Los asesinatos que no paran

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

 

El problema de la inseguridad no sólo es de percepción, los datos duros testimonian que esta administración es la más violenta de los tiempos modernos y que registrará la tasa de homicidios dolosos más alta de los últimos sexenios.  En los próximos meses se habrá rebasado el número de asesinatos en toda la gestión de Enrique Peña Nieto y ya se superó la de Felipe Calderón, con todo y que se le atribuye la declaración de guerra contra el narcotráfico. La 4T está a menos de veinte mil muertes de rebasar las registradas en todo el peñismo y faltan dos años de gobierno.

Este régimen inició con 35 mil homicidios dolosos por año, y si bien en 2022 se redujo la numeralia a poco más de 30 mil ejecuciones, es todavía muy alto el porcentaje y la falta de una política pública de seguridad que funcione hace prever que será este sexenio el más sangriento.

El inicio de 2023 demuestra que hay un repunte en la violencia criminal; Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, el Estado de México, Sonora, Colima, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango, entre otras entidades, fueron escenario de varios acribillamientos, lo mismo masacres entre bandas rivales que militares de rango emboscados, políticos y servidores públicos de los tres niveles de gobierno asesinados, ex alcaldes, regidores y síndicos. También se han registrado daños colaterales como es la muerte violenta de niños o simples ciudadanos.

El empoderamiento del crimen organizado ha provocado un baño de sangre en todo el país, no en vano los altos mandos norteamericanos alertaron sobre el desplazamiento de las autoridades formales por la delincuencia en la tercera parte del país. Cuando no son asesinados los ediles, muchos renuncian por las amenazas de muerte recibidas, como es el caso de una munícipe de San Luis Potosí. La violencia política ha provocado el miedo ente candidatos y funcionarios, quienes han sido disuadidos o cooptados por las mafias ante la disyuntiva de plata o plomo. Acreditado está que, durante el proceso electoral de 2021, el crimen organizado financió campañas, amedrentó a aspirantes e impuso a muchos candidatos “triunfadores”.

El clima de violencia que se vive y la crisis de inseguridad que padecemos se refleja en la percepción ciudadana. La última encuesta del INEGI sobre el tema señala que casi 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades, Las mujeres son más proclives a sentirse poco seguras y coinciden, ambos sexos, en rehuir el uso de cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, los bancos y las calles por las que transitaban cotidianamente. Reconocen como detonadores del delito el consumo de alcohol en la vía pública y la venta y uso de las drogas en las calles. Según la encuesta del Inegi, la gente ha cambiado sus hábitos de conducta y ahora salen de sus casas sin joyas, poco dinero en efectivo y sólo una tarjeta de crédito, se trasladan en taxis de aplicación y no permiten que sus hijos salgan a la calle después de las ocho de la noche.

El periodismo no es ajeno a esta nueva normalidad, ya que el ejercicio de esta profesión es la más peligrosa en el mundo, y los asesinatos, secuestros y amenazas de comunicadores han creado zonas de silencio, es decir, por miedo al crimen organizado cerraron empresas de comunicación, los medios ya no cuentan con secciones policiacas ni cubren eventos de nota roja, además de que los opinadores procuran no escribir o comentar temas relacionados con el narcotráfico.

Esa es la realidad que ha dejado un sanguinario  crimen organizado y no hay una estrategia gubernamental que lo contenga.

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