Noruega, vía la ONU, aporta 25 mdd contra cambio climático

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

 

El gobierno de Carlos Joaquín brinda atención transversal y coordinada al tema de mitigación y adaptación al cambio climático.

 

La provisión de bienes públicos y de infraestructura es crucial para lograr crecimiento sostenido y desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe. Entre 2008 y 2017, el promedio anual de inversión en infraestructura fue del 3.5 por ciento del PIB regional, según un estudio difundido ayer por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

Sin embargo, la corrupción en infraestructura perjudica la provisión y sostenibilidad de estos bienes públicos. Las prácticas corruptas generan importantes sobrecostos, paralizaciones de obras, así como asignaciones injustas de recursos, precios inflados y cuellos de botella en públicos en la región se pierde anualmente por causa de casos de corrupción.

“Se calcula que un 10 y 25 por ciento del valor de los contratos públicos en la región se pierde anualmente por causa de corrupción en infraestructura”.

No existe una única solución a este problema. Los países de la región están implementando un conjunto de reformas legales y regulatorias para incrementar la transparencia en la gestión de las inversiones públicas, así como programas orientados a fortalecer la participación y el control por parte de los ciudadanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil.

En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción en infraestructura, uno de los asuntos que sobresalen es el rol crecientemente importante que están teniendo las nuevas tecnologías. Las TICs han demostrado tener un potencial disruptivo para fortalecer la gestión de los recursos públicos porque permiten ir más allá de la mera transparencia, y dotan a los ciudadanos de herramientas para el control social y la comunicación directa con su gobierno.

En el más reciente informe del BID, denominado “Tecnologías Digitales para la Transparencia en Inversión Pública: Nuevas Herramientas para Empoderar Ciudadanos y Gobiernos”, se analiza la pregunta clave en esta discusión: ¿Cómo las TICs pueden apoyar mejoras concretas en la inversión pública?

El diseño y la implementación de proyectos de inversión pública requiere la recolección, análisis e intercambio de diferentes tipos de información entre diversos niveles de gobierno. Esta es la base de la transparencia.

Las herramientas de gestión de información descriptiva y prospectiva como los paneles de control ayudan a que la información sobre el desempeño de los proyectos sea precisa, actualizada y accesible para los gestores del proyecto y los ciudadanos.

En este sentido, tecnologías como la nube son fundamentales porque permiten alojar herramientas de administración complejas, fomentar un entorno de innovación digital seguro para las instituciones y permitir un análisis granular de grandes bases de datos.

De hecho, diversas agencias del sector público en gobiernos como Chile, Estonia y el Reino Unido ya funcionan parcial o totalmente en la nube.

Los avances en analítica de datos, incluyendo la minería de datos, están expandiendo rápidamente las herramientas disponibles para someter un número masivo de transacciones a un escrutinio sistemático, y poder identificar riesgos de corrupción en tiempo real.

Por ejemplo, gracias a la plataforma colombiana MapaRegalías, el número de irregularidades en proyectos detectadas y remitidas a las instituciones de control en el país aumentó de sólo 57 en 2013 a más de mil en 2016.

En cuanto a sobrecostos, un experimento realizado en Perú demostró que la existencia de tecnología para el monitoreo social de proyectos de infraestructura contribuyó a reducir los sobrecostos en proyectos de obras a la mitad.

Las plataformas de georreferenciación de datos muestran la ubicación geográfica de los proyectos en un formato sencillo e intuitivo, lo que permite a los ciudadanos identificar dónde y cómo se gastan los recursos y, a la vez, ofrecer retroalimentación ciudadana a las instituciones.

La plataforma Incorruptible, en México, otorga a los ciudadanos la posibilidad de reportar peticiones de soborno, mientras que los residentes de Montevideo pueden solicitar reparaciones a las infraestructuras públicas que lo necesiten gracias a Por MíBarrio – con una tasa de resolución de aproximadamente 50 por ciento de las quejas emitidas.

La iniciativa regional del BID Mega Inversiones, cuyo objetivo es crear plataformas de gestión de información para mejorar la transparencia y la eficiencia de la inversión pública en la región, combina todos los puntos mencionados.

Primero, a través de estas plataformas actualmente a disposición del público en Paraguay y Costa Rica las cuales se construyeron sobre la experiencia de MapaRegalias en Colombia se ofrece información transparente de forma oportuna, confiable, y en un formato intuitivo. Segundo, la herramienta incluye tableros de control para una mejor gestión de proyectos y, además, se desarrolla a nivel regional en la nube. Tercero, se pueden añadir elementos de analítica compleja como business intelligence así como aplicaciones de big data y machine learning, en función de las necesidades del cliente.

Cuarto, contiene un sistema de participación ciudadana para recabar directamente la opinión de los usuarios de la plataforma sobre los proyectos.

Una vez que sabemos que la tecnología puede ser una herramienta efectiva para promover la transparencia y la gestión de los proyectos de inversión pública, conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿qué factores hay que tener en cuenta a la hora de implementarla?

En una segunda parte de este blog post nos focalizaremos en dar algunos consejos prácticos relacionados con la implementación de estas soluciones tecnológicas en la región.

Por otra parte, le comento que ayer sesionó la Comisión Estatal de Cambio Climático de Quintana Roo con el objetivo de identificar las oportunidades, facilitar, promover, difundir, evaluar, y en su caso aprobar las políticas públicas estatales en materia de cambio climático teniendo como principales ejes la mitigación, la adaptación y la vulnerabilidad. E identificar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en la Entidad.

De esta manera, el Gobierno de Carlos Joaquín brinda atención transversal y coordinada al tema de mitigación y adaptación al cambio climático, para lograr la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, y evitar la deforestación y la degradación de las selvas, manglares y dunas del Estado, expresó el secretario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo Arellano Guillermo.

Se informó que, durante la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF) realizada en San Francisco, California se dio a conocer los resultados de la ventanilla A del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con recurso proveniente del Gobierno de Noruega a través de la agencia NORAD. Respaldará la construcción e instrumentación de estrategias REDD+ en los estados miembros del GCF.

Los recursos alcanzarán al menos un monto de 25 millones de dólares, donde el Estado logró acceder a un recurso por 371,350 dólares para la implementación del proyecto: Generación de capacidades técnicas y financieras para implementación de estrategia jurisdiccional REDD+ (Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques) de The Nature Conservacy (TNC).

Este año el Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF), firmó un pacto sin precedentes: los 13 Principios Rectores para la colaboración y las alianzas entre los gobiernos subnacionales, gobiernos tribales, pueblos indígenas y comunidades locales, que favorecen la conservación de los bosques, enfrentar la deforestación y el cambio climático y protección de los pueblos indígenas u originarios.

En la reunión se acordó sesionar nuevamente en el mes de febrero de 2019; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

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