• El compromiso es la planeación y ejecución de políticas públicas que tengan resultados positivos en la solución de problemas sociales

El acuerdo fue suscrito por el Ejecutivo del estado y los 8 presidentes asistentes y se contó con la presencia del secretario de Gobierno, Luis González Flores.

Chetumal.- Fueron ocho presidentes municipales con quienes el gobernador Roberto Borge Angulo se reunió en la Casa de Gobierno para suscribir el “Acuerdo para la Gobernabilidad Democrática y Corresponsabilidad Gubernamental en Quintana Roo”.

Ahí, los presidentes municipales de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña; Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo; Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez; Cozumel, Aurelio Joaquín González; Tulum, Edith Mendoza Pino; Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam; y Othón P. Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio, así como el presidente del Concejo Municipal de Bacalar, Francisco Flota Medrano.

Sólo faltaron los de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, y José María Morelos, Domingo Flota Castillo.

Los asistentes se comprometieron, entre otras cosas, a la planeación y ejecución de políticas públicas que tengan resultados positivos en la solución de problemas sociales.

El documento establece que el ejercicio de las competencias que se ejercen en la vida pública tendrán, como guía y límite, la observancia plena y absoluta de la ley, de modo que todo acto público quedará, invariablemente, sujeto al imperio de la normatividad que el pueblo, a través de sus legítimos representantes genere.

Parte del reconocimiento de la diversidad y pluralidad de ideas e intereses en la sociedad, que requiere la articulación interinstitucional e intergubernamental y la participación de los sectores de la sociedad, sin menoscabo de la autonomía y facultades respectivas para fortalecer la gobernabilidad y, sobre todo, favorecer la solución efectiva de asuntos de interés público en beneficio de los quintanarroenses.

Se expone que, con la finalidad de satisfacer las necesidades sociales, los recursos públicos deben administrarse  con eficiencia, eficacia,  economía y transparencia, con racionalidad y objetividad del gasto para apuntalar haciendas públicas sanas destinadas invariablemente para fines comunitarios, de tal suerte que posibiliten visualizar horizontes de bienestar y prosperidad.

“La eficiencia y la eficacia de la función pública deberán manifestarse en la gestión accesible y sencilla para el gobernado” y deberán expresarse  en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones, legítimas y legales de la población.

Además, se comprometen a impulsar la evolución de las instituciones públicas y de sus procesos.

El acuerdo parte de reconocer que gobernar es una cuestión compleja, que demanda agudeza para percibir el contexto histórico, claridad en las convicciones, en los valores y en la capacidad para responder a los retos que se nos presentan como sociedad.

“El ejercicio de gobernar requiere suma de esfuerzos y la realización de compromisos entre los diferentes órdenes de gobierno y de las instituciones públicas, para articular demandas e intereses de la sociedad.

Esta suma de voluntades no está acotada a tiempos ni circunstancias, ya que la responsabilidad es permanente mientras se esté en la función pública”, se explicó.