- Grupo de Combate a la Ilegalidad
Alrededor del 17 por ciento del total de los cigarrillos que se consumen en México es de origen ilegal y de mala calidad.
En lo que va de este año, el Grupo de Combate a la Ilegalidad, integrado por la Cofepris y la Procuraduría General de la República (PGR), han asegurado 301 millones 459 mil 72 cigarros ilegales en el país.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recordó que en su página electrónica www.cofepris.gob.mx, en la sección “alertas sanitarias-productos del tabaco”, hay un aviso en el que se identifican 252 marcas de cigarros ilegales.
Con base en esa información, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR logró el más reciente aseguramiento en la Ciudad de México, con 27 millones nueve mil 600 cigarros.
Por su parte, la Cofepris realizó la dictaminación correspondiente de las piezas, concluyendo que son ilegales y, por tanto, se recomendó su destrucción, indicó en un comunicado.
Estas acciones se realizan en el marco de la campaña permanente Juntos contra la Ilegalidad, para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud de la población.
La Cofepris puso a disposición del público en general el número 01800 0335050 y el correo electrónico contactociudadano@cofepris.gob.mx, para cualquier denuncia relacionada con productos de dudosa procedencia que afecten la salud.
Las cifras
Alrededor del 17 por ciento del total de los cigarrillos que se consumen en México es ilegal, de mala calidad y dañino para la salud, proveniente de China, India y Vietnam.
De acuerdo con la Cofepris, entre 2010 y 2015 se decomisaron más de 206.3 millones de cigarrillos adulterados en 62 operativos, lo que representa una tasa de crecimiento de 515 por ciento, cuyo costo supera los 500 millones de pesos.
Advierte que en el país existen aproximadamente 11 millones de fumadores activos y el tabaquismo es responsable de 60 mil muertes al año por inhalación de cigarro. Los jóvenes son el principal mercado para las tabacaleras, añade.
En un reporte entregado a la Cámara de Diputados, expone que en noviembre de 2015, el Grupo de Combate a la Ilegalidad destruyó 46 millones 56 mil 970 cigarros ilegales en la aduana de Pantaco, pues dicho tabaco, normalmente, es consumido por niños y adolescentes, por su bajo costo, expone.
El documento -dado a conocer por la Comisión de Salud de la Cámara baja- establece que este mercado ilícito ha generado enormes daños al gobierno, a los consumidores, a fabricantes y a comerciantes legítimos.
Señala que si bien el gobierno federal ha realizado esfuerzos por erradicar esta problemática, hace falta redoblar el trabajo para combatir el tráfico de cigarros, ya que por esta situación se evaden impuestos, desestabilizan mercados y se perjudica la salud de los compradores.
Por ello, el pleno de los diputados solicitó a las secretarías de Hacienda, de Salud y la Procuraduría General de la República que, en el ámbito de sus atribuciones, hagan del conocimiento público las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.
Agregan que el consumo de tabaco es un problema de salud pública y que en la actualidad, el combate que las autoridades le dan al mercado ilegal de tabaco, afirman, es aislado, cuando se requieren acciones coordinadas, toda vez que la legislación carece de acuerdos específicos que asignen acciones puntuales en la materia a PGR, Cofepris y SAT.
La adecuada segregación de la mercancía ilícita asegurada, puntualizan, haría posible conocer las principales causas del mercado ilegal y, consecuentemente, su eventual eliminación. Con esa información se crearía un registro del destino final de la mercancía incautada.
Enfatizan que los registros y la segregación de los aseguramientos sólo pueden establecerse a partir de la coordinación entre las autoridades competentes y de la transparencia sobre el uso de la mercancía decomisada.
Quien está controlando este comercio ilegal son los cárteles de la droga, dijeron, y no se puede permitir que estos grupos utilicen este medio para financiar sus actividades, lo que pone en riesgo la seguridad nacional del país.
