Por la Derecha..!
Luis Ángel García
En México han asesinado a más de cien mil personas en medio sexenio y el gobierno federal responsabiliza de ello a las armadoras norteamericanos porque, según sus alegatos, la libre venta de pistolas, rifles y municiones en Estados Unidos ha facilitado la venta ilegal de armamento al crimen organizado en nuestro país. Sin embargo, ante la demanda interpuesta por las autoridades mexicanas en tribunales americanos, la armería Smith & Wesson —uno de los once fabricantes demandados—, solicitó la desestimación del pleito.
Efectivamente, al país entran de contrabando poco menos de medio millón de armas y muchas son utilizadas por la delincuencia y sus sicarios para enfrentar a las autoridades, cobrarles cuentas a cárteles rivales o pelear a sangre y fuego nuevos territorios, con la consabida muerte de miles de inocentes. Ante la falta de una política pública de seguridad y el fracaso de las estrategias para combatir al crimen organizado, el gobierno busca causas exógenas para repartir responsabilidades.
Una de las grandes libertades que más defienden los gringos es su derecho a portar armas para defender su vida y patrimonio, esa garantía individual permitió la venta al público sin restricciones. Eso abrió la puerta para que las mafias de ambos lados del Río Bravo hicieran un lucrativo negocio, el tercero más grande después del narcotráfico y la trata de personas. Pero de ello no tienen la culpa ni los armeros ni los compradores, quienes a través de la Asociación Nacional del Rifle protegen su enmienda y de paso inyectan recursos al financiamiento de políticos demócratas y republicanos.
Smith & Wesson calificó de vaga y sin fundamento la demanda del gobierno mexicano y exigió a los tribunales rechazar la demanda y desestimar las acusaciones, toda vez que no se ha podido establecer un vínculo claro del caso. Tal vez tengan razón los armeros, por lo que debiéramos voltear la mirada a lo que pasa dentro de nuestras fronteras. Reconocer la porosidad de nuestras aduanas y la corrupción que todavía impera en ellas y en las corporaciones policiales. Ese sería realmente un primer paso para avanzar en el sello de las garitas terrestres y marítimas.
Se debe instrumentar un verdadero sistema de inteligencia que detecte los puntos débiles en las fronteras y hacer trabajo de campo para interceptar las estrategias del contrabando, porque no solo son las once armerías americanas, también hay armamento israelí, alemán, italiano, checo y ruso, proveedor del muy demandado AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo.
Seguramente no prosperará la demanda mexicana, no solo -si ese fuera el caso-, por falta de contundencia jurídica, de elementos para valoración de los jueces, sino por la influencia política que tienen la Asociación Nacional del Rifle y los armeros mismos.
Nadie vendrá a resolver nuestros problemas, pensemos que hoy el crimen organizado es un problema de seguridad nacional y actuemos en consecuencia. Los propios militares americanos han advertido de la filtración de la delincuencia en el control político de buena parte del país y, si bien el armamento de contrabando ha elevado exponencialmente la violencia en el país, los ilícitos deben ser combatidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Para ello, es necesario no sólo erradicar la corrupción en las aduanas, sino en los cuerpos de seguridad pública, en las policías de investigación, los ministerios públicos y los propios jueces. Hay una evidente connivencia entre los representantes de la ley y el crimen organizado. A la limpia en garitas y comandancias se debe agregar una nueva estrategia de combate real a los delincuentes, sobre todo ahora que los Estados Unidos han obligado a México a aceptar la intervención directa de las agencias gringas en aras de una supuesta seguridad regional.
