Por la Derecha..!

Luis Ángel García

México y Estados Unidos viven una de las peores crisis migratorias, sólo equiparable a la que ocurrió cuando Donald Trump amenazó con establecer nuevos aranceles a los productos mexicanos si no se frenaban las caravanas de ilegales centroamericanos que buscan el sueño americano y que obligó al cierre de la frontera sur y el despliegue de 27 mil militares para frenar o perseguir a indocumentados.

La historia se repite y la administración Biden, a pesar de haber anunciado una reforma migratoria integral que legalizará a millones de trabajadores, reconoció que su implementación tardará en cristalizar. Mientras tanto, regresó a más de 171 mil migrantes en marzo, la mayor cantidad de expulsados en dos décadas y 18.6 por ciento más que la cifra de mayo del año pasado, cuando Trump amenazó con castigar impositivamente los productos mexicanos.

En este retorno no voluntario de ilegales se encuentran 19 mil niños no acompañados y 99 mil adultos solteros. La Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de EUA (CBP) reconoce el hacinamiento que hay en sus centros de procesamiento, incluidos los de menores no acompañados, por lo que la cifra récord de detenidos y enviados a nuestro país crea un grave problema para la administración federal y los gobiernos fronterizos. De golpe y porrazo México tuvo que aceptar a los deportados, malamente así clasificados por los norteamericanos, ya que no los regresan a sus países de origen. Actualmente, muchos migrantes viven en las calles de las ciudades fronterizas ante el colapso de refugios gubernamentales, de asociaciones civiles, religiosas o de ONG.

Los más de 171 mil centroamericanos y mexicanos rechazados por autoridades norteamericanas en marzo representan un incremento del 178 por ciento respecto de las detenciones efectuadas en febrero. Se han efectuado cerca de medio millón de deportaciones de octubre a la fecha.

Para los gringos representa un gran problema económico, laboral y social atender la demanda de migrantes, y por ello hicieron un llamado a los aspirantes a cruzar la frontera a no hacerlo a mediano plazo e incluso alertaron sobre los riesgos que corren por la violencia que generan los grupos delincuenciales de narcotraficantes y de tratantes de personas.

Por la inseguridad y violencia que predomina en Centroamérica y el Caribe y ante el fracaso en su intento por conseguir el sueño americano, muchos migrantes han decidido solicitar asilo en nuestro país. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió en este trimestre 22 mil 606 solicitudes de asilo, lo que representa un incremento de más del 30 por ciento respecto de 2019.

México y Estados Unidos mantienen una política migratoria equivocada y no han entendido que el tema es multifactorial y no se resuelve con policías y militares. Tampoco es, como pretende nuestro gobierno, que la Casa Blanca financie en Centroamérica estrategias al estilo “jóvenes construyendo el futuro” o “sembrando vida”. Estos programas clientelares no resuelven los graves problemas estructurales de los países vecinos. Los gobiernos locales deben atender los rezagos que mantienen la miseria, el desempleo, la mala educación y la falta de oportunidades con políticas públicas de largo alcance que resuelvan el subdesarrollo y no simular la pobreza con dádivas como medida de control político.

Deberíamos ser más candil de la casa y no de la calle. Es una vergüenza nacional que millones de compatriotas busquen trabajo y mejores condiciones de vida en la Unión Americana porque no encuentran aquí las oportunidades para tener acceso a una vida digna. Para el gobierno es muy cómodo exportar mano de obra y no preocuparse por atraer inversiones, ampliar la planta productiva, generar nuevos empleos y olvidarse de la errónea idea de que es mejor atenerse a las remesas que envían los migrantes, porque ese dinero no entra a la hacienda pública ni puede el gobierno hacer uso de esos dineros. La migración no es una actividad económica y debemos frenarla. La crisis puede estallarle en las manos a ambos gobiernos.