• SEP administrará plazas y Hacienda la nómina
• Recomienda se reinstale a los maestros cesados y se libere a los profesores y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados

José Luis Montañez

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum dirigido a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dejar sin efecto las medidas de la reforrma educativa vigente.

El mandatario federal detalló que en el documento recomienda que se reinstale a los maestros cesados, se libere a los profesores y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados.

En el memorándum, López Obrador también plantea que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, “que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa”.

El Ejecutivo federal pidió a los maestros del país que lean este documento, mismo que puede ser consultado en la página de Internet lopezobrador.org.mx.

El documento que el mandatario federal dirige a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establece que la reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza.

Entre los cuatro lineamientos que se incluyen destacan el inciso B, que señala: “Mientras el proceso de diálogo no culmine en acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las se haya traducido la aplicación de la mal llamada reforma educativa”.

El memorándum también señala que la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción.

A continuación texto íntegro del memorándum:

 

MEMORÁNDUM

 

A la Secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero

Al Secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán

Al Secretario de Hacienda,
Carlos Manuel Urzúa Macías

 

Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal, no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjuunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional.

Hasta la fecha, no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional; sin embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública.

Así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas:

a) La educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se atendrá a estos principios, en tanto se alcanza el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.

b) Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas, dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa.

c) La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas.

d) La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores.

Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes, a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación, bajo el principio juarista de que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

 

A t e n t a m e n t e

Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

 

 

Memorándum carece de norma
jurídica: constitucionalistas

El memorándum enviado por el Ejecutivo federal para dejar sin efecto la reforma educativa es fácilmente impugnable porque carece de norma jurídica, aseguró el miembro del Colegio Nacional, investigador del Colegio de México y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ramón Cossío.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro expuso en su cuenta de Twitter que el mencionado memorándum emitido por el Presidente de la República “carece de fundamentación y motivación”.

Expuso que no se cita una sola norma jurídica, “es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, aseguró Cossío Díaz.

El jurista refirió que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y debe ser emitido por autoridad competente.

“Va a ser interesante ver el fundamento de esta orden”, subrayó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El profesor en Derecho Constitucionalista por la UNAM, Francisco Burgoa, expuso en su cuenta de esa misma red social, que una de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, que señala el artículo 89-I de la Constitución, consiste en “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

Burgoa dijo en Twitter: “Una de las facultades y obligaciones del Presidente que señala el artículo 89-I de la #Constitución1917, consiste en “promulgar y EJECUTAR las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta OBSERVANCIA”. No hay memorándum que valga”.

Senadores de Morena seguirán proceso legislativo

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó una contraposición entre las medidas administrativas inmediatas que tomará el Ejecutivo federal en uso de sus facultades y atribuciones, con el proceso de consulta y diálogo legislativo que está en curso en las cámaras del Congreso sobre la reforma educativa.

“Las y los senadores de Morena escuchamos y coincidimos con el Presidente en la urgencia de revocar los efectos perniciosos de la reforma educativa”.

No obstante, “el Congreso agotará todas las vías de diálogo y negociación necesarias para tener cuanto antes una legislación que no sólo corrija los errores cometidos, sino que dignifique a cada uno de los actores que intervienen en los procesos educativos: madres y padres de familia, directivos, docentes y, sobre todo, niñas, niños y jóvenes de nuestro país”.

Recordó que se han desarrollado procesos de consulta y diálogo entre docentes, autoridades educativas, padres y madres de familia y legisladores, para diseñar un nuevo marco legislativo que cuente con la mayor legitimidad y consenso posibles.

“Nuestro compromiso es que este proceso siga su curso en las cámaras, donde atenderemos los planteamientos expresados en el memorándum firmado el día de hoy (ayer martes), junto con los formulados por otros actores participantes”.

Agregó que el memorándum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador responde al compromiso de la Cuarta Transformación de priorizar el derecho a la educación de los mexicanos.

Según él, se busca acabar con lo que denominó “régimen de terror” que instauró la reforma educativa impulsada en 2012 por el partido en el poder y sus aliados políticos.

Agregó que cada uno de los servidores públicos que emanan del movimiento encabezado por el titular del Poder Ejecutivo “tenemos muy claro que nuestro deber es la salvaguarda del Estado de derecho y la observancia categórica de la Constitución, y que las reacciones de los opositores sólo pretenden eludir su responsabilidad en el fracaso de sus gobiernos y su política educativa”.

Reiteró que es tiempo de dejar de mirar hacia el pasado y construir los acuerdos que deriven en una reforma que materialice la educación que merecen las y los mexicanos, sin que en ello se comprometan los derechos y libertades del magisterio nacional.

“Nuestra apuesta es por los derechos humanos, por el diálogo, por las instituciones democráticas y por el Estado de derecho. Que no haya duda de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo estarán a la altura de este compromiso”, añadió.