“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

 

 

Actualmente, el BID está apoyando varios proyectos de datos abiertos, que van desde un paquete anticorrupción en México a iniciativas locales en Argentina y la capacitación de funcionarios en Costa Rica.

Los países también llevan adelante sus propias experiencias, tal como el gobierno mexicano lo está haciendo con una metodología de crowdsourcing desarrollada por la New York University.

Resulta que el auge del cibercrimen y la proliferación de las llamadas “noticias falsas” en las plataformas sociales han sembrado desconfianza entre muchas personas acerca de la revolución digital.

Sin embargo, las tecnologías que facilitan estos abusos también pueden ayudarnos a luchar contra la corrupción más efectivamente.

Incluso tenemos varios ejemplos en América Latina y el Caribe, donde las herramientas digitales se están convirtiendo en poderosos instrumentos para detectar desfalcos de fondos públicos y frustrar a funcionarios venales y sus cómplices.

Los procedimientos burocráticos complejos, con sus infinitos pasos y aprobaciones, crean espacios propicios para la corrupción. Las oportunidades para exigir u ofrecer sobornos se multiplican cuando los trámites se realizan en persona, como suele suceder en nuestra región.

Ante este problema, muchos gobiernos están simplificando y digitalizando sus procesos administrativos. Al automatizar los trámites y hacerlos online, le están cerrando resquicios al cohecho.

Uruguay, por ejemplo, está cerca de lograr la meta de que sus ciudadanos puedan iniciar el 100% de sus trámites por Internet.

Panamá lleva adelante un ambicioso programa para digitalizar 450 procesos gubernamentales. Argentina está avanzando en su objetivo de convertirse en un gobierno “sin papel”.

Simplificar trámites ha sido beneficioso para estos y otros países. Además de limitar la corrupción, reducir la burocracia puede fortalecer la competitividad y la confianza en las instituciones, algo que necesitamos urgentemente. A fin de cuentas, estos esfuerzos apuntan a satisfacer las crecientes expectativas de nuestros ciudadanos digitales.

La revolución digital está generando cantidades masivas de información que puede ser aprovechada por gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la toma de decisiones, los servicios públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Al abrir el acceso a sus datos, los gobiernos facilitan que los ciudadanos fiscalicen el destino de los fondos públicos. En Brasil, el Observatorio del Gasto Público utiliza herramientas analíticas de big data para detectar potenciales fraudes en las compras y contratos estatales.

En el 2015 revisó más de 120 mil  contratos, hallando inconsistencias en más de 7 mil 500 casos que involucraban un total de más de 100 millones de dólares en negocios. Uno de sus filtros incluso puede desvelar cuando un contrato ha sido dividido en partes más pequeñas para evitar los procesos de licitación más competitivos.

Blockchain es un ejemplo de las nuevas tecnologías digitales que están emergiendo y proliferando. Se trata de una base de datos distribuida, formada por cadenas de registros llamados “bloques”.

Como los datos en cada bloque están encriptados, son más difíciles de alterar, creando registros confiables. Blockchain es conocida como la tecnología que respalda a la moneda digital llamada bitcoin, pero también se está utilizando para registrar transacciones de propiedades y para combatir el tráfico ilegal de diamantes.

El BID está trabajando en un proyecto con la Aduana argentina y el Media Lab del MIT que usa blockchain para identificar y rastrear despachos de carga. Pero poco veremos de los potenciales beneficios de la revolución digital si nuestros países no se adaptan al cambio.

La tecnología no es una varita mágica que todo lo resuelve. Puede ser parte de la solución, pero su adopción debe ir de la mano de un esfuerzo más amplio para fortalecer nuestras instituciones y acumular capital cívico.

Lo anterior da pie a la edición por parte del BID del Manual de propuestas legales, técnicas y de políticas innovadoras, y una guía para su implementación, que ya puso disponible este organismo multilateral para los investigadores e interesados en el tema.

En otro rubro, le informo que Corboy & Demetrio inició seis demandas en nombre y representación de 11 pasajeros del vuelo 2431 de Aeroméxico que se accidentó luego de un intento de despegue en medio de una cruda tormenta con fuertes vientos, lluvias y granizo, el 31 de julio de 2018, en Durango, México. La aeronave, en ruta a la ciudad de México, chocó contra el suelo a tan solo unos kilómetros de la pista del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria.

Entre los 11 pasajeros representados por Corboy & Demetrio se encuentra una abuela, su hija y sus dos hijas menores; una madre y su hijo, y una pareja y sus dos hijos menores, además de otra persona. Todos ellos son residentes de la zona metropolitana de Chicago.

«Todas las personas de este vuelo tienen derecho a saber la causa exacta que hizo que el avión se estrellara. Un avión no se cae desde el cielo simplemente porque esté lloviendo mucho», dijo Thomas A. Demetrio, cofundador de Corboy & Demetrio.

La firma tiene casi 60 años de experiencia representando a pasajeros en importantes demandas por accidentes con aerolíneas, incluso las sucesiones de varios pasajeros fallecidos en 1960 cuando un jet DC-8 de United Airlines y un avión a hélice TWA chocaron en el aire sobre Nueva York, y esa oficina continúa siendo representante en muchos accidentes de aviación comercial y privada desde ese momento.

Sus antecedentes incluyen un acuerdo histórico por 25.2 millones de dólares por la muerte de una única pasajera en el accidente del vuelo 427 de US Air. La empresa tiene especial experiencia en choques en condiciones climáticas adversas, incluso el vuelo 4184 de American Eagle cerca de Roselawn, Indiana, en 1994, donde murieron los 68 pasajeros, y el accidente de helicóptero donde murieron la estrella de rock Stevie Ray Vaughan y otros miembros de la banda en 1990.

«El clima en cierta medida es siempre un factor importante en las operaciones de los vuelos. Sin embargo, la seguridad de las operaciones de vuelo depende del modo en que la aerolínea y sus pilotos monitorean, responden y reaccionan ante condiciones meteorológicas adversas, en el proceso de toma de decisiones previas al vuelo y durante el vuelo, con el fin de evitar un accidente», explicó el socio Francis Patrick Murphy.

Estos son los números legales de los casos: 2018L8430, 8431, 8433, 8446, 8447, 8448, interpuesto en el Condado de Cook. Tribunal de Circuito 6-8-18, en el medio oeste de Estados Unidos; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

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