“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Justo en el Día Internacional Contra la Corrupción, a puerta cerrada y modo “fast track”, la mayoría en el cabildo de Benito Juárez aprobó con nueve años de anticipación la ampliación de la concesión de agua potable en Cancún e Isla mujeres, a favor de la empresa Aguakán, perteneciente a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) por 30 años más, por lo que estará vigente hasta el 2053.
De esta forma se dio continuidad a un contrato de asociación en participación con el gobierno, pero sin garantías para el ciudadano, toda vez que Aguakán desde la suscripción de la concesión el 19 de octubre de 1993, con extinta vigencia hasta el 2023, atiende a los habitantes del área urbana de Cancún mediante “tandas” de agua y con un drenaje sanitario deficiente; por ello, residentes en colonias populares sufren cortes del suministro diariamente en punto de las 14:00 horas.
Además de no cumplir las necesidades de agua potable durante las 24 horas del día, desde 1994 a la fecha Aguakán ha invertido en la infraestructura para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento casi 2 mil millones de pesos, pero tiene ingresos que superan los 500 millones de pesos mensuales por facturación, incluidos los mil grandes clientes de la zona hotelera de Cancún.
Mediante un contrato leonino triunfó la estrategia de Aguakán de no liquidar sus créditos y financiamientos contraídos en la cobertura de los servicios antes mencionados, pues el título de concesión que finalizaba en 2023, en caso de extinguirse de manera prematura, le hubiera costado al erario estatal poco más de 2 mil millones de pesos, además que sería el gobierno quién liquidaría los créditos vigentes de bancos, financieras y de fomento; así, este escudo prevaleció con toda efectividad hasta la ampliación de la concesión por otros 39 años, considerando los ejercicios fiscales que faltaban por cumplirse.
Como efecto secundario de una infraestructura hidráulica caduca, tuberías con fugas y dosificación del servicio al grueso de la población existe un ejército de pipas de agua a domicilio con tarifas sin control alguno. Es mediante este tráfico de agua con camiones-pipa oficiales y “pirata” como persiste un negocio con ingresos superiores a los 230 millones de pesos mensuales, pues el traslado del agua a zonas de asentamientos irregulares o no es un pingüe negocio para choferes que en el mejor de los casos cobran un peso por litro, cuando la carga de diez mil litros de sus unidades les cuesta sólo 50 pesos.
Así, residencias con depósitos de agua con capacidad de 600 litros pagan conforme regateo de 500 a 600 pesos para que la descarguen las pipas, en una cadena de corrupción por omisión de controles de Aguakán y autoridades como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y Transporte, y Cofepris, no digamos cuanto pagan por el agua en locales comerciales que no pueden esperar el tandeo.
Mientras, el vocero de Morena en Cancún, Max Vega Tato, desconoció el voto a favor de esta ampliación de la concesión de Aguakán realizada en cabildo por la regidora Latifa Musa Simón, ex perredista recientemente afiliada a ese nuevo partido.
Vega Tato, a nombre de Morena, exigió que los actuales regidores de Cancún exhiban sus declaraciones patrimoniales “para verificar que no hay súbitos enriquecimientos inexplicables; también verificaremos legalmente los términos de esta concesión que mantienen bajo llave y lejos de la mirada de la opinión pública”.
En el mismo dilema se ubicó la presidenta del PAN en Cancún, Jessica Chávez García, por el voto a favor emitido por el representante de su partido en el cabildo, René Cicero, el cual no representó el sentir de los blanquiazules.
Jessica Chávez dijo que es un acto monumental de corrupción el hecho de que el cabildo prorrogó la concesión a DHC y por ende al organismo operador del agua en el municipio de Benito Juárez, “y no se le puede llamar de otra forma a una sesión privada sin justificar su secrecía, convocada en sigilo y celebrada con hermetismo en la cual se bloqueó hasta la señal de telefonía celular, se pusieron cerrojos y se apagaron micrófonos”.
Replicó que el tema de fondo es que los ediles no analizaron el cumplimiento de condicionantes del título; no valoraron el servicio que se presta que según la propia empresa es de calidad ISO 9001 y sobre todo no entienden que como representantes populares tienen que hablar por los ciudadanos.
“Cierto es que se han invertido más de 2 mil millones de pesos en 20 años en el agua potable, alcantarillado y saneamiento pero ¿Porqué esta inversión se refleja en silenciosos incrementos paulatinos y cobros excesivos e injustificados? ¿Quién responderá de los daños que causa la empresa a las vialidades y equipamiento urbano del Municipio? ¿Y quién sancionará a la concesionaria ante las quejas por servicio deficiente? Lamentable que esto lo haga el presidente municipal, Paul Carrillo, para beneficiar la cotización y oferta bursátil de Desarrollos Hidráulicos de Cancún”.
Por la parte perredista, miembros de la actual dirigencia estatal acudieron a la sesión privada de cabildo para apoyar el voto en contra de la regidora Nadia Santillán, en esta sesión donde también sufragó en contra el regidor por el Partido del Trabajo, Alejandro Luna, yerno del ex presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez.
Otro efecto secundario son la división de opiniones de representantes de los partidos de oposición, como es el caso de Mario Rivero Leal, ex diputado local del PAN que acusó: Cancún no merece más Aguakán, ya que la infraestructura la construye el gobierno del estado con más deuda y el ganón siempre es Aguakán. Eso hay que echarlo para atrás y es muy probable que nuestro regidor y presidente de partido estén relamiendo dinero fácil.
Isabel Cecilia González Glennie, otra militante panista, declaró textualmente: ¿nuevamente el PAN votó a favor?, ¿ahora qué explicación va a dar el regidor? Vamos procediendo contra nuestro representante en el cabildo, quien más bien, representa los intereses del PRI, ¡esto no es posible!, vaya acuerdo que aprobó el Cabildo en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, al alargar la concesión de Aguakán, concesionaria del agua potable hasta el 2053.
El agua en principio es un bien de dominio público, propiedad de la nación conforme el artículo 27 Constitucional, y es lamentable ver como el estado renuncia y cede un servicio público a particulares, por intereses ajenos a la población, a costa de tarifas onerosas que la ciudadanía está obligada a pagar y peor que se incrementan conforme la inflación, pero esto será motivo de análisis en otra entrega en punto de la Hora 14.
