• Cobraban hasta 150 mil por cada niño

Vadimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López están implicados en tráfico de menores en el DIF estatal.

El procurador de Justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich, informó ayer que ya fue girada la orden de aprehensión contra Vadimir Alfredo Arzate Carbajal, quien se venía desempeñando como subprocurador de la Defensa del Menor y encargado de la Línea “Protege”, al ser descubierto un tráfico de menores en el DIF del estado.

También hay orden captura contra José Manuel Hernández López, quien trascendió que se desempeñaba como Asesor Jurídico del Sistema DIF Estatal y en la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Ambos funcionarios están implicados en la venta de al menos nueve recién nacidos, quienes fueron ofertados a familias que esperaban adoptar a un niño y pagaron hasta 150 mil pesos.

Explicó que se trata de una banda dedicada a la compra-venta de niños y que producto de la investigación realizada por su dependencia han sido consignadas 16 personas involucradas en estos ilícitos.

El procurador Navarro Sugich hizo un llamado a las mujeres que fueron despojadas de sus hijos para que se presenten a reclamarlos, puesto que se desconoce quiénes son esos niños que han sido cambiados de identidad.

El negocio se realizaba despojando a las madres con “vulnerabilidad transitoria” (mujeres migrantes), con problemas de adicciones o jornaleras agrícolas, a quienes primero se les aceptaba que dejaran a sus hijos en las estancias del DIF y luego se les comunicaba que los menores se habían fugado, porque éstos habían sido vendidos.

El procurador señaló que hasta el momento hay nueve casos comprobados y fincadas las responsabilidades penales por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como por sustracción y tráfico de menores.

Los 16 consignados es porque compraron menores, cuyo ingreso era anotado en forma irregular ante el Registro Civil de Sonora y cuyos padres adoptivos pagaron montos que oscilan entre los 80 mil hasta los 150 mil pesos y otros pagaron sólo 15 mil pesos por obtener el aviso de nacimiento, con lo cual pudieron registrar a su nombre a los menores adquiridos.

El descubrimiento de la banda se hizo desde el 18 de marzo pasado, y fue hasta ayer que se giraron las órdenes de aprehensión contra dos de los directamente involucrados como producto de una denuncia anónima sobre las irregularidades que se presentaban en los procesos de adopción.

Se han comprobado los registros ilegales de los niños en las oficinas registrales de Hermosillo y Nogales.

Hasta el momento, ambos funcionarios inculpados permanecen libres y ya tramitaron un amparo, porque la PGJE no ha podido ejecutar la orden de aprensión por los delitos de incumplimiento de un deber legal, que conlleva una penalidad de 1 a 8 años de prisión e inhabilitación de 1 a 5 años para ocupar cargos públicos; suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante cuya pena va desde 6 meses hasta 6 años de cárcel; además de sustracción y tráfico de menores e incapaces, con una pena de 15 a 40 años de prisión.