauna.

Dado lo anterior la construcción de la “Casa km 8” fue denunciada por la Dirección del Parque Nacional Tulum, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde noviembre del 2019, sin éxito, pero las obras prosiguieron.

Hay varias denuncias ante la FGR

Fernando Orozco Ojeda, director del PNT, informó que hace unas semanas, al retornar a la zona de los guardaparques se percataron de que la mansión estaba terminada y custodiada por gente armada.

“Nosotros lo denunciamos a la Profepa cuando estaban en obra negra y dimos vista a la FGR, que tiene oficinas en Playa del Carmen; recientemente volvimos a la zona, que es de difícil acceso y ¡oh, sorpresa! la casa está terminada”, señaló.

Este caso forma parte de 27 denuncias acumuladas en cinco años, interpuestas por la Conanp ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la construcción ilegal dentro del polígono, dentro del cual no deben existir propiedades privadas, pues la superficie fue expropiada por la federación mediante decreto presidencial del 23 y el 30 de abril de 1981, vigente, que lo declara Parque Nacional.

Entre los hoteles denunciados se encuentran: Hotel Acuario, Poc Na, Kai, Kore Tulum; el Club de Playa Santa Fe, el Boa Beach Tulum; el restaurante bar y camping, Revolución Pancho Villa; la Casa Miramar, antes Mayan Grill o Nachos Grill; el hotel Playa Paraiso, el Dreams Tulum, el Playa Esperanza, el Club Villa Pescadores, el Mezzanine; el hotel boutique-restaurante y spa Mi Amor; además de una casa privada y dos inmuebles a nombre de particulares.

Todos, tienen algún documento bajo el cual se amparan: Alguna anuencia de uso del suelo, alguna licencia de construcción municipal y se les ha notificado que existen acuerdos de revocación, solicitados por la Conanp y la propia FGR.

Es Parque Nacional desde el 2011

La zona fue reconocida como Parque Nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 12 de mayo de 2011.

La validez del decreto como Parque Nacional fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 12 de mayo de 2011.

Anteriormente el 28 de mayo de 2008, el gobierno había aprobado en sesión de Cabildo, la actualización de su Programa de Desarrollo Urbano (PDU), instrumento de  planeación que pretendía densificar dentro de la poligonal del Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum, invadiendo competencias de la federación.

El pretexto era que, al haber hoteles construidos ahí, se necesitaban fijar límites y reglas urbanas, por lo que se pretendió incorporar el Área Natural al centro de población y permitir la construcción de umbrales, pero en su sentencia del 2011, la Corte desechó los argumentos del municipio. Dejó sin efecto el PDU dentro del Parque Nacional; validó los alcances del decreto y la correcta ubicación del polígono; y señaló que, si bien existen hoteles en su superficie, no poseen un título legal.

De modo que los poseedores no tienen derecho alguno, “por tratarse de bienes nacionales, inembargables e imprescriptibles, y por tanto, dicha ocupación ilegal no puede generar derechos adquiridos a favor de sus ocupantes. Deberá ser la federación la que resuelva la situación de las construcciones y los asentamientos humanos, haciendo una revisión conforme a derecho”.

Orozco Ojeda arma dijo que existió un reconocimiento del pleno del máximo tribunal del país, en torno a que desde 1981 el único propietario y poseedor legítimo del Parque Nacional Tulum es la federación, el problema es que, pese a los decretos, a la sentencia, al acuerdo de destino y a otras restricciones, la construcción de inmuebles dentro del Parque, persiste, y las autoridades municipales siguen emitiendo esos permisos.

Inmuebles clausurados reabren de forma impune

Si bien, los inmuebles han sido clausurados por la Profepa, los propietarios cambian los nombres comerciales de los hoteles y reabren, provocando el desorden que prevalece en el polígono. Mientras que la Procuraduría no se vuelve a aparecer y la reincidencia queda impune.

De acuerdo con el funcionario, el propietario de la residencia Casa Km 8, identificado como Rogeiro Dos Santos dice tener “todos los permisos en regla”, lo cual constituiría otra ilegalidad, debido a que ninguna autoridad debió entregarlos, pues no tienen autoridad legal para permitir las construcciones.

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