Por la Derecha..!
Luis Ángel García
En México, la impunidad delictiva es del 95 por ciento. La probabilidad de que un criminal sea detenido es de sólo el cinco por ciento, que sea consignado es del tres por ciento y que alcance sentencia es menor al dos por ciento. Delinquir es una actividad poco castigada, no sólo por la baja eficiencia policial, sino porque el nuevo marco legal ha facilitado “la puerta giratoria”, es decir, mal integradas carpetas de investigación permiten salir con mucha facilidad a los delincuentes. Y, sin embargo, los penales están sobrepoblados.
No es un misterio que atravesamos por una de las peores crisis de seguridad, con más de cien mil homicidios en tres años, una incidencia de ilícitos de alto impacto al alza como los feminicidios, la violación, el secuestro, el robo en el transporte público. Ante ese panorama, está la ausencia de una eficiente política pública de seguridad que restablezca la paz y tranquilidad social. El crimen organizado se ha empoderado y los cuerpos del orden son incapaces de frenar la delincuencia. Por ello es muy baja la productividad policiaca y son pocos los verdaderos delincuentes que pisan la cárcel, además de lo laxo del nuevo sistema penal que suelta a los infractores y propicia la reincidencia.
Pero, por otro lado, se ha abusado de la figura de la prisión preventiva oficiosa, la cual se usa de manera discrecional por parte de las fiscalías, más con fines políticos y de persecución fiscal que para evitar que no se den a la fuga los presuntos criminales. En el nuevo sistema penal acusatorio, la prisión preventiva oficiosa vino a suplir el ilegal arraigo que hacía el ministerio público para declarar, recabar pruebas o evidencias contra el imputado e integrar la averiguación previa hasta por meses. Con la nueva disposición legal, por la mera presunción, el detenido ya no es enviado a una casa de arraigo, sino directamente a un penal a disposición de un juez que, sin proceso de por medio, otorga hasta por un año la oportunidad a la representación social para que integre el expediente, mientras el imputado es privado de su libertad.
La prisión oficiosa es muy recurrente por las autoridades hacendarias o fiscales para intimidar a presuntos deudores, defraudadores y ahora a factureros. Empresarios, grandes y pequeños, buscan la negociación y los pagos inmediatos para regularizarse y evitar el reclusorio. Hasta el momento, le había funcionado la medida al gobierno, no solo para temas tributarios o de malas prácticas mercantiles, también para cumplir venganzas políticas, poner ejemplos e infundir miedo.
Tal es el caso de la ex secretaria Rosario Robles o el ex legislador panista Jorge Luis Lavalle. Ambos cayeron en la falsa promesa del presidente: “Quien nada debe, nada teme” y los invitaba a declarar en los juzgados, de donde ya no salían. La ex jefa de Gobierno lleva más de dos años en Santa Martha por un delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa, pudiera llevar su proceso en libertad.
Así se las gasta el nuevo sistema político de la 4T, el que supuestamente no es rencoroso ni vengativo, tiene muy buena memoria y no olvida afrentas.
Bien por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa para presuntos responsables de delitos fiscales, defraudadores y factureros. Como dice el ministro presidente del máximo tribunal, la prisión debe ser la excepción y no la regla, además de acotar que esa medida solo afecta a los más pobres, que tienen que defenderse desde adentro, con lo que se violan sus derechos y la presunción de inocencia, ya que sin sentencia ni juicio son privados de la libertad. Nuevo revés a la 4T.
