Derecho de réplica
Yolanda Montalvo
En mayo del 2014 se consumó un acto de corrupción, que se caracterizó por el cinismo del actuar de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cancún, que era presidida por Alexis Zavala Ávila, organismo desde donde se perpetraron robos; el arma utilizada fueron juicios laborales de trabajadores fantasmas, con los que lograron apoderarse de propiedades millonarias y despojar a los verdaderos dueños; en este caso, los propietarios de tres hoteles; peor, las mismas prácticas se realizan en la gran mayoría de los centros de impartición de justicia, incluso en los juzgados civiles.
Después de tres años de lucha, por fin, ayer se restituyeron a sus verdaderos propietarios, tres hoteles de Tulum, de los que fueron despojados por una red de corrupción, patrocinada y solapada por el gobierno del estado, en el pasado sexenio de Roberto Borge Angulo, ahora preso en Panamá y en espera de su extradición a México.
Cronología de un despojo no anunciado
El 30 de enero de 2012, sin registro de oficialía de partes, es decir, no se ingresó de manera formal y normal la querella, se integró el juicio laboral número 138/2012, en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, con sede en BJ.
En esa querella, los supuestos trabajadores demandantes fueron: Samuel Aguilar Ibarra, Omar Homero Tijerina Herrera, quienes aseguraron haber sido despedidos injustificadamente y que tenían un sueldo mensual de 753,234 pesos. ¡Eso ni Obama lo ganaba!
El caso, que este par de pillos, Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera, establecieron un juicio laboral, no contra los dueños de los hoteles, sino contra el tamaulipeco Carlos Amador Treviño Lozano, quien también ha participado en otros actos de corrupción, para apropiarse de inmuebles y dinero de terceros.
El tamaulipeco Carlos Amador Treviño Lozano, habría falsificado documentos notariales para acreditarse como el representante legal de la supuesta empresa -esta, constituida de manera falsa- propietaria de los tres inmuebles.
Fue Treviño Lozano quien ofreció un “amable” acuerdo con los trabajadores, Samuel Aguilar Ibarra, Omar Homero Tijerina Herrera y de manera inexplicable ofreció pagar 200 millones de pesos en 5 días y una pena de 35 mil pesos por día que no se cumpla el pago total, monto que, por supuesto no pagó nunca, con la finalidad de perpetrar el despojo de las propiedades.
El robo descarado
Sin conocer la existencia del juicio laboral número 138/2012, del que no fueron notificados nunca, ni de la existencia de un acta constitutiva donde, bajo el poder de un solo sujeto, estaban las tres propiedades, los dueños de los tres hoteles: Playa Azul, ubicado en la parcela 1959, Cabañas Puerta del Cielo, sito en la parcela 1958 y Cabañas Ixchel, en la parcela 2042, fueron desalojados el día 23 de mayo de 2014, para entregarlos a los trabajadores demandantes, como pago de su acuerdo firmado con Carlos Amador Treviño Lozano.
Tal vez recuerde usted el incidente, porque los huéspedes que se encontraban en esos centros de hospedaje, tuvieron que ser reubicados, pues los sacaron con sus maletas a la calle con la fuerza pública.
El desamparo
Los legítimos dueños de los hoteles que juntos tenían un valor aproximado de 28 millones de dólares, Joel Tovar, Pedro Hernández y Nuevo Centro de Población José María Pino Suárez, desconocían la existencia del juicio laboral número 138/2012, y en su vida jamás habían visto o escuchado de los supuestos trabajadores Samuel Aguilar Ibarra, Omar Homero Tijerina Herrera y mucho menos de la existencia de Carlos Amador Treviño Lozano, como su representante legal.
Sin embargo, les quedó muy claro que, para haber perpetrado el robo de sus hoteles, los ladrones tenían el apoyo del gobierno del estado, encabezado por Roberto Borge, a través de la falsificación del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral, para proteger a espurios trabajadores de falsos dueños.
Red de ladrones
La red de corrupción que se articuló durante el mandato de Roberto Borge y que, por desgracia, algunos funcionarios, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios pretenden mantener activa hasta la actualidad, maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares, para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor, muchas de esas propiedades aún no se recuperan.
La estrategia fue montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad, y al menos una notaría pública a través de juicios civiles exprés.
Los protagonistas de la red: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila, y el ex director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ahora magistrado, Carlos Lima, quien la actual legislatura no tuvo la capacidad de remover del cargo, pese a ser, su nombramiento, parte del llamado “paquete de impunidad”. Todos ellos, impunes, en la calle, disfrutan de su botín.
Tras cuentas bancarias
El esquema de despojo también se realizó mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió a las empresas Pochteca y Planigrupo, registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, que no tenían trabajadores en Quintana Roo, pero que, por medio de juicios laborales de los cuales nunca fueron emplazados, les fueron congelados sus recursos y de manera cínica sustraídos millones de pesos, para pagar laudos a empleados que interpusieron querellas, ¿dónde cree usted? , claro, en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, con sede en BJ, que era presidida por Alexis Zavala Ávila.
Aunque los empresarios trataran de hacer algo en su defensa, el modo de operar en la Junta Especial 2 de Conciliación y Arbitraje, fue negar todo acceso al expediente de los juicios, con excusas estúpidas e incluso dar por perdedizos los expedientes.
Lograron justicia
De regreso al caso de los hoteles de Tulum, una vez desalojados los posesionarios originales, Joel Tovar Arcos, Pedro Hernández Ramírez y Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, interpusieron un amparo indirecto en el Juzgado 2º. de Distrito el 29 de noviembre de 2016, el cual ganaron.
En respuesta, los supuestos trabajadores, Samuel Aguilar Ibarra, Omar Homero Tijerina Herrera se inconformaron y solicitaron revisión, empero, el 29 de septiembre de 2017 se declara firme el amparo indirecto otorgado a los tres posesionarios originales que fueron desalojados el 23 de mayo de 2014 y se manda a que se les restituya propiedad a los originales dueños.
El mismo sistema
No son las Juntas de Conciliación y Arbitraje los únicos lugares desde donde a golpe de corrupción, se perpetran robos descarados a inversionistas de este estado, pues en los juzgados civiles el sistema es el mismo, inventar juicios civiles de usucapión para despojar a dueños de predios que cuentan con escrituras públicas.
Las quejas que existen en el Supremo Tribunal del Estado, que ahora preside el magistrado, Antonio León Ruiz, son muchas y es tiempo de que, al igual que en las Juntas de Conciliación, quede al descubierto la clase de jueces que tienen los juzgados de Quintana Roo, que manejan a su antojo y conveniencia la ley. Tantán.
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