Derecho de réplica
Yolanda Montalvo
Fuera del recinto legislativo, los diputados locales, Eduardo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Emiliano Ramos Hernández y José Esquivel Vargas y el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Fernando “Chino” Levín Zelaya Espinoza, quien ingresó la iniciativa de Ley de Movilidad, donde se aprueba la operación de plataformas digitales tipo Uber en Quintana Roo, se reunieron a puerta cerrada con los representantes de los taxistas de la entidad.
El objetivo, tratar de disminuir la inconformidad de los chafiretes contra la nueva legislatura, pues sin lugar a dudas, la entrada en operación de personas morales en el transporte público representará una competencia contra los taxistas que hacen y deshacen a su antojo con los usuarios.
Sin embargo, los choferes, encabezados por el enquistado secretario general del Sindicato de Taxistas de Isla Mujeres, Eduardo “El Wato” Peniche Rodríguez, pidieron, ante la inminente entrada de plataformas digitales, no quedarse fuera de la repartición del pastel y conformar una empresa, emanada de los sindicatos de martillos, que ofrezca el servicio vía celular.
Que hay varios concesionarios de taxis que si tienen dinero para poner en servicio un auto de más de 250 mil pesos (requisito que pone la nueva legislatura para operar), por lo que quieren ser también parte de una aplicación de transporte.
Empero, los autos que los taxistas conducen, en su gran mayoría, están en pésimas condiciones, ¿cómo es posible que ahora digan que pueden tener mejores unidades?
Pasarán factura
El asunto quedó claro, los taxistas ya dieron su brazo a torcer, aunque dicen que un grupo de eminentes juristas trabaja para los sindicatos y analizan con lupa la iniciativa de ley para evitar que “chamaqueen” a sus clientes; empero, en el momento en que pidieron tener su propia aplicación, aceptaron lo que venga.
Eso sí, los chafiretes salieron bien encanijados con los diputados priístas, pues como se sabe, los sindicatos de taxistas son una parte de la estructura del PRI, sin embargo, la bancada tricolor encabezada por el beliceño, Raymundo King de la Rosa, ni las manos metieron por apoyarlos, perooooooo, los martillos les mandaron decir que los esperan en la contienda política del 2018, que ahí ajustarán sus cuentas. ¡Abuelita tus chanclitas!
El turno de Uber
Más tarde, los mismos diputados, Eduardo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Emiliano Ramos Hernández, José Esquivel Vargas y el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Fernando Levín “Chino” Zelaya Espinoza, recibieron, también a puerta cerrada, a los directivos de Uber, Federico Ranero, director general de Uber México, Álvaro Gobela, director general de Operaciones, Miguel Rocha, gerente de Operaciones del sur del país y Eloy Cantú, director de Políticas Públicas de la misma corporación.
Los empresarios ya tenían su discurso repasado, pues antes, en Cancún, con el respaldo de Eloy Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y de Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer su postura contra la iniciativa de ley de transporte del “Chino” Zelaya.
Los de Uber alegaron que en 100 ciudades en las que operan, no se habían enfrentado a las condiciones que en Quintana Roo están por aprobarse, las que tacharon de discriminatorias tanto para los usuarios como para los operadores.
Argumentan que, por una parte, limitar el pago exclusivo con tarjeta, haría perder a operadores, y por supuesto a Uber, el 40% de sus ganancias. Por otro lado, que los vehículos deben tener un valor superior a los 326 mil pesos y menos de cuatro años de antigüedad, lo que dejaría fuera de la plataforma al 80 por ciento de los socios actuales con autos modestos. Otro 22% de los conductores no tiene los dos años de residencia en Cancún, requisito que la ley pedirá para expedir una licencia de conducir especial para estos.
Nada qué cambiar
Después de que los directivos de Uber vaciaron su pecho de todas sus inconformidades y amagaron a los diputados con que, de aprobar la ley del “Chino” Zelaya, la aplicación dejará de operar en Quintana Roo, lo que en consecuencia provocará la inconformidad de toda la población contra sus legisladores (…si… si… como no… así como paso con el asunto de la prerrogativas de los partidos, que nunca fueron destinadas a la reconstrucción de las casa y edificios afectados por el temblor de septiembre y nadie dijo nada)
Zelaya Espinoza respondió a los representantes de Uber que …naranjas, jijijiji… los requisitos que se establecen no violentan el libre desempeño de cualquier empresa en la entidad y que la iniciativa, no sólo busca restablecer el orden en materia de transporte, sino ofrecer a los ciudadanos, por primera vez en la historia de Quintana Roo, un marco normativo moderno que reconoce en la libertad de transportarse de las personas un derecho humano establecido en la Constitución. O sea, que los directivos de Uber se fueron con el mismo coraje que llegaron.
Aunque falta conocer el resultado de los foros de movilidad, a los que se espera asistan organizaciones sociales que puedan dar su opinión, por la respuesta del “Chino” Zelaya a los de Uber, todo indica que la legislación no tendrá cambios y saldrá de su análisis sin modificaciones.
Juicio sin acusado
Que la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Paula González Zetina, no se presentó a la comparecencia que tenía programada en el Juzgado Oral con sede en Chetumal ayer a las cuatro de la tarde, como acusada del presunto desvío de mil 56 millones de pesos entregados por Aguakan como contraprestación por la privatización del servicio de agua potable en Solidaridad, además de 560 millones de un empréstito adquirido ante Interacciones, dinero que se hizo humo en la pasada administración estatal.
Ahí se quedó esperando el director de CAPA, Gerardo Mora Vallejo, quien asistió como la parte actora, pues los abogados de González Zetina pidieron más tiempo para analizar los cargos en contra de su cliente, sin que se conozca cuando se reanudará ese proceso judicial.
Sin embargo, a lo más que llegaran a condenar a González Zetina es a seis meses de cárcel, 2 mil pesos de multa y la devolución de algo de lo que se perdió, selo digo por lo sucedido en el caso de Mauricio González Marrufo, quien salió bien librado de la cárcel después de malbaratar terrenos propiedad del estado a precios ridículos.
Como dijo el fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, para lavarse las manos de no tener a ex funcionarios tras las rejas: “los culpables de que se ejerzan penalidades ridículas en contra de funcionarios públicos, son los legisladores”, pues las leyes están hechas para que los políticos que asalten al pueblo, si los llegan a atrapar, salgan bien librados y hasta riéndose de los ciudadanos. Tantán.
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