Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La violencia no para en el país, el crimen organizado se ha empoderado y somete a las autoridades locales en varios estados a pesar de las promesas de derrotar a los delincuentes, dar más seguridad y la negación en el discurso oficial de estar rebasados por las organizaciones delictivas.

Guerrero, Michoacán, el Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí son algunas de las entidades que se han ensangrentado en los últimos días consecuencia no sólo del ajuste de cuentas entre bandas rivales, sino de agresiones directas a militares y uniformados, además de la muerte, como daño colateral, de civiles inocentes.

Pero no sólo son las balaceras, también los bloqueos, la quema de autobuses y otros transportes, el incendio deliberado de negocios como la emblemática discoteca Baby’O en Acapulco, las amenazas directas contra jefes de policía y presidentes municipales. El mensaje es claro, no intervengan o no pacten con grupos contrarios. Infunden miedo a autoridades y agentes del orden, mantienen en la indefensión a los ciudadanos.

Es importante reflexionar sobre la idea de si nos acercamos a un Estado fallido o a un “narco-Estado”. Contrario a la narrativa gubernamental, el crimen organizado avanza en el control del país. Recordemos que hace poco, un alto funcionario del Pentágono reveló que al menos la tercera parte del país está en manos de los criminales. En las pasadas elecciones hubo denuncias de la intervención directa de narcotraficantes durante la jornada cívica y el control que ejercieron esas mafias sobre candidatos y votantes, incluso se denunció el apoyo a los ahora gobernadores de San Luis Potosí, Michoacán y Sinaloa, junto con aspirantes a los ayuntamientos. La violencia dejó 150 políticos muertos, sólo durante el proceso comicial. En menos de tres años han sido asesinadas más de 100 mil personas a manos de los sicarios y hay una cifra histórica de 100 mil desaparecidos.

Resulta difícil no creer en el desbordamiento de las autoridades, aunque estemos lejos de un Estado fallido. Lo que es una realidad es el fracaso de las estrategias de seguridad pública. Nada parece detener la incidencia delictiva ante la ausencia de políticas gubernamentales que devuelvan la tranquilidad y paz social que demanda la población.

Recordemos que enfrentamos no sólo el problema del narcotráfico, el crimen organizado también está detrás de la venta ilícita de armas, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el cobro por derecho de piso, la violencia política, las desapariciones, las masacres y descuartizamientos, entre otros delitos de alto impacto.

El Índice Global de Delincuencia Organizada informa que somos el cuatro lugar en criminalidad entre 193 países miembros de la ONU, sólo detrás de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar y lideramos el oprobioso ilícito de trata de personas en América Latina.

El feminicidio, no atribuible exclusivamente a la delincuencia organizada porque muchos de los presuntos responsables forman parte del círculo cercano de la víctima, es otra expresión de la violencia de género que se ha incrementado en los últimos años ante la impotencia de las autoridades.

Hay que establecer nuevas políticas públicas de seguridad y de integración social que ataquen realmente las causas que generan esa violencia. El diagnóstico lo tienen los expertos, pero los gobiernos no lo saben aterrizar. El combate a la pobreza es una de esas estrategias que se confunde con el paliativo de los programas asistenciales o el uso clientelar de éstos. Se debe reactivar la economía con la creación de más empleos, dar mejor educación y cumplir con los estándares internacionales de desarrollo, no sólo de bienestar. Corresponde también a la sociedad rehacer su tejido e inculcar valores éticos que formen a los nuevos ciudadanos. Gobierno y sociedad tienen la palabra.