Gobernador decide abrogar en Puebla la letal Ley Bala

  • Cientos en las calles exigen la renuncia de Moreno Valle con la leyenda de “¡Asesino de niños!”
José Luis Montañez

 

El pequeño asesinado durante una manifestación en la carretera Puebla-Atlixco, fue velado y sepultado.

El pequeño asesinado durante una manifestación en la carretera Puebla-Atlixco, fue velado y sepultado.

Ayer fue enterrado el niño José Luis Tehuautli Tamayo, primero herido y al final muerto por una bala de goma disparada por la policía poblana durante el enfrentamiento del 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco entre efectivos estatales y manifestantes de el pueblo San Bernardino Chalhuapan.

Al menor de 13 años de edad, el proyectil le destrozó el cráneo y le produjo la muerte cerebral por varios días hasta que se produjo su deceso.

En la plaza principal de esta comunidad del municipio de Santa Clara Ocoyuca, más de mil personas entre hombres, mujeres y niños participaron en la misa de cuerpo presente que se convirtió al final en mitin.

En tanto, el Congreso del estado se hizo cargo de la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle para abrogar la llamada Ley Bala, que primero fue turnada a comisiones para su análisis.

El gobernador envió la víspera al Congreso local su iniciativa para abrogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, según reveló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien consideró que había consenso entre los diputados para abolir la norma local.

Dicha ley, mejor conocida como Ley Bala, fue aprobada por la LIX Legislatura apenas el pasado 19 de mayo. La propuesta del mandatario fue incluida en el punto 16 de la orden de la sesión ordinaria de la Cámara poblana prevista para el día de ayer.

La decisión de Moreno Valle Rosas se dio dos días después de la muerte de José Luis Tehuatlie, un proyectil aún indeterminado por las autoridades judiciales. Para realizar la investigación del caso, la Procuraduría de Justicia tiene “la coadyuvancia” de la Procuraduría General de la República. En cambio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí ejerció su facultad de atraer el caso y realiza por su cuenta una indagatoria.

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