Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Todas las Constituciones, escritas o no, desde la famosa Bill of Rights inglesa de 1689 se hicieron para defender a los ciudadanos del abuso del poder público. El Estado no puede estar por encima de los derechos y libertades de la población. El freno legal que se impone a la autoridad, tras el pacto social, es una Ley Suprema que tutela las garantías de las personas y sanciona las arbitrariedades o excesos gubernamentales. En México peligra la constitucionalidad.
Grandes juristas y revolucionarios, como constituyentes, elaboraron la Carta Magna de 1917 que hoy rige al país. Fue la primera Constitución en el mundo que, junto con las garantías individuales, incluyó los derechos sociales. Además de esta aportación del derecho mexicano al constitucionalismo universal, el liberal Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero, creadores del juicio de Amparo, inspiraron a las legislaciones del mundo para tener mecanismos protectores de los derechos humanos. La Ley de Amparo, desde el siglo XIX, es una garantía contra las violaciones a las prerrogativas individuales.
A pesar de esta añeja tradición jurídica, los gobiernos posrevolucionarios abusaron de las reformas a nuestra Ley Suprema para adaptarla, no siempre para bien, a las circunstancias que más les convinieron. Nuestro sistema presidencialista utiliza sus facultades discrecionales para formular iniciativas que muchas veces benefician al gobierno y no a la población. Para ello han buscado la connivencia o sumisión del Legislativo, poder supuestamente libre, autónomo e independiente que debiera fijar límites al Ejecutivo. La división de poderes es letra muerta en nuestro país.
En una embestida feroz contra los jueces, el Presidente, por enésima vez, acusa sin pruebas a los impartidores de justicia de estar coludidos con los conservadores, ser corruptos o formar parte de una conspiración contra el gobierno, peor aún, son traidores a la patria, sólo porque cumplen con su deber cuando las acciones de gobierno violentan los derechos ciudadanos. Por falta de experiencia en la administración pública o porque le gana más su deseo de imponer un proyecto político, la Presidencia ha transgredido el Estado de Derecho e incurrido en inconstitucionalidades que se dirimen en la SCJN. Convertido en un suprapoder, el Ejecutivo gobierna por decreto y avasalla derechos de terceros. Los particulares recurren al Amparo para frenar absurdas medidas o proyectos gubernamentales que afectan sus legítimos intereses, con lo cual han despertado la ira de Palacio Nacional. Poco importa que la Constitución fije los límites entre poderes.
Ante la recurrente negativa de los jueces de aceptar los caprichos presidenciales, se ha reiniciado una cacería de brujas contra ellos. La soberbia gubernamental atropella ahora el juicio de Amparo. Con la nueva Ley de la Industria Eléctrica se aplica la máxima del genial cómico y actor Groucho Marx: “Damas y caballeros, estos son mis principios, si no les gustan tengo otros”, aquí es: “Jueces y mexicanos, si no me gusta la Constitución, tengo otra”. La obsesión por lograr su reforma energética hace que pase sobre la Ley Suprema y el Juicio de Amparo, por ello envió a sus fieles lacayos, los legisladores, una iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial. Seguramente, los senadores la aprobarán fast track, con lo que pretenden amedrentar a los jueces independientes si no obedecen las instrucciones presidenciales. Con varios miembros de la Suprema Corte que simpatizan con la 4T, no habrá problema en que el Poder Judicial sea sometido, su presidente tampoco da visos de mucha independencia, sino de sumisión.
Todos los abogados deben hacer un frente común para salvar al Poder Judicial, porque con ello se salva a la Constitución.
