- Capacitadores “recomendados” pagan su “cuota” a los encargados de contratación por órdenes de Julián Lara
Nimrod González
Se empieza a revelar el manejo turbio de los centros comunitarios de Cancún.
Cancún.-Los centros comunitarios de Sedesol, los cuales reciben una partida del gobierno federal y otra del gobierno municipal; se encuentran en el “ojo del huracán”, al descubrirse la extorsión y la corrupción que se da a sus adentros.
Estos importantes centros de capacitación, enseñan de forma gratuita a los ciudadanos que así lo requieran, con sólo una copia de su acta de nacimiento, IFE y recibo de luz, un oficio con el cual puedan mejorar su status de empleo.
Sin embargo, algunos de estos docentes y capacitadores, los cuales insistieron en el anonimato por temor a perder sus fuentes de ingreso, se quejaron de la forma de actuar de estos malos elementos, quienes son personal de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social municipal, la cual dirige Julián Lara Maldonado.
Comentan, que “a algunos capacitadores les dan de 3 hasta 5 centros comunitarios para enseñar en diferentes turnos, lo cual les otorga un ingreso de hasta 25 mil pesos, a cambio de entregar 10 mil pesos por la plaza”, al ser cuestionados si a todos se les pedía la misma cantidad de dinero, “entre el 30 y el 50 %” observó más de uno, así como de participar de acciones turbias, como el hurto de los materiales que deberían de ser usados para el taller y el “relleno” de listas de asistencia, ya que según los entrevistados “aunque los cursos deberían de ser impartidos a grupos de hasta 15 personas, éstas muchas veces no reúnen ni 5, así que son justificados con personas “fantasma” o de plano ni se dan”.
Ante este tipo de tropelías efectuadas en estos centros dedicados a una noble causa en beneficio de la sociedad, estos valientes trabajadores decidieron hacer de conocimiento público la situación para que el presidente municipal tome cartas en el asunto “para que evite estos abusos de Julián Lara y Lety Alarcón, así como de Julio Basto y Katy Burgos. Además de Paty Brito, quien es la encargada de la compra de los materiales que después desaparecen de estos 16 centros comunitarios y de capacitación”, comentaron indignados estos ciudadanos, quienes terminaron la entrevista resaltando que son más de 15 personas las que se encuentran en esta situación.
