Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que las empresas propietarias de siete gasoductos que se encuentran fuera de operación podrían ser demandadas por el gobierno federal.

Entrevistado luego de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reconoció que el primer paso será renegociar las condiciones de los contratos firmados con esas compañías en el sexenio del mandatario Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en caso de que no accedan, se analizaría la posibilidad de tomar una ruta legal. Según explicó, como consecuencia de “contratos leoninos”, la CFE está obligada a pagar cantidades millonarias a las empresas, aun cuando los ductos se encuentren detenidos.

“Lo que dijo el Presidente es muy claro. Él va a invitar a estas empresas, que son harto conocidas, para que inicien una revisión de contratos firmados en el periodo (gobierno) anterior. Si no están de acuerdo, serán demandados”, expresó.

Previamente, el titular de la CFE aseguró que las empresas Carso, IEnova y TransCanada son propietarias de gasoductos que no están en funcionamiento, pero que representan gastos millonarios a la CFE.

Explicó que las compañías se aprovechan de ciertas cláusulas de los contratos para frenar el envío de gas y, de paso, seguir cobrando.

“¿Qué es lo que ocurre? Se firman contratos realmente leoninos, que establecen que los consultores privados tienen que pagar todo el tránsito para la construcción de estos ductos, deben de cubrir lo que tienen que pagar a los propietarios durante el paso de esa construcción”, comentó Bartlett.

“Pero, se establece en ese contrato que cualquier causa de fuerza mayor, que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo”.

Como ejemplo, Bartlett se refirió a la inconformidad registrada en la comunidad Yaqui, en cuyo conflicto también tienen responsabilidad las empresas privadas.

“Firmaron muchos contratos con empresas privadas de Estados Unidos para traer gas. Unos están funcionando y otros no porque han tenido problemas en la construcción: que si el problema de los Yaquis, que si traen empresas internacionales y no está permitido, toda una lista de asuntos sociales”, relató.

“Resulta que cuando se encuentra un caso como este y hay un grupo de comuneros que detiene, no lo resuelven ellos, porque de acuerdo con el principio, quienes deben resolver los problemas de la construcción y cubrir los gastos del derecho de paso que da la CFE ellos tienen que acatarlos. Sin embargo, como es un caso fortuito y de fuerza mayor interpretan que quien tiene que pagar es la CFE”.

El funcionario adelantó que este mismo día iniciará llamadas para contactar a los empresarios con quienes establecerán las negociaciones.

Cuestionado sobre la posibilidad de contactar con el empresario Carlos Slim, propietario de Carso, el titular de la CFE advirtió que se llevarán a cabo reuniones oficiales de trabajo y no conversaciones informales.