Violencia e ingobernabilidad

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

 

El vacío de gobernabilidad avanza inexorablemente en el país y se hace real la develación que hizo hace meses el Pentágono de que el crimen organizado controla el 40 por ciento del territorio nacional. Ese panorama de ingobernabilidad ha permitido el regreso de las autodefensas civiles como último recurso para enfrentar la violencia que genera el narcotráfico ante los nulos planes de seguridad del gobierno. Peligra el Estado de Derecho.

La inseguridad es el talón de Aquiles de la actual administración y no sólo enfrenta la peor ola de violencia de las últimas décadas, perdió también la gobernanza en muchos de los municipios del país, donde las funciones del quehacer público las ejercen los criminales. A la violencia política se sumó el financiamiento ilícito de las campañas y la imposición de candidatos hasta para gobernador.

Sin política pública de seguridad, el gobierno parece haber pactado con la delincuencia el dejarlos operar con libertad e impunidad a cambio de no afectar el orden social. Pero parece que la estrategia de “dejar hacer, dejar pasar” no necesariamente se ha traducido en paz social y ha deteriorado la gobernanza. Los homicidios dolosos -la cifra más alta en los últimos sexenios-, contemplan los ajustes de cuentas entre bandas rivales, pero cada vez es más alto el número de víctimas inocentes, población civil que es acribillada, ejecutada, desaparecida o simplemente como daño colateral en esta guerra por las drogas y el control de territorios.

Estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, entre otras entidades, han visto trastocada la vida cotidiana de los gobernados por escenas de asesinatos, secuestros, extorsiones, “levantones”, masacres, cobro de derecho de piso, control de vías de comunicación para condicionar el libre tránsito ante la mirada pasiva -si no es que cómplice-, de autoridades policiacas e incluso de gobernadores que sólo prometen dar seguridad parcial en carreteras con horario de día. Claudicó el poder civil frente a la acometida de un grupo de presión -el narcotráfico-, el cual se ha convertido en un poder de facto.

El fenómeno de la violencia contra la sociedad, especialmente el ciudadano de la calle y los empresarios y comerciantes hizo reaparecer la creación de las guardias civiles o autodefensas, las cuales se habían institucionalizado o desaparecido para participar en la política o aceptar cargos en la administración pública. Sin embargo, nuevamente hacen su aparición con el reclutamiento de niños de doce años hartos de ver cómo matan a sus padres, violan a las mujeres de sus aldeas, les roban sus tierras o los hacen huir. A los desplazamientos de comunidades enteras se suma la indignación que provoca en los agricultores -entre ellos los del aguacate-, la inacción de los gobiernos ante las extorsiones, el pago de cuotas por transitar con sus mercancías o de plano el robo de productos de que son objeto.

En el sureste mexicano se vive la masacre de indígenas, los conflictos entre comunidades, el despojo de tierras y el crimen que deja el paso de droga desde Guatemala, el dominio de la violencia por caciques y narcotraficantes ante la complacencia o vacío de poder de las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno.

A menos de la mitad del sexenio, la crisis de inseguridad que vive el país ha contaminado la gobernanza, el pacto social se resquebrajó en casi la mitad del país para permitir que el crimen organizado controle a los gobiernos, corrompa a las policías y a funcionarios para mantener la impunidad de sus actividades ilícitas. La estrategia de “abrazos y no balazos” solo debilitó el Estado de Derecho y le abrió las puertas a un “narcoestado”.

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