Robo de infantes, la cara más siniestra de la invasión a Ucrania

 

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, 232,000 menores de edad fueron evacuados de las zonas ocupadas por las fuerzas invasoras y trasladados a territorio ruso.

 

Vladimir Putin pretende terminar con la generación de sus padres ucranianos a través de la guerra y retener a los hijos para adoctrinarlos y convertirlos en rusos. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, hace un año, 232,000 menores de edad fueron evacuados de las zonas ocupadas por las fuerzas del Kremlin y trasladados a territorio ruso.

Ahora se sabe que al menos 6,000 de esos chicos –aunque se aclara que el número podría ser “significativamente mayor”-, de entre cuatro meses y 17 años, están retenidos en campos de reeducación y que cientos ya fueron dados en adopción a familias rusas. La gran mayoría de los niños son reclamados por familiares y guardianes legales en Ucrania.

De acuerdo al informe dado a conocer por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale (HRLY) y el Conflict Observatory, que el Departamento de Estado creó en mayo para documentar los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por las fuerzas rusas, los menores están recluidos en al menos 43 centros, entre ellos 12 que se utilizan como campamentos de verano de organizaciones estatales rusas alrededor del Mar Negro, otros 7 en la península ocupada de Crimea y 10 en torno a las ciudades de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo. Once de los campos están situados a más de 800 km de la frontera de Ucrania, incluidos dos campos en Siberia y uno en Magadan, en el Lejano Oriente ruso, cerca de la costa del océano Pacífico.

Al menos 32 de los campos, el 78% de los identificados en la investigación, “se encuentran comprometidos en esfuerzos sistemáticos de reeducación con el objetivo aparente de integrar a los niños ucranianos en la visión oficial de la cultura y la historia rusa”. El propio Putin habló varias veces en sus mensajes desde Moscú de su intención de “rusificar” a la población ucraniana. “Rusia lleva a cabo una política criminal consistente de deportar a nuestra gente. Deporta por la fuerza tanto a adultos como a niños. Este es uno de los crímenes de guerra más atroces. En total, más de 200,000 niños ucranianos han sido deportados, hasta ahora.

Son huérfanos de orfanatos. Niños con padres. Niños separados de sus familias”, denunció en septiembre el presidente Volodymyr Zelensky. “El Estado ruso dispersa a estas personas en su territorio, asienta a nuestros ciudadanos, en particular, en regiones remotas. El objetivo de esta política criminal no es sólo robar personas, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan regresar”, agregó.

Desde la invasión, varios funcionarios rusos de alto rango anunciaron a bombo y platillo el traslado de miles de niños ucranianos a Rusia para ser adoptados y convertirse en ciudadanos de ese país. La televisión estatal muestra la llegada de estos contingentes y a los funcionarios entregando ositos de peluche a los niños, que son presentados como “abandonados rescatados de la guerra”.

En el caso de los campos de verano denunciados por el HRLY, muchos padres fueron forzados a aceptar el viaje de sus hijos y una vez allí, les avisaron que ya no regresarían. Esto ocurrió en al menos cuatro campos, los de Artek, Medvezhonok, Luchistyi y Orlyonok.

En septiembre pasado, Putin firmó un decreto de urgencia para acelerar el proceso para otorgar la ciudadanía rusa a estos niños y para que sean entregados cuanto antes a familias rusas. También nombró a cargo de todo ese proceso a Maria Lvova-Belova, una cristiana ortodoxa fundamentalista de 38 años, casada con un sacerdote y madre de 17 chicos, 5 de sangre, 4 adoptados y 8 en custodia. El líder ruso pidió a esta funcionaria que ostenta el título de Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, que acelerará todo el proceso para “integrar” a los chicos ucranianos a su nueva sociedad. Algo que está prohibido claramente por la Convención de Ginebra, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por constituir un “crimen de guerra”.

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