Segunda comunidad en ganar batalla legal
- Se ubica a 160 kilómetros de Chetumal, en los límites con Campeche
El Congreso de Q. Roo, deberá autorizar el presupuesto para que se lleven a cabo las obras necesarias para llevar agua a esta comunidad.
Chetumal.- Guillermo Prieto es una comunidad enclavada en los límites con Campeche, fue creada hace más de 40 años, a 160 kilómetros de la capital de Quintana Roo, y esta semana se convirtió en el segundo poblado del estado en ganar una batalla legal, en su caso a fin de conseguir una orden judicial para tener agua potable, pues el difícil acceso al vital liquido ha puesto en jaque a sus habitantes.
Fue el Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, el que ordenó a las autoridades de Quintana Roo dotar de agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a 700 habitantes de esa localidad, quienes habitualmente tienen que viajar para conseguir el liquido y acarrearlo en cubetas.
Según la sentencia del amparo 1097/2019, presentado ante el Juzgado primero de Distrito con sede en Chetumal, en diciembre pasado, el Congreso de Quintana Roo, cuya Junta de Gobierno y Coordinación Política encabeza actualmente, el verde ecologista Gustavo Miranda García, deberá autorizar el presupuesto, para que se lleven a cabo las obras necesarias para llevar agua a esta comunidad.
Andrés Blanco Cruz, representante legal de los pobladores, comentó: “Los habitantes de Guillermo Prieto llevan muchos años sufriendo por agua potable, la que les proporcionan es insuficiente, por lo que se ven obligados a buscar y acarrear agua en aguadas y jagüeyes”.
Recordó que hace 23 años, la mitad de la población fue dotada de la infraestructura básica para el servicio de agua potable, cuando se construyó un acueducto desde la zona de captación en la alcaldía de Dos Aguadas, no obstante, desde siempre reciben agua únicamente dos veces a la semana, mientras que el resto de la población tiene que salir hacia los jagüeyes en busca del líquido. Afirmó que la situación se complica en época de sequía, porque los pocos que reciben dos veces a la semana, se les suspende totalmente.
De acuerdo con los datos obtenidos, para dotar a la localidad será necesario un acueducto que atravesaría a por lo menos nueve comunidades rurales más, desde una fuente abastecimiento ubicada a aproximadamente 20 kilómetros.
No es un caso aislado en la entidad
Con esta resolución, los habitantes de Guillermo Prieto se convierten en los segundos en ganar un juicio de amparo por el tema de agua potable en Quintana Roo, pues, los primeros fueron los pobladores de San Antonio Soda, donde la CAPA tuvo que invertir más de 50 millones de pesos en la construcción de un acueducto de 16 kilómetros para llevar agua potable.
En ese caso, los habitantes tuvieron que esperar más de 50 años para disponer del líquido en sus viviendas, pues la batalla legal no llegó sino hasta mucho años después de que esta comunidad ya carecía del vital liquido. A esto, hay que sumar que esta población, así como Guillermo Prieto, forman parte de ese conglomerado de poblados rurales cuya pertenencia está en discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un conflicto territorial que data de varios años entre Quintana Roo y Yucatán.
Recordemos que el Poder Legislativo del Estado, a través de su Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 27 pruebas cartográficas relacionadas a la defensa de los límites territoriales de Quintana Roo.
El presidente de la Jugocopo y de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana y Asuntos Fronterizos, Erick Gustavo Miranda García, dijo que el pasado 24 de septiembre acudieron al denominado Punto Put, que es la zona de conflicto territorial entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán. “Representantes del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Quintana Roo acudimos a esta zona de unión entre los 3 estados. también nos acompañó el Comité Cívico pro Defensa de los Límites de Quintana Roo”, dijo.
Derivado de esta visita, se hicieron pruebas cartográficas, geográficas, poblacionales y para recabar otros datos que sirvan para la lucha jurídica del territorio quintanarroense, la cual data de hace más de 20 años. Afirmaron que al estado le asiste la razón histórica, legal y constitucional del territorio en conflicto y se informó que en ese territorio habitan más de 26 mil personas de más de 100 localidades, en su mayoría desamparadas en servicios básicos, obra pública, oportunidades laborales, educación, agua entre otras cosas.
