Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La Ciudad de México registra la mayor incidencia en violencia familiar y agresiones sexuales en todo el país. Según el Observatorio Nacional Ciudadano cada cuatro horas se abre una carpeta de investigación en la Fiscalía local por violencia familiar o de género, lo que representa un aumento del 12 por ciento, respecto del año anterior. Y no se ve una política oficial de prevención que pueda frenar estos delitos de alto impacto social.

A pesar de que la organización no gubernamental reconoce una disminución en 13 de los 16 ilícitos más comunes, la capital de la república sigue en los primeros lugares del ranking nacional, sobre todo en robo a negocios, a transeúntes y en transporte público, y con un nada honroso segundo lugar en violencia familiar y violaciones.

Los casos reportados por violencia intramuros y agresiones sexuales contra mujeres han registrado un aumento de casi el 12 por ciento respecto de las ocurridas en todo el 2020.

Las cifras del primer trimestre de 2021 son las más altas desde que se lleva una estadística. Las 489 carpetas de investigación que se abrieron de enero a marzo por violación son muy superiores a las 305 registradas en 2017, que había sido el año más violento hasta ahora.

El peor panorama delictivo que vivimos los chilangos desde hace 20 años demuestra que no hay una política de prevención de estas conductas antisociales, las cuales se vieron afectadas por el confinamiento obligatorio a que fue sometida la población por la pandemia. El estrés, la angustia, la depresión y la agresividad previsibles que iban a experimentar las familias no sólo no tuvieron una atención médica o psicológica, sino que las autoridades de seguridad tampoco establecieron una estrategia eficaz para prevenir las conductas violentas en contra de las mujeres y los menores.

La realidad delictiva que vivimos todos los días es más que la frialdad de los números, es una tragedia social que afecta a miles de familias mexicanas. La violencia sólo es expresión de una pérdida de valores, de la ruptura del pacto social y la necesidad de construir nuevos consensos.

La violencia es consustancial al ser humano desde tiempos bíblicos, pero se ha agudizado por las normas de conducta en la vida contemporánea. Los tiempos modernos han deshumanizado a los ciudadanos de la calle que se ven influidos por los medios de comunicación y la apología del delito que se hace con la vida “exitosa” de los criminales. El Coronavirus comprobó que ya no podemos vivir en familia, cuya desintegración es cada día más evidente. Tampoco las nuevas normas de conducta post pandémicas ayudan a un sano desarrollo individual ni a la necesaria sociabilización.

Ciudadanía y gobierno deben buscar un nuevo pacto social que limite la violencia intramuros y en las calles, no sólo con medidas de prevención, sino de represión de las conductas antisociales. El crimen organizado ha influido mucho en exacerbar la irritación y la violencia contra las mujeres, pero sólo si el gobierno asume su responsabilidad de que es el único que puede ejercer el uso legítimo de la fuerza, se podrá desactivar la violencia que generan los grupos delictivos y si no se hace apología del delito, disminuirán considerablemente los ataques contra niños y mujeres. Las autoridades tienen la palabra.