Por la Derecha..!
Luis Ángel García
La organización civil Impunidad Cero revela el alto grado de descomposición del sistema de justicia en nuestra sociedad, donde no sólo se trata de la falta de aprehensiones y penas punitivas para los responsables de un delito, sino la irresponsabilidad política y administrativa que provoca también muertes o daños patrimoniales a la comunidad. La impunidad también se da en catástrofes naturales que por negligencia de las autoridades crean zonas de desastre ante la falta de medidas de prevención y protección civil o por la corrupción encubierta de funcionarios, como en el caso de la vacunación o la tragedia en el Metro.
En el campo penal, sabemos que ha fracasado cualquier programa de seguridad y justicia, por lo que el porcentaje de impunidad es entre el 96 y 98 por ciento, es decir, por cada cien ilícitos que se denuncian, sólo en dos o cuatro casos se consignan a los presuntos responsable, pero no todos son condenados por el juez. Hay mucha burocracia y corrupción en las policías, Ministerios Públicos y jueces. Eso desalienta la denuncia ciudadana o de las víctimas, lo que incrementa la cifra negra de los delitos.
La impunidad es uno de los grandes problemas nacionales, fuente de corrupción y aliciente para el aumento de la violencia en general, especialmente la de género, y sobre todo en la supervisión y sanciones para funcionarios responsables de los deficientes servicios públicos. La falta de un programa de salud pública para atender la pandemia ha obligado a padres de familia a demandar la inoculación para sus hijos menores. Los sismos e inundaciones por ciclones exhibieron la ausencia de controles sobre las obras públicas, la falta de un plan eficiente de prevención y protección civil y nunca se sanciona a los burócratas responsables, sobre todo de alto nivel, ya que siempre se responsabiliza a trabajadores.
Durante el temblor de 2017, unidades habitacionales, edificios, fábricas y el Colegio Rébsamen colapsaron. A la fecha, los afectados exigen justicia no sólo para recuperar su patrimonio o la indemnización para los deudos, reclaman se sancione a los funcionarios responsables de los permisos o las obras. Caso especial es el de la escuela, donde la dueña purga una sentencia que le impedirá salir con vida de la cárcel o del arquitecto de la obra consignado, pero nadie culpa a los servidores públicos de la alcaldía -por cierto, donde fue titular y vive la jefa de Gobierno-, que otorgaron los permisos de construcción y uso de suelo.
Lo mismo sucede con la tragedia por corrupción y negligencia criminal en la Línea 12 del Metro, donde perdieron la vida 26 inocentes por culpa de burócratas que precipitaron la puesta en marcha de la obra, sin supervisar la entrega y otros por falta de mantenimiento en una mal entendida austeridad “republicana”. La empresa nórdica que hizo el peritaje ha complicado más las cosas, porque no define a todos los culpables y omite deslindar responsabilidades políticas. Finalmente, producto de complicidades ocultas entre el gobierno y los empresarios, las compañías constructoras “aceptaron” reparar el siniestro sin responsabilidad penal. Una vez más la impunidad campea.
Desde el año pasado, consecuencia de la temporada de huracanes, Tabasco vivió una tragedia por las inundaciones en los municipios cercanos a la construcción de la refinería de Dos Bocas, donde por decisión de la máxima autoridad política del país se optó por inundar las paupérrimas comunidades que rodean la faraónica e inútil obra insignia de este sexenio antes de ponerla en riesgo.
Ocurrió lo mismo con el desbordamiento del río Tula, donde por negligencia del IMSS murieron 16 pacientes en un hospital donde esperaban recuperar la salud y no perder la vida, o la presa en Tequisquiapan que anegó no sólo el municipio, sino también se perdieron cosechas. En todos los casos un denominador común, la negación oficial para reconocer un desastre y la ayuda mediocre y tardía a las víctimas. Eso también fomenta la impunidad, mal endémico de nuestros tiempos.
