- Apoyo de asociaciones de derechos humanos en redes sociales
Organizaciones de derechos humanos, de la mujer y ambientalistas se unieron al reclamo de la antropóloga Silvia “N”, víctima de violencia dentro de la Fiscalía Especializada de atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género.
Cancún.– Abrazan el movimiento de apoyo en redes sociales “Todos Somos Silvia”, grupos de asociaciones y organizaciones de derechos humanos, de la mujer y ambientalistas, que se unieron al reclamo de la antropóloga Silvia “N”, víctima de violencia dentro de la Fiscalía Especializada de atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, en la FGE, que trabajaba como perito, y que fue agredida por Paola “N” coordinadora de peritos.
La agraviada, que luego de buscar por todas las vías necesarias su reinstalación, tuvo que hacer una denuncia pública para tratar de llamar la atención de quien optó por darla de baja, sin miramientos, ni consideraciones.
Los golpes en cabeza, oído, indignó a usuarios en las redes sociales, que condenaron dicha agresión, al considerar que nunca una fiscalía de ese tipo, deberá de tener gente violenta, sino sensible a las víctimas, que requieren especial atención para ser abordados.
A dicho movimiento social en redes sociales, se le sumaron diversas organizaciones y asociaciones que sin miramientos exigieron la sanción de quienes estuvieron involucradas en dicho hecho y no cumplieron con su trabajo, sin realizar una investigación a fondo y dieron de baja a la víctima.
Por lo anterior, las voces en contra se solidarizaron con la agraviada, al señalar que la violencia laboral, es una realidad en las instituciones públicas, en donde muchas veces los empleados se quedan callados, con tal de no perder su trabajo.
Funcionarios no cumplen el perfil
Eva Aguilar de López, presidenta de la organización no gubernamental del Consejo Estatal de Quintana Roo, aseguró que en la Fiscalía deberán “rodar cabezas”, pero no la de la agraviada, al violentarla no sólo una vez con los golpes, sino dos, al estar en el mismo lugar que su agresora, sin cumplir los protocolos de protección de las víctimas, y además despedirla.
Dejó en claro, que es evidente que el hilo siempre se corta por lo más delgado, y es el caso de la antropóloga, ya que su caso es un ejemplo claro de qué priva al interior de la Fiscalía Especializada de atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, donde en lugar de cobijarla y protegerla, la marginan, corren, y la dejan a su suerte.
La activista defensora de los derechos de la mujer, Eva Aguilar de López, precisó que lamentablemente en Quintana Roo, la alerta de género es una realidad, y que las instituciones como la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género no está preparada para coadyuvar en eliminarla, sino todo lo contrario, contribuye en fortalecerla.
Como mujer manifestó su preocupación por la actitud que asumen las autoridades, ya que existe una cadena de responsabilidades, que al parecer no se asumió como tal en la Fiscalía, sobre todo en la contratación de los profesionistas que están a la cabeza.
Dicha situación, dijo, se evidenció, con la dolosa postura que asumió la agresora Paola “N”, ya que la fiscalía especializada más que profesionistas, tienen a gente recomendada o falta de capacidad para la función que se le asigna dentro de una fiscalía donde se protege y defiende a la mujer.
Eva Aguilar de López, también representante de la Red Nacional de Mujeres Feministas, precisó: “Eso está muy mal, porque precisamente esa es una institución para prevenir todo tipo de agresiones, ya sea verbal o física y es inconcebible que ellos sean los que promuevan dichos hechos, con semejante agresión al interior de la fiscalía contra las mismas empleadas”.
Exigen seguridad para empleados
Gerardo Solís Barreto de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos A. C, sentenció que en la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género es un ejemplo claro de la violación de los derechos que tienen los trabajadores en Quintana Roo.
En virtud, que lejos de brindar dicha seguridad, sucede todo lo contrario, de ahí que como miembro de dicha organización exige mayores garantías para los trabajadores de las instituciones públicas y privadas, ya que es evidente que en la mencionada fiscalía, no existe un protocolo de atención a víctimas y si lo hay, “sólo es de papel”.
Recordó que la situación de “miedo laboral” se padece desde 2016, ya que del total de los casos el 91.2 por ciento, 32 mil 546 mujeres no levantaron queja o demandaron ante las instancias correspondientes, el 23.9 por ciento por miedo a las consecuencias o a las amenazas recibidas.
De acuerdo al listado, el 17.1 por ciento no hizo lo propio porque pensó que no le iban a creer, 20 por ciento porque no sabía cómo y dónde denunciar, 12.4 por ciento porque no confía en las autoridades, 14 por vergüenza, entre otros motivos
En el estado, insistió, hay más de 35 mil 686 mujeres de 15 años y más que sufrieron violencia emocional, física o sexual en el ámbito laboral, pero sólo el 8.8 por ciento tres mil 140 interpusieron alguna queja, según refleja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh).
De manera, que es condenable, que la mujer no se sienta segura, ni en su lugar de trabajo, sobre todo, si en la dependencia gubernamental donde está, se pide a toda la población vulnerable que acuda a ellos para que las mujeres víctimas de violencia se sientan seguras, protegidas, y denuncien a su agresor.
Toda forma de violencia contra quien sea un ser humano, hombre o mujer dijo es reproblable, y cuando viene de un servidor público es peor porque se supone que están obligados a trabajar sin violentar los derechos humanos de nadie.
Servidores públicos no deben callarse
El abogado Roberto Martínez, del Consejo Independiente Pro de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado De Quintana Roo, aclaró que trabajar en el gobierno, no los obliga a tener una mordaza, ya que de ser víctima de un delito pueden y deben denunciar.
