Corre la voz
Jorge Castro Noriega
Señales emitidas la semana pasada, hacen indicar que la administración de Carlos Joaquín González, que acaba de empezar el último año de su sexenio, se concentrará en terminar de cerrar todos los expedientes judiciales abiertos en contra de ex funcionarios del gobierno antecesor de Roberto Borge acusados de corrupción, muchos de los cuales ya se creían a salvo por haber logrado libertad o arraigo domiciliario mediante el pago económico de la “reparación del daño”.
Más aún, el propio gobernador ha comenzado una serie de actividades presenciales en municipios como Solidaridad, marcado por una terrible inseguridad e impunidad oficial hacia el crimen organizado, para trabajar por primera vez de manera coordinada con la autoridad local, en este caso encabezada por la recién estrenada alcaldesa Lili Campos, luego de que por tres años la estulticia y la soberbia de la saliente Laura Beristain impidió cualquier trabajo conjunto con el estado y sus gobernados pagaron la factura.
Por eso, si alguien pensaba que la batida joaquinista en contra de ex funcionarios corruptos de la administración pasada ya había concluido o se había dejado a medias, lo mismo que se habría de desentender “porque ya va de salida” de los asuntos que reclaman justicia y seguridad de su gobierno, no podría estar más equivocado.
Dos temas retumbaron mediáticamente y van aparejados con la que parecer ser la intención de Carlos Joaquín de dejar perfectamente “planchados”, en lo jurídico y en lo legal, todos los casos de peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias y desvío y operación de recursos de manera ilícita, en los que salieron implicados un ramillete de colaboradores del ex gobernador hoy huésped de un penal federal de máxima seguridad en Morelos.
Primero, la ex titular de la estatal Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la era de “Beto” Borge, Paulina García, aprehendida al inicio del actual gobierno y liberada después de pagar 9 millones de pesos por concepto de reparación del daño, grabó y subió a sus redes sociales -en aparente estado de ebriedad- un vídeo acusando tanto al gobernador como a la fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva, de persecución política y hostigamiento judicial.
Despotricó, alterada y siempre con una cerveza en la mano -nunca se preocupó por esconderla, sino todo lo contrario-, contra ambos, asegurando que querían meterla de nuevo a la cárcel y advirtió que “no se dejaría”, que recurriría a todas las instancias a su alcance “para defenderse”. A ese grado el reto y la valentía tras el alcohol, de una ex funcionaria de un gobierno marcado por la corrupción y la impunidad, del que ella formó parte y salió con una denuncia encima de peculado por 39 millones de pesos, la cual ella creía que ya la había librado por tibieza o ignorancia de las autoridades judiciales.
Lo cierto es que si bien Paulina García pagó al estado esos 9 millones de pesos después de ser arrestada -junto con varios borgistas más- en los albores del actual gobierno, obteniendo con ello su libertad, también es cierto que ese procedimiento correspondió a un proceso únicamente administrativo y el proceso penal, como el de todos los demás, continuó su curso. Y hoy que la Fiscalía Anticorrupción está a punto de cerrar algunos expedientes, entre ellos el de la ex titular de la Seduvi, es que surgen esas incendiarias acusaciones en redes sociales, buscando distraer la atención y victimizar a quienes saquearon al estado.
Después, trascendió que la Fiscalía General del Estado libraría una orden de aprehensión en contra del ex presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero, quien al parecer está siendo investigado por un quebranto millonario al erario público y a quien, además, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera también le siguen los pasos por enriquecimiento ilícito. Incluso, se dice que la UIF ha bloqueado abultadas cuentas bancarias al ex magistrado.
Al respecto, el gobernador advirtió la semana pasada que a pesar de las amenazas que siguen en su contra y de su administración, su gobierno continuará llevando ante la justicia “a quienes se llevaron el patrimonio de los quintanarroenses durante la administración pasada”.
A decir del mandatario, “lo que se ha recuperado ha provocado el enojo de muchos”, pero no parece dispuesto a dejarse amedrentar por eso. Y menos cuando ya va de salida y parece enfocado en cerrar su sexenio cumpliendo con la que fuera su principal promesa de campaña: hacer cumplir la ley y aplicar la justicia a quienes saquearon a Quintana Roo.
En un hecho inusual, porque la obtusa Laura Beristain tomó el municipio como su hacienda personal y confrontó tanto al gobernador que deterioró a punto irreparable la relación con el Estado, Carlos Joaquín estuvo hace poco en Playa del Carmen para restablecer con el gobierno municipal los lazos rotos y revisar con la nueva presidenta, Lili Campos, todos los proyectos y programas que en coordinación pueden echar adelante para bien de los solidarenses.
Pero también, nos cuentan los enterados, para tender los puentes de comunicación entre el municipio y la FGE, a fin de iniciar sendas investigaciones en contra de la administración de la Beristain, que más que dirigir un gobierno comandó una rapaz pandilla de bandidos que asaltaron las arcas, lucraron con los recursos públicos, robaron millones con empresas “fantasma”, extorsionaron cuanto pudieron a ciudadanos y empresarios, pero lo peor, dejaron a todos a merced del crimen organizado.
Quienes creían que porque el gobernador ya va de salida y dejaría las cosas por la paz en materia de justicia, están sin duda equivocados.
Ese parece ser el “cerrojazo” que Carlos Joaquín pretende dar a su gobierno, por lo que no está lejana la posibilidad de que pronto veamos rodar cabezas de los pillos de antes y de las nuevas camadas.
Espacio hará falta en el Cereso para acomodarlos a todos.
