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Autoriza tribunal extradición del capo Rafael Caro Quintero

 

Durante 35 años, Estados Unidos ha intentado detenerlo

 

  • Es buscado para que cumpla con los 12 años de prisión que le restan de sentencia

 

Durante 35 años, EU ha intentado detener a Rafael Caro Quintero para que sea juzgado por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

 

El capo Rafael Caro Quintero sí puede ser extraditado a Estados Unidos, dictaminó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, por lo que rechazó amparar al delincuente que hoy está prófugo de la justicia.

El gobierno estadunidense ha intentado durante 35 años detener al narcotraficante por todos los medios para que sea juzgado por la muerte de Enrique Camarena Salazar, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien es visto como uno de los líderes de una facción del cártel de Sinaloa, donde están involucrados familiares.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó negar, de manera definitiva, la protección de la justicia al “narco” que formó parte del cártel de Guadalajara, que lideró Miguel Ángel Félix Gallardo.

Caro Quintero alegó que no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito, porque en nuestro país recibió una sentencia de 40 años de prisión (de los cuales sólo ha cumplido con 28) por el homicidio del agente norteamericano, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, crímenes cometidos en 1985, así como de otros actos ilícitos.

La sentencia del Tribunal Colegiado dictamina:“El hecho mismo de que se estuviera en el hipotético escenario de que por ciertos delitos pudiera haber sido en efecto ya enjuiciado aquí en México no impide que eventualmente se acceda a su extradición por aquellos que están fuera de ese enjuiciamiento, y ello sería también razón suficiente para que la orden de detención provisional no transgreda sus derechos fundamentales.

“Es decir, la existencia de diversos delitos en el reclamo de su extradición sería suficiente para justificar que se libre el mandato judicial reclamado en este juicio de amparo”.

Los magistrados señalaron que no se dispone de las constancias que permitan conocer, exactamente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de cada uno de los cargos que le atribuye Estados Unidos.

“Es inevitable concluir que no hay elementos para analizar a detalle y menos, estar en condiciones de decidir si los hechos que motivan la detención provisional solicitada por la nación estadounidense ya fueron juzgados en este país”, menciona el fallo.

Los magistrados subrayaron que con los datos que hasta este momento se tienen, no es manifiesta la violación constitucional que Caro Quintero hizo valer, “pues no basta la sola afirmación de la parte interesada en que se determine de esa manera, sino que necesariamente es materia de prueba que invariablemente así lo acredite”.

“Y en el caso, aunque pudiera haberla sobre los hechos ya juzgados por las autoridades mexicanas (relacionadas con el homicidio de dos personas), no las hay respecto de los que intenta juzgar el Estado que reclama al quejoso en extradición porque todavía no se está en la fase de que se descubran las circunstancias específicas de los hechos por los que se pretende su extradición; y la lista de cargos que se enuncian en la solicitud de detención provisional lejos de demostrar la requerida identidad aporta indicios de que hay diversidad de hechos, entre ellos algunos derivados de delitos aquí conocidos como contra la salud”, apuntaron.

Rafael Caro Quintero consiguió su libertad porque en 2013 obtuvo un amparo, sentencia que provocó el enojo de los norteamericanos que presionaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dependencia que llevó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ese mismo año, la Primera Sala de la Corte revocó el fallo y ordenó al Tribunal que lo amparó volverse a pronunciar.

En enero de 2015 el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, declaró nuevamente penalmente responsable a Rafael Caro y Ernesto Fonseca, “Don Neto”, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, en agravio del agente de la DEA y del piloto mexicano y ordenó su reaprehensión para que cumpla con los 12 años de prisión que le restan de sentencia, pero no se ha logrado localizarlo.

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