Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Desde hace tiempo, la justicia se ha politizado en México, por ello como decía un procurador, “se aplica la ley, pero no se hace justicia”. En la primera mitad del siglo XX las reyertas políticas se solucionaban a balazos y los enemigos del régimen eran víctimas de los asesinatos de Estado, como sucedió con el general Serrano. A finales de esa centuria se utilizó a la justicia para las venganzas de los nuevos grupos en el poder. Con la ley en la mano se metió a la cárcel a los opositores, sin darles derecho a un juicio justo. Este sexenio no es la excepción.
Desde la época de Miguel de la Madrid se utilizó la renovación moral para enviar a prisión a los emisarios del pasado y restarles influencia a los ex presidentes, tenerlos quietos y enfriar sus ansias de orquestar un Maximato como el que ostentó Plutarco Elías Calles. Para acabar con esas tentaciones, otros gobiernos optaron por el exilio dorado para los ex mandatarios o las Comisiones especiales. Pero para los cercanos a ellos se recurrió no a la gracia, sino a la estricta aplicación de la ley. El propio AMLO sufrió en carne propia el efecto del aparato de justicia facciosa con su desafuero, práctica que ahora aplica con sus adversarios.
En este sexenio se han dado casos como el de Rosario Robles, presa desde hace dos años por un delito menor -mal uso del servicio público-, porque no le han comprobado su participación en la “estafa maestra”; por cierto, investigación periodística no trabajo ministerial. Otro caso raro es el de Emilio Lozoya, quien ya cumplió un año sin pisar el reclusorio y negociando la entrega de ex funcionarios a cambio de librar el proceso, una retorcida versión del “testigo protegido”. En estos eventos se busca más el efecto mediático que la aplicación de la justicia. Se pretende utilizar a esos personajes para exhibir la corrupción política del pasado, pero sin la intención real de castigar las conductas ilícitas. Se prefiere someter al escarnio público a los presuntos y mantener vivo el juicio popular contra los expresidentes. Un circo romano.
Pero esta práctica de la política mexicana ha provocado el desgaste de la procuración y administración de la justicia. No solo en estos casos de conveniencia gubernamental, sino en los reclamos justicieros del ciudadano de la calle, que ve en el ministerio público y en los jueces no al representante social o al impartidor de justicia, sino a un burócrata que obedece a la gente que tiene dinero o influencias, aunque no tenga la razón o le asista el derecho. Por eso se escuchan los reclamos de “para que denunciar, ¡es pérdida de tiempo!, “no voy a ganar, ya se vendieron”, “nada puedo hacer contra el poderoso”. Eso es con el ciudadano común que ya perdió la confianza en las instituciones y en la justicia misma.
Lo mismo sucede con los casos de corrupción de esta administración, a los amigos y familiares gracia, a los enemigos la aplicación de la ley. Esta estrategia política ha provocado una crisis en el poder judicial que afecta también los contrapesos de todo régimen democrático. Habrá que construir un nuevo consenso social que evite la utilización de la justicia con fines políticos. Recordemos la lección que dio el molinero para defender su propiedad contra los excesos de Federico El Grande que pretendió expropiar el molino y tuvo que aceptar la orden judicial que le presentó el afectado. La resolución se acató y prevalece la frase “todavía quedan jueces honestos en Berlín”, utilizada hasta la fecha para recordar la autonomía e independencia del poder Judicial sobre el Ejecutivo y la defensa del débil ante los abusos de poder.
Que en México sigamos esa máxima y ya no se utilice la justicia con fines políticos o para venganzas personales.
