Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El Inegi acaba de publicar la encuesta del último trimestre de 2022 sobre percepción de inseguridad y, como sucede con todas las estadísticas, todo mundo hizo sus interpretaciones. Más allá de la intencionalidad política que hacen los actores sociales, una realidad irrebatible es que casi siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades. Desde que el Instituto realiza este estudio demoscópico, esa es la media de percepción de inseguridad, salvo los picos que se han registrado en el último año de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, donde 9 de cada diez mexicanos se sentían inseguros.

Pero el promedio que se mantiene en esta administración sólo refleja que no hay una eficaz política pública de seguridad ni una estrategia efectiva para comunicar resultados exitosos, si los hubiera. Medios, analistas y autoridades se enfrascan en una guerra de cifras que lejos de comunicar, solo provocan infodemia y post verdad.

Más allá de la numeralia, lo que también es una realidad es que este sexenio pasará a la historia como el más sangriento, dado el número de homicidios dolosos que se han registrado en los primeros cuatro años de gobierno que, en el mismo lapso, superan ya los del de Atlacomulco y mucho más que los del michoacano. Los números pegan en la percepción y esta se torna realidad.

La encuesta del Inegi revela que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, aunque coinciden en los lugares donde se perciben menos seguros: los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, los bancos y las calles por donde transitan. Además, sobre todo el sector femenino, asocia como detonante del delito el consumo de alcohol en la vía pública y la venta y consumo de drogas en las calles. Los encuestados identifican como su fuente de información sobre la inseguridad a los noticieros de televisión, el internet y la trasmisión oral de los sucesos por vecinos y familiares.

Por esos resultados estadísticos, es obvio que no ha funcionado la estrategia de abrazos, no balazos y mucho menos la comunicación gubernamental más allá de los objetivos de adoctrinamiento de las mañaneras, donde se realiza un falaz modelo de infodemia y post verdad.

Sin duda, la violencia que genera el crimen organizado no sólo fomenta la percepción de inseguridad, sino que ha provocado un miedo social como no se había experimentado en años anteriores. En el periodismo ese miedo crea, cada vez más, zonas de silencio, es decir, los dueños de periódicos o editores han cerrado sus empresas o muchos medios ya no cubren la nota roja ni tienen secciones policiacas; reporteros y opinadores ejercen la autocensura y procuran no abordar temas relacionados con la delincuencia o el narcotráfico. El ciudadano de la calle también, por miedo, ha modificado sus hábitos de conducta: Sale sin joyas y poco dinero en efectivo, sólo usa una tarjeta de crédito, no saca dinero de los cajeros, no da permiso a sus hijos para salir después de las ocho de la noche, evita las zonas donde se vende o consume droga, usa los taxis de aplicación en lugar de autobuses urbanos, microbuses o automóviles de alquiler.

A menos de dos años de que concluya esta administración, pocos cambios se podrán realizar en materia de seguridad, sobre todo por el comienzo violento de 2023 y no se ve voluntad política de hacer uso legítimo de la fuerza, ni hay una estrategia para combatir las causas sociales que generan los delitos, ya que los programas asistenciales sólo tienen el objetivo de administrar la pobreza con fines electoreros, prueba de ello es que en cuatro años se han creado más de cuatro millones de nuevos pobres.