El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitir medidas cautelares para frenar la consulta sobre la termoeléctrica La Huexca.

Una comisión de integrantes de la organización acudió ayer a la sede de la CNDH para ratificar la queja que interpuso el jueves en Morelos, en la que plantean la “eliminación” del ejercicio por considerarlo violatorio de derechos humanos.

“Es a todas luces violatorio de derechos humanos (consulta). Demandamos el otorgamiento de medidas cautelares, tanto federales como estatales, que protejan los derechos de manifestación”, se lee en la queja.

El denominado “ejercicio participativo”, que organiza la Secretaría de Gobernación, será realizado los días 23 y 24 de febrero en 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala, donde se instalarán 147 módulos de participación.

Juan Carlos Flores, integrante del Frente, sostuvo en entrevista que el gobierno federal, en coordinación con el estado de Morelos, pretende hacer la consulta en comunidades que no son afectadas y sin proporcionar la debida información a los habitantes.

“Se está violando la Recomendación de la CNDH, la 3/2018, que habla de la necesidad de consultar de manera previa a los pueblos indígenas, por eso pedimos que cualquier medida que tome la CNDH sea lo más pronto posible, antes del viernes.

“Nosotros estamos pidiendo medidas cautelares para que se frente el proceso de consulta, porque además no existe una certeza de seguridad sobre el proyecto”, comentó afuera de la CNDH.

Flores dijo que paralelamente han tramitado amparos a nombre de ocho comunidades con el mismo objetivo: frenar la consulta del próximo fin de semana para decidir sobre la termoeléctrica y el Proyecto Integral Morelos.

“Se tiene que respetar el derecho a la autorrealización de los pueblos, que ya habían decidido que este proyecto no se tenía que construir, entonces pedimos que eso se reconozca”.

El activista dijo que también se oponen al proyecto, entre otras cosas, porque la obra es de mala calidad, está en una zona de riesgo volcánico y sísmico, y porque afecta la vida cotidiana de distintas comunidades.