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Chetumal encabeza denuncias por el mal servicio en hospitales 

 

 Quejas ante Derechos Humanos del estado

 

  • Seguido por el HG Jesús Kumate Rodríguez de Cancún

 

El Hospital General de Chetumal encabeza las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por un mal servicio.

 

Chetumal.- El Hospital General de Chetumal encabeza las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) por un mal servicio, seguido por el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” en Cancún.

La Cdheqroo informó que el motivo de las quejas es por la negativa o inadecuada prestación de la atención médica a quienes llegan por diferentes motivos a los hospitales generales de la Secretaría de Salud del estado, seguido por la omisión de trámites y por un pésimo manejo en la entrega de medicamentos.

En este escenario, han sido 25 quejas presentadas por usuarios ante la oficina de Derechos Humanos en el estado del 1 de enero al 6 de julio del presente año; en primer lugar se tiene al Hospital General de Chetumal con 10 quejas, seguido del Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez con 9 y en tercer lugar, el Hospital General de Playa del Carmen con 3 quejas.

Por su parte, el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, el Hospital Comunitario de Bacalar y el Hospital General de Cozumel cuentan con una queja cada uno y Tulum, José María Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos no tienen quejas. De acuerdo con los datos obtenidos, las quejas suman 25 en su totalidad, pero los hechos violatorios suman un total de 37, debido a que una misma queja puede tener uno o más hechos violatorios.

Respecto a otros hospitales, la Cdheqroo también ha recibido quejas por parte de derechohabientes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero éstos no son de su competencia, sino de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH)

Que dinero de consulta popular
mejor se destine a la salud: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, exige que se ponga un freno al derroche de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la consulta popular para encarcelar a ex presidentes, e incluso, manifestaron que sería mejor que ese dinero se pudiera aplicar en salud y seguridad, dos urgencias que laceran al estado en los últimos meses.

Sergio León Cervantes, presidente de la Coparmex en el estado, afirmó que la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes es un gasto innecesario, ya que de manera generalizada, la sociedad clama justicia en contra de quien deba ser. “No hay necesidad de hacer una consulta, porque la respuesta de facto ya está, creo que además no solamente queremos que se enjuicie a los que se fueron, queremos que se enjuicie a los que están”, aseveró.

Asimismo, calificó de inaudito todo este procedimiento en medio de una crisis global “el tiempo y recurso que se aplicará para la consulta popular en un momento crítico económicamente y de contracción global es inaudito, cuando ese recurso podría destinarse en otras áreas importantes, como enfrentar los gastos de la pandemia por Covid-19 y el tema de inseguridad”.

Sobre ese último punto, comentó “la inseguridad ha flagelado al Estado desde hace varios meses, es algo a lo que no se le ha puesto freno y urgen acciones para combatir al crimen”. Y es que, por ejemplo, la semana pasada se dio el hallazgo de narcofosas en la delegación Alfredo V. Bonfil, además de los secuestros y robos que se han reportado.

“Sí se está avanzando en materia de seguridad, pero no al ritmo que nos gustaría como ciudadanos, pero es por el tiempo que lleva esto y que ha ido creciendo. El mensaje también es muy claro, necesitamos denunciar, si no denunciamos no podemos avanzar, ni podemos exigir que se resuelvan temas de seguridad cuando no hay quien los señale o denuncie porque les da flojera ir o perder el tiempo. Si no lo hacemos, las autoridades no pueden resolverlo porque no pueden detener a alguien y juzgarlo a menos que fuera en flagrancia”, explicó.

El Instituto Nacional Electoral había solicitado mil 499 millones de pesos para la organización de la consulta popular, donde se incluía la instalación de más de 104 mil casillas; sin embargo, el órgano electoral modificó la proyección a 890 millones de pesos y 91 mil casillas, es decir, casi el doble, lo cual ha despertado la inconformidad de muchos.

De acuerdo con Carla Humphrey Jordan y Uuc-Kib Espadas Ancona, consejeros del INE, afirmaron que este ejercicio democrático tendrá un costo aproximado a 528 millones de pesos, el cual se celebrará el próximo 1 de agosto.

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