Por la Derecha..!
Luis Ángel García
La policía en estado de indefensión. Los grupos de activistas y el propio senador y líder de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, exigen que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad porque, según ellos, es una figura jurídica de la que abusan las autoridades y los cuerpos de seguridad para encarcelar injustamente a los ciudadanos o cobrar venganzas por agravios personales. Envalentonados, los partidarios de la abrogación de este delito en los códigos penales no proponen una disposición que frene los excesos de particulares.
El objetivo de toda Constitución y sus leyes reglamentarias es poner un dique a los abusos de autoridad del poder público, desde el Presidente hasta el policía de la esquina. Sin embargo, como ciudadanos que queremos vivir en sociedad, renunciamos a nuestros derechos naturales y aceptamos en el pacto social las normas de todo Estado de Derecho. Ello implica, entre otras cosas, hacer justicia de propia mano y aceptamos que un aparato de gobierno la procure para mantener la paz y tranquilidad pública mediante el uso legítimo de la fuerza. Por eso existen, como en todo el mundo, los cuerpos de seguridad para mantener el orden y salvaguardar la vida y patrimonio de quienes viven en esa comunidad.
Los excesos que cometen los uniformados y las fuerzas armadas son sancionados por las mismas leyes civiles o por el fuero militar. En cualquier caso, son más rigurosas las penalidades para estos servidores públicos que con el resto de la población. Por ejemplo, un policía que comete un delito, al ser declarado culpable, recibe el doble de años de cárcel por su condición de uniformado.
Qué pasa cuando el ciudadano de la calle ofende, insulta, agrede a la autoridad, se le debiera remitir al Ministerio Público por ultrajes a la autoridad. Ello mantiene el equilibrio del pacto social. Pero, el paternalismo mal entendido de los nuevos gobiernos, el falso argumento de que no son represores y el vestirse con la túnica de demócratas ha permitido que el libre albedrío se convierta en excesos. Ello nos ha llevado a la crisis de gobernabilidad. Lo hemos visto con las feministas que lo mismo destruyen monumentos que comercios, agreden a particulares y policías sin consecuencias o los migrantes, cuyos actos vandálicos a su paso por el territorio nacional han dejado caos y enfrentamientos con las fuerzas del orden, quienes se llevan la peor parte. Cómo parar ese desorden.
Precisamente para evitar esos excesos ciudadanos con los representantes de la ley, se creó el delito de ultrajes a la autoridad. Muchos estados han eliminado esa conducta antisocial y dejado en estado de indefensión a las policías. Que hay excesos, sancionen a esos elementos, pero denles instrumentos que les permitan cumplir con su deber. Cuando se creó el Servicio Secreto para contener el delito, hubo muchos abusos, pero en lugar de castigar las conductas ilegales de los agentes, se optó por desaparecer a una corporación que contenía a la delincuencia. Lo mismo quieren hacer el legislador zacatecano y algunas organizaciones de la sociedad civil. No castigan las conductas ilegales de los uniformados, debilitan a toda una estructura que requiere del apoyo oficial y ciudadano para cumplir con su misión, preservar el orden y proteger al ciudadano y su patrimonio.
Es vergonzoso mirar como los estoicos policías capitalinos se defienden y defienden la plaza sólo con su entrega y un escudo de acrílico, emulando a los soldados de las legiones romanas. En otras partes del mundo, los mismos policías llevan armas con municiones de goma y letales, toletes, gases lacrimógenos, tanquetas de agua, carros blindados y tienen la orden de reprimir, de hacer uso legítimo de la fuerza para no dejar pasar a los manifestantes. Ciudadano que se resiste o agrede a la autoridad es llevado a la cárcel por ultrajes a la autoridad. Aquí, con el brete de que somos demócratas, libertarios y no reprimimos, se deja hacer y dejar pasar. No pongamos en estado de indefensión a los policías, está de por medio la gobernanza y la supervivencia del Estado de Derecho.
