• El primer mandatario señala que los tres niveles de gobierno deben asumir su responsabilidad en ésta y en otras agresiones que se dan en territorio nacional

Roberto Vizcaíno

 

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, intervenir inmediatamente en la localización y aprehensión de los responsables de la violación a seis turistas españolas en Acapulco.

“… casos como ese y otros más que se dan en el territorio nacional, nos debe ocupar a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a asumir plena responsabilidad y sobre todo, asumir y emprender acciones específicas que permitan que las instituciones encargadas de la seguridad pública actúen con mayor eficacia”, indicó.

Lo anterior lo dijo ayer luego de escuchar el informe de actividades correspondiente al año 2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, rendido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, y que en sí mismo fue una dura y pública condena a la parte final de la administración del panista Felipe Calderón.

Plascencia indicó que la guerra de Calderón contra el crimen organizado produjo en 2012 la muerte de 43 ciudadanos que nada tenían que ver con la delincuencia; en ese año agentes de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el mando de Genaro García Luna, fueron responsables de 4 desapariciones de los cuales uno resultó muerto.

En lo general el año pasado, relató el presidente de la CNDH, se presentaron violaciones a los derechos humanos que ya se creían erradicadas y en ese mismo período se recibieron 41 mil 662 quejas que motivaron 371 mil 522 acciones por parte de la CNDH.

“Cabe destacar que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron, durante 2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el órgano administrativo de prevención y readaptación social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina”.

Frente a estos hechos, el presidente Peña Nieto recordó que el compromiso central de su administración es el de lograr que la cultura de respeto a los derechos humanos permee al Estado nexicano y sus instituciones.

Y tácitamente se deslindó de su antecesor al indicar que el suyo sí es un gobierno al servicio de todos los mexicanos, con el compromiso indeclinable de garantizar el respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos.

“Por ello, reiteró la instrucción que he dado a todos los miembros del gabinete, pero de manera señalada al secretario de Gobernación, de mantener una estrecha relación institucional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, dijo.

Y como una muestra de esta voluntad, afirmó, está el objetivo básico de la nueva política de seguridad y justicia, que es el de armonizar sus acciones con la agenda de los derechos humanos:

“En primer lugar. Hemos puesto en marcha un Programa Nacional de Derechos Humanos, para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y establecer la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma a los derechos humanos.

“En segundo. Elaborar protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad en todo el país.

“En tercero. Depurar y reestructurar el Instituto Nacional de Migración, para procurar el respeto a los derechos de los migrantes de naciones hermanas y fortalecer la seguridad territorial.

“Y en cuarto. Instrumentar una política pública en materia de personas no localizadas, que contemple base de datos de información genética, protocolos de búsqueda y fuerzas de tarea especializada”, señaló.

Consideró que igual manera y dentro de esta misma línea e intención, la Secretaría de Gobernación trabaja para establecer el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

“Comencemos -dijo-, por hacer de los derechos humanos una cultura que permee al interior del Estado, de sus instituciones. Y se tome parte y que actuemos con responsabilidad y, sobre todo, un gran compromiso en alcance a esta nueva cultura que debemos asumir, ser parte de ella, de un estricto respeto a los derechos humanos.

“En el gobierno de la República estamos ya dando pasos importantes en este sentido. Una de las principales medidas que hemos tomado, ha sido transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los mexicanos. Esta nueva política tiene como uno de sus pilares, precisamente la protección y respeto a los derechos humanos”.

Peña Nieto comentó que otra de las acciones que ha iniciado, es la de aplicar un Programa Nacional de Derechos Humanos para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y establecer la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma a los derechos humanos.

En este mismo esfuerzo se encuentra, agregó, la elaboración de protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad en todo el país.

Y la orden de depurar y reestructurar el Instituto Nacional de Migración, para procurar el respeto a los derechos de los migrantes de naciones hermanas y fortalecer la seguridad territorial.

Otra decisión es la de instrumentar una política pública en materia de personas no localizadas, que contemple base de datos de información genética, protocolos de búsqueda y fuerzas de tarea especializada.

Un esfuerzo especial, dijo, se realiza alrededor de la reorientación de la política de seguridad en la cual el secretario de Gobernación, el procurador general de la República, los titulares de Defensa y Marina y todas las áreas vinculadas con la seguridad pública, han sostenido ya reuniones de trabajo con los gobernadores de las cinco regiones del país para coordinar objetivos y recursos en la lucha contra la inseguridad y la violencia, indicó.

Estos trabajos de coordinación tienen la intención de que todos actúen en el menor tiempo posible, para disminuir sensiblemente los índices de violencia que derivan, particularmente de delitos como el secuestro, como el homicidio y la extorsión, entre otros.

Hoy mismo, dijo el Ejecutivo federal, dentro de las mesas del Pacto por México se encuentra en visión un paquete de reformas legislativas que, entre otras, incluyan las siguientes:

“La Ley de Reparación del Daño, la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional sobre la Suspensión de Garantías; la Ley Reglamentaria del Artículo 33, para Normar y Acotar la Expulsión de Extranjeros; la Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para adecuarla a la reciente Reforma Constitucional; reformas a las constituciones estatales y al estatuto del Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de los derechos humanos; la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza Pública y la Legislación para Prevenir y Sancionar con Eficacia los Actos de Tortura y la Desaparición Forzada de Personas.

“Todas estas leyes y reformas serán pasos fundamentales para consolidar un Estado democrático, defensor y promotor de los derechos humanos”, concluyó.