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Las autodefensas, fracaso del Estado

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

 

El Estado claudicó ante el crimen organizado, cedió su función de preservar la seguridad pública —actividad primigenia de todo gobierno—, a los propios ciudadanos, quienes optaron por las autodefensas para sobrevivir y resguardar su patrimonio. Ante la ausencia de la autoridad civil, los propios grupos delincuenciales se arrogan la facultad de, engañosamente, dar protección a las comunidades, cuando en realidad buscan arrebatar territorios a cárteles rivales.

No sólo es Pantelhó, Chiapas o Pátzcuaro, Michoacán, antes fue la Nueva Jerusalén o Aguilillas, las guardias civiles o autodefensas brotaron en diferentes entidades del país, grupos armados de ciudadanos -mayoritariamente campesinos-, que frente a la pasividad de sus gobernantes optaron por darse ellos mismos seguridad ante el crimen organizado, la delincuencia común y caciques que buscan quitarles sus tierras e imponer liderazgos sociales o religiosos. Incluso han armado a niños de doce años, infantes desplazados de sus comunidades que fueron testigos del asesinato de sus padres y familiares, del despojo de sus pequeñas propiedades, incluso de la violación de sus madres o hermanas.

El pacto social obliga a la renuncia de un derecho natural, la defensa de la vida y la protección del patrimonio, pero ello exige del Estado garantizar y preservar esa seguridad e impartir justicia cuando se quebranta el derecho, con ello se erradica el paradigma de justicia de propia mano y el Estado se reserva para sí el uso legítimo de la fuerza. En un gobierno con seguridad y justicia no tiene razón de ser la existencia de las autodefensas, pero en México no es el caso. La profunda crisis de seguridad que padecemos desde hace décadas se ha recrudecido en la presente administración y ante la falta de políticas públicas eficientes que controlen el delito, el crimen organizado se ha empoderado y ahora controla el 40 por ciento del territorio nacional.

La sociedad no sólo sufre los efectos del narcotráfico y su violencia, también es víctimas de otros ilícitos como el secuestro, la extorsión, el pago de derecho de piso, las cuotas para poder transitar o trasladar mercancías en falsos retenes e incluso, como sucedió en Tamaulipas, pagar impuestos o tramitar licencias y permisos no en las tesorerías municipales o del estado, sino en plazas de grupos delincuenciales.

Ante ese panorama, en el que abdica el gobierno de su responsabilidad de dar seguridad, las guardias nacionales han llenado ese vacío de poder con los consecuentes excesos y violaciones a la ley que permite el sentirse la autoridad de facto.

El Presidente reprueba la existencia de las autodefensas y tímidamente reclama que nadie puede usurpar su responsabilidad constitucional e incluso se pregunta (sic) que quién los arma, cuando el propio gobierno sabe que otro flagelo que padecemos es el tráfico de armas, contrabando que pasa por las aduanas fronterizas y marítimas que él mismo controla. Recientemente un funcionario federal de la cancillería reconoció que cada año entran ilegalmente al país entre doscientas y doscientas cincuenta mil armas a México, mayoritariamente rifles y pistolas semiautomáticas, como los “cuernos de chivo”. Además, se registra la pérdida de miles de armas de fuego de corporaciones policiacas que se reportan como desaparecidas o robadas antes de ser asignadas a los uniformados. Todo mundo sabe quién arma a los cárteles y a las autodefensas, recordemos el fallido operativo “Rápido y furioso”, el cual perdió el rastro a numeroso armamento que se utilizaría para dar seguimiento a los criminales que las obtuvieran para su detención, o el caso del agente supervisor de la DEA que vendía rifles semiautomáticos al crimen organizado mexicano.

No se puede exigir al ciudadano que no haga justicia por propia mano, como en el caso de los linchamientos que se hacen con asaltantes de “combis” o de casas, cuando el gobierno ya falló en su responsabilidad de garantizar la seguridad.

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