Derecho de réplica
- El proyecto va más allá del Mando Único, afirma Alberto Capella Ibarra
Se quiere un desmantelamiento momentáneo de las policías locales, para que esos elementos se suplan por uniformados de la SSP.
A 51 días de su llegada, el nuevo secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella Ibarra, dice haber avanzado a pasos agigantados en sus planes de reestructuración, reorganización y limpia de la corporación que dirige y también de la Policía Municipal de Benito Juárez, donde ahora tiene las riendas gracias al Mando Único, al que cedió la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, después de que los uniformados corrieron a empujones a su jefe, Jesús Pérez Abarca.
La estrategia de seguridad que Capella Ibarra tiene en planes se resume en cuatro palabras “Policía de Quintana Roo”, que va más allá del Mando Único, que implica que el gobierno del estado tenga las atribuciones para “mandar” a las policías municipales.
Lo que Capella Ibarra quiere, es un desmantelamiento momentáneo de las policías locales, para que esos elementos se suplan por uniformados de la SSP, hasta por tres meses, tiempo en el que, los municipales recibirán capacitación y cumplan con los controles de confianza, de lo contrario, se irán de la corporación.
Todo va rápido, pero no tanto
Alberto Capella asegura que sus planes van muy rápido en el estado y que en un mes ha hecho lo que planeaba hacer en tres, que incluso, la revuelta que los policías municipales realizaron en Cancún, lo que propició la entrada del Mando Único, fue algo planeado, para que los corruptos sacaran la cabeza.
Sin embargo, hasta el momento, sólo Benito Juárez, de Mara Lezama, cedió en su totalidad su fuerza policial al estado; Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar e Isla Mujeres, están por hacer lo mismo.
En Puerto Morelos, de Laura Fernández, según Capella Ibarra, las pláticas para sumarse al Mando Único están avanzadas; sin embargo, en ese municipio, los policías municipales no llegan ni a cien elementos, con escaso armamento, y se sabe que la operación real de respuesta recae en la Policía Estatal, por lo que será un mero formalismo entregar el mando de sus oficinas.
En Othón P. Blanco y Solidaridad la cosa cambia, pues en la capital del estado, Hernán Pastrana Pastrana aún no logra meter en cintura a su cabildo y entrar al Mando Único tiene que ser aprobado por ese órgano.
El dolor de cabeza para Alberto Capella es Solidaridad, de Laura Beristain Navarrete, pues la alcaldesa no cederá el mando de su policía hasta que reciba la orden del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador o del que será responsable de la seguridad en el país a nivel federal, Alfonso Durazo.
Voluntad para ejercer mano dura
Cambiar las cosas de fondo y de forma es lo que se necesita para poner orden en la seguridad del estado, clave en la industria turística y que tiene el crecimiento económico y de empleos más alto del país, sin tener manufacturas de ninguna clase, sin embargo, esa “prosperidad” está amenazada, cosa en lo que concuerda el recién llegado jefe de la Policía Estatal, por lo que a la par de la implementación de elementos tecnológicos, lo relevante es cambiar el actuar de los policías.
La propuesta que presentará Capella Ibarra al Congreso será establecer de manera clara, hasta donde los policías pueden ejercer la fuerza, al detener a un delincuente, pues hasta hoy vemos como los derechos humanos benefician más a los infractores que a las víctimas y provoca impunidad, ya que cualquier detenido puede alegar haber sufrido agresión y salir libre como si nada hubiera pasado.
Tal parece que ahora, los policías deben de pedir permiso a los delincuentes para detenerlos y ponerlos en algodones, pues de no hacerlo así, los abogados alegarán anomalías en su detención y el juez su libertad.
Son cinco
Que son cinco grupos del crimen organizado los que operan en Quintana Roo, confirmó el secretario de Seguridad Pública del estado. Los tres cárteles más fuertes del país, un grupo delictivo local y uno formado de varias células, son los que mantienen en jaque a Quintana Roo.
El tiempo apremia, Capella Ibarra lo sabe, pues las ejecuciones en lo que va del año están por llegar a 500 y Quintana Roo no está para experimentos en materia de seguridad, las acciones deben ser contundentes y precisas.
Herramientas estratégicas
Pese a la llegada de 3,200 efectivos de la Policía Militar a Quintana Roo, Alberto Capella reconoce que aún no se les saca el provecho que se espera, pues es elemental primero limpiar las corporaciones policiacas; la realidad es que los elementos castrenses no deben ser enviados a patrullar con personal del cual desconfían, policías municipales que no tienen un historial limpio y que los pueden exponer a trampas con el crimen organizado.
La construcción de un centro de mando, C5, desde donde se tendrá el control de las policías y el monitoreo por medio de más de 3 mil cámaras que se instalarán en el estado, será parte fundamental de los planes en seguridad.
Sin embargo, más importante que la tecnología y los planes, es la limpieza de la corrupción de las corporaciones, tener policías capacitados y que cumplan con su trabajo, es mucho pedir con un sueldo de 9 mil pesos al mes, ¿Quién en su sano juicio arriesgaría la vida por ese sueldo?, además, los montos que paga un seguro de vida de un uniformado no supera los cien mil pesos.
Salarios dignos, prestaciones decorosas, capacitación y equipo adecuado serán necesarios para poder hablar de tener policías profesionales y eliminar la corrupción, de no ser así, los planes son puras buenas intenciones.
Sólo cuatro aspirantes a fiscal general
Fueron veinte los que, según el Congreso del estado entregaron sus documentos para ser considerados para el cargo de fiscal general del estado, pero aunque parezca increíble, sólo cuatro de esa veintena, han cumplido con todos los requisitos, los otros 16 sólo entraron a hacer bola.
Son los licenciados Leopoldo Martín Herrera Manzanilla; Leopoldo Cruz Navarro; Miguel Ángel Kim Martínez y Eduardo Morales Figueroa, que por el momento han cumplido con todo lo necesario.
Aunque, al resto, el Congreso les dio dos días para subsanar los requisitos que faltan, la realidad es que la mayoría sólo le hizo al maje, pues en dos días no van a reunir lo necesario, para lo que se necesitan años. Sin embargo, se espera que por lo menos otros dos cumplan con la entrega de documentos, pues la lista, que el Congreso debe mandar al Poder Ejecutivo, es de entre 6 a 10 aspirantes, para que de entre ellos, el gobernador elija a tres, los que se presentarán ante los legisladores, para que sean ellos los que designen quién se quedará con el tigre de la rifa: la Fiscalía General.
